La Audiencia Nacional absuelve a los 18 imputados

El tribunal presidido por Fernando Bermúdez de la Fuente estimó que en la relación comercial establecida entre las partes acusadas "no se observa el menor dato que permita deducir algún tipo de acutación delictiva", según detalla la sentencia.

La misma ordena también que "el juzgado competente" depure las resonsabilidades penales del principal procesado, excluido de la causa el segundo día del juicio, el ex subsecretario de Agricultura y ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca Fernández Valencia, acusado de un presunto delito de tráfico de influencias, "al haberse apreciado por el Tribunal la falta de conexion delictiva con respecto a los demás acusados", detalla el documento.

El dictámen absuelve a las acusaciones ejercidas por las comunidades autónomas del pago de las costas del proceso a pesar de haber encontrado el juez actuaciones y comportamientos "perfectamente acreditados" para ello. Como "ninguna de las defensas de los acusados" lo solicitó en su escrito de calificacion defintivia, las costas quedan "de oficio", según la sentencia.

La acusación pedía penas de entre 7 meses y 3 años de prisión y multas de entre 6.000 y 191.000 euros a los 18 agricultores y responsables de empresas trnsformadores de lino acusados por dicho fraude. La acusación estaba ntegrada por el Ministerio Fiscal, la Comunidades Autónomas de Castilla-la Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Comunidades Europeas.

La sentencia declara que "no han quedado, en absoluto, acreditados en la larga investigación" la existencia de acuerdos o convenios entre los productores y las transformadoras de lino para hacer coincidir los datos de las cosechas con la finalidad de tratar de percibir las subvenciones de la Unión Europea. Las diferencias de datos entre los facilitados por los agricultores en la declaración de siempre y los de las inspecciones periódicas de la Adminstración hizo sospechar de la existencia de estos acuerdos.

También queda probado, según la sentencia, que durante la campaña 1997/98 y como consecuencia de las fuertes subvenciones que la Unión Europea estableció para el cultivo del lino "hubo una gran cantidad de agricutlores que decidieron cambiar sus tradicionales cultivos de cereales" y algunos de los suministradores de semillas, con la finalidad de poder optar a las ayudas, decidieron "convertirse en transformadoreas de la varilla o no". El dictámen explica que las administraciones autonómicas "no llevaron a cabo el control de la cosecha", lo que hubiera podido determinar el resultado exacto de la siembra y el posible fraude. Por el contrario, éstas establecieron un control continuado de las relaciones entre los agricultores y las transformadoras basado en la declaración de siembra por parte del agricultor y un control de campo sobre los cultivos que se hacía de forma aleatoria.

Absueltos

Con esta sentencia quedan absueltos los empresarios que operaban en Castilla-la Mancha, responsables de la empresa Colino, Enrique Ruiz Paz y su hermano Gonzalo. Los propietarios de Colisur 2000 S.L. Antonio Muñoz Martínez y Eugenio  Alabarces Muñoz y su abogado Enrique Ayala Martínbez. Así como los adminstradores de Celitex, Manuel y Santiago Rojo Rojo.

Reacciones

El coordinador del grupo de parlamentarios nacionaldel PSOE de Castilla-la Mancha, Alejandro Alonso, que fue consejero de Agricultura y Medio Ambiente en la época del caso del "lino", señaló que el gobierno regional se siente "satisfecho de haber hecho lo correcto en su momento", denunciar una situación "absolutamente irregular" por lo que "estamos con la conciencia tranquila", dijo.

Por su parte, la portavoz regional del Partido Popular, Carmen Riolobos, reiteró que "nosotros tenemos claro que el Gobierno regional tenía las competencias en materia de inspección, autorización, evaluación y vigilancia del lino y resto de alimentos que están dentro de la Política Agraria Común (PAC)". Continuó Riolobos "cualquier irregularidad en materia administrativa es responsabilidad última del Gobierno regional. Nosotros sabemos que lo hacen mal, porque tienen una adminsitración absolutamente burocratizada", puntualizó.