Colisur culpa a Bono y a Garzón de causarles daños morales y económicos

Antonio Muñoz ofreció una rueda de prensa, junto a los representantes jurídicos de la empresa transformadora, radicada en Picón (Ciudad Real), acusó a ambos de formar un binomio que, con la unión del poder político y el judicial, "puede ocurrir cualquier cosa, inventan, destruyen y son capaces de asesinar moralmente a cualquier persona", dijo.

Cuatro días después de que se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a los 18 procesados por el caso, Muñoz consideró que lo ocurrido, hace ahora ocho años, sólo tenía un objetivo electoral, centrándose los ataques en la persona del ciudadrealeño Nicolás lópez de Coca, entonces presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA).

En este sentido, Muñoz recordó que López de Coca fue el primero al que la Audiencia Nacional declaró inocente, pese a las "mentiras" que sobre él se lanzaron por "Bono y sus acólitos", declaró.

El gerente de Colisur 2000 se refirió al perjuicio económico que padecieron, ya que levantar la empresa supuesto una inversión de más de un millón de euros, a lo que hay que agregar la maquinaria, casi 80.000 euros, y sólo pudieron estar trabajando durante tres meses, dado que se les retiró la licencia por parte del Gobierno regional.

Muñoz y uno de los representantes legales deColisur 2000, el abogado José Luis López de Sancho, apuntaron la intención de pedir un "resarcimiento económico, una vez que la sentencia sea firme". En su opinión, la sentencia de la Audiencia Nacional es una de las más duras contra la Administración y destacó que en la misma se reconoce que la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha actuó de manera "obsesiva, negativa" en el caso y que no defendió los intereses generales.

Con respecto a Colisur 2000, el abogado recordó que están pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Castila-la Mancha el recurso contra el cierre de la empresa y, en los juzgados de Ciudad Real, la querella que presentaron contra tres funcionarios de la Delegacón de la Consejería de Agricultura por supuesto delito de falsedad y alteración de actas.

El PP pide la convocatoria de la Diputacón Permanente de las Cortes

El Grupo Parlamentario Popular solicitó el miércoles la convocatoria urgente de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla-la Mancha con motivo de la recién publicada sentencia dictada por la Audiencia Nacional que absolvió a los 18 agricultores y empresarios imputados por el conocido como "fraude del lino", para que se restituya el "buen nombre de la región y de Europa". Fue Leandro Esteban, secretario segundo de la Mesa de las Cortes, quien recordó que el 20 de mayo de 1999 se aprobaba en el Parlamento regional una resolución con los votos a favor del PSOE en la que "se hacía imputaciones a personas, a las que se insultó y se agredió su honra".

A juicio de Esteban, las Cortes deben restituir el "buen nombre de las personas agredidas y humilladas de manera injusta y arbitraria para intentar ganar unas elecciones, poniendo el nombre de la regón en boca de otros países". El Grupo Popular exigirá la reposición económica de los daños sufridos por el sector y las personas que dejaron de percibir unos ingresos que hoy se reconocen "justos" y además pidió al Gobierno regional que informe sobre las pérdidas que se han ocasionado como consecuencia de la desaparición de un cultivo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista , José Molina, indicó hoy que el PP debería "ser más serio", ya que si quiere hacer una reunión debe hacerlo "conforme al Reglamento" y esta petición no se ajusta a un texto que el secretario segundo de la Mesa, Leandro Esteban conoce "perfectamente", por lo que se hace porque "seguramente" no quiere que se convoque.

Molina afirmó que "parece que es una especie de farsa que se quiere seguir montando con este asunto", porque si hoy se sigue hablando del tema es porque una ex ministra de Agricultura del PP, Loyola de Palacio, presentó la demanda ante la Audiencia Nacional.

Recalcó además que los castellanomanchegos y españoles saben que había "fraude generalizado que finalmente fue desmontado" y así lo estableció la Oficina de la Lucha contra el fraude de la Unión Europea que sancionó a España con la devolución de 135 millones de euros cobrados indebidamente, vía adminsitrativa que había iniciado el Gobierno regional, y fue el gobierno central quien decidió ir por la vía penal.