Pequeña narración histórica de la autonomia de Cantabria (y II)

Dos excepciones: el Gobierno de gestión integrado por todos los partidos presentes en el Parlamento que presidió Jaime Blanco (1990-91) y la actual etapa con la coalición de regionalistas y socialistas. Establecido lo cual estarán conmigo que, al menos en porcentaje, y para bien o para mal, la historia de la autonomía regional está casi monopolizada por la derecha. Precisamente aquella que ni creyó en la autonomía ni en la España de la regiones y nacionalidades que estableció la Constitución de 1978.

El primer capitulo de la historia de la autonomía de Cantabria ya se escribió con abundantes borrones. El intento de UCD de colocar al frente del Gobierno regional a Justo de las Cuevas, el líder regional de la formación pero incurso en denuncias sobre el vaciamiento patrimonial de la Caja Rural, rompió al partido centrista y provocó la creación de una alianza de los disidentes centristas con socialistas y regionalistas. Dos militantes críticos de UCD fueron elegidos en febrero de 1982 para dirigir la fase provisional de Gobierno autónomo: Isaac Aja Muela, presidente de la Asamblea Regional (hoy Parlamento) y José Antonio Rodríguez Martínez, designado por mayoría primer presidente del Gobierno provisional de Cantabria.

Fue un Gobierno estable, de alta cualificación profesional en casi todos sus integrantes, que aguantó bien con un apoyo parlamentario diverso hasta que el oportunismo electoral hizo su aparición en los primeros meses de 1983. Mientras tanto se había producido la mayoría absoluta del PSOE de Felipe González en las legislativas del 28 de octubre de 1982, que vino acompañada de la practica desaparición de UCD, cuyo espacio político se repartieron entre la Alianza Popular (hoy Partido Popular) de Manuel Fraga y el Partido Demócrata Popular, de tendencia democristiana, de Oscar Alzaga.

El fichaje por el PSOE del consejero de Trabajo, Santiago Pérez Obregón, para liderar la candidatura municipal en Santander no sentó nada bien al presidente Rodríguez Martínez, que, sin embargo, ya había optado por encabezar como independiente la lista de la coalición derechista formada por AP, PDP y Unión Liberal. El cese de Pérez Obregón motivó la salida del Gobierno de otros consejeros que o militaban en el PSOE o simpatizaban con dicho partido, caso de Tomás Fernández, consejero de Obras Públicas o Enrique Ambrosio Orizaola, consejero de Industria.

Las elecciones regionales de mayo de 1983 dieron la victoria por mayoría absoluta --primera y única que se produce en Cantabria, aunque entonces se elegían 35 diputados y en todas las citas posteriores a las urnas el número de escaños fue de 39-- a la coalición de derechas y Rodríguez Martínez resultó reelegido presidente de Cantabria. Un militante de AP, de pasado castellanista, Guillermo Gómez Martínez Conde, ocupó la presidencia de la cámara legislativa. Los enfrentamientos en el seno de la derecha gobernante y las presiones al independiente presidente culminarían con la dimisión de Rodríguez Martínez a principios de 1984. Unos pocos meses antes había cesado al consejero de Obras Públicas y militante del AP, Francisco Ignacio de Cáceres, lo que en Alianza Popular fue considerado una declaración de guerra.

Pero la sustitución de Rodríguez Martínez al frente de la presidencia regional no unió a la derecha, sino que la fracturó todavía más. El presidente de AP, José Mateo Rodríguez, se negó a aceptar la candidatura a la presidencia de José Luis Vallines, apoyada por el grupo parlamentario y por la mayor parte de la dirección del partido. Utilizando informaciones periodísticas sobre supuestas practicas antisindicales en una de las empresas de Vallines, ‘Cuquis’ Mateo sacó adelante la candidatura de Ángel Díaz de Entresotos, otro notorio castellanista. De la debilidad de AP, de cuyo grupo parlamentario se pasaron al Mixto Vallines, Roberto Bedoya, Federico Santamaría y Puchi Alonso, sacó partido el PDP, socio de coalición, colocando de vicepresidente del Gobierno a Ambrosio Calzada, el alcalde de Cabezón de la Sal que lanzó la iniciativa para alcanzar la autonomía.

La desaparición del PDP, pasando la mayor parte de sus militantes a formar parte de AP, hizo que en 1987 la derecha se presentara en estado puro a las elecciones autonómicas. Buscando una opción ganadora lapidó a Díaz de Entresotos, y fichó a Juan Hormaechea, alcalde de Santander por UCD, elegido en 1979 tras comprar la voluntad de un concejal regionalista, y que cuatro años después obtuvo mayoría absoluta en la corporación municipal de la capital de Cantabria. Pero el independiente Hormaechea, que había garantizado mayoría absoluta, fracaso en el intento. Ganó, pero la oposición, con socialistas, regionalistas y centristas le superaban en escaños.

Hormaechea, no acostumbrado a gobernar en minoría ni a compartir poder, tomó dos decisiones que, a la postre, conducirían a nuestra Comunidad Autónoma a la quiebra económica y al descrédito político. La primera fue convertir a los consejeros en meros concejales, sin poder para actuar en sus distintos campos de actuación y responsabilidad, subordinados siempre a las ordenes del jefe. Esa forma de actuar les llevó, años después, a tenerse que sentar en el banquillo de los acusados por cumplir determinadas ordenes ilegales. La otra decisión adoptada por Hormaechea para garantizar la gobernabilidad --otros piensan que para asegurarse la impunidad parlamentaria para hacer y deshacer a su antojo-- fue la ‘compra’ de diputados del PRC. Le faltaba uno para la mayoría –tenía 19 escaños-- y fichó a dos: el médico Ricardo Conde Yagüe, al que convirtió de la noche a la mañana en consejero de Sanidad y a Esteban Solana, al que le pagó un sueldo como asesor. Tiempo después, y ante la posibilidad de perder la presidencia del Parlamento, del que había sido desalojado el regionalista Eduardo Obregón, compró otro voto. Todos los indicios apuntaron entonces a un diputado socialista, Antonio Lombardo, que poco después se convirtiría en aparejador de cámara en las faraónicas obras de Cabárceno.

Pero el presidente electo con el apoyo de la derecha, que para entonces ya había cambiado de marca y pasó de denominarse AP a ser el Partido Popular, se volvió incontrolable. Tras un vergonzoso cierre de filas a su favor en la polémica que le enfrentó a la diputada nacional por Cantabria, la dirigente el PP, Isabel Tocino, los populares no tuvieron más remedio que desprenderse de Hormaechea. La disculpa fueron los ataques personales a José María Aznar en una noche de vino y pocas rosas. La moción de censura, avalada por un sector del PP –varios destacados militantes de este partido se escindieron para formar la Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA) bajo el liderazgo del presidente censurado-- contó con el apoyo del PRC, CDS y PSOE, cuyo secretario general, Jaime Blanco, se convirtió en presidente en diciembre de 1990.

El Gobierno de gestión intentó poner orden en las quebrantada económica regional, pagar a los acreedores y acabar con personalismos innecesarios. Funcionó relativamente bien, pero lastrado por dos circunstancias: la cercanía de las elecciones y su composición multipartista. Su principal objetivo, que pasaba por sacar de la política regional a Hormaechea, se saldó con un rotundo fracaso. El PSOE fue el partido más votado, con 16 escaños, pero el nuevo partido fundado por Hormaechea quedaba en segundo lugar con 15 diputados. El PP se hundía en seis diputados --en las anteriores elecciones había obtenido 19-- mientras que el PRC perdía tres escaños, reduciendo su representación de cinco a dos diputados. El PP, que había renegado de Hormaechea, le dio otro oportunidad, muñida por el otrora partidario de la anexión de Cantabria a Castilla-León Rodolfo Martín Villa.

Hormaechea no logró, sin embargo, regresar al ayuntamiento de Santander, que era su propuesta inicial, dejando el Gobierno de Cantabria, y las deudas, para el PP. El PSOE, que dirigido por Blanco dio por hecho que contanco con 16 diputados y en la creencia firme de la imposibilidad de que Hormaechea se uniera de nuevo con el PP, se negó a aceptar la oferta del líder de la UPCA para compartir poder. Los socialistas quedaron finalmente relegados a la oposición. El procesamiento y condena de Hormaechea y gran parte de su Consejo de Gobierno la nueva ruptura de la derecha, los intentos de mociones de censura, con un Blanco que al fin comprendió que su supervivencia política estaba directamente relacionada con el regreso a la presidencia, marcaron una tercera legislatura de infarto. Como dato anecdótico señalar que en 1995, cuando se anunciaron las siguientes elecciones, Hormaechea era presidente con el apoyo de seis de los 39 diputados de la cámara, todos ellos en el Grupo Mixto.

La derecha representada por el PP ganó, alcanzando la minoría mayoritaria, las elecciones de 1995, después de que una decisión de los tribunales de última hora sacase a Hormaechea de la liza electoral la noche antes de que los cántabros acudieran a las urnas. Los populares recurrieron al PRC, formando gobierno con Miguel Ángel Revilla, el líder regionalista, que fue nombrado vicepresidente y consejero de Obras Públicas en el primer gabinete presidido por José Joaquín Martínez Sieso. De aquel acuerdo, que dio estabilidad al Gobierno de Cantabria, algo imprescindible tras los avatares anteriores, sacó partido en 1999 una de las dos fuerzas políticas coaligadas: el PP, que pasó de contar con 13 escaños a tener 19, mientras que el PRC mantenía sus seis escaños. El PSOE, sin embargo, no lograba alcanzar el nivel de 1991, quedándose con 14 escaños a pesar de haber puestos a la cabeza de la lista al hasta entonces imbatible alcalde de Camargo, Ángel Duque.

La segunda reedición del paco PP-PRC fue un intento permanente de los primeros para cabrear a sus socios. Ello, unido al autismo presidencial de Martínez Sieso, y la prepotencia y aires de grandeza, personal y política, de un Aznar gobernando España con mayoría absoluta, debilitaron los lazos establecidos entre ambos partidos. A las elecciones de 2003 PP y PRC llegaban con las espadas en alto y sólo unos resultados que hubieran hecho imposible otra opción que la reedición del pacto habría impedido el cambio de socio. De lo que ha sido esta legislatura no hace falta extenderse mucho, porque la memoria esta cercana. Señalar simplemente que los cantos catastrofistas, el caos vaticinado por la derecha no se ha producido.

La derecha de Cantabria, protagonista en buena parte de este cuarto de siglo de autonomía donde se han perdido importantes oportunidades, siempre ha confundido sus intereses particulares con los de la región. Y como muestra los dos posicionamientos editoriales del rotativo que representa la ideología de la derecha cántabra: El Diario Montañés. La primera cuando, en marzo de 1982, se formó el primer Gobierno regional sin contar con los que entonces unían a su condición de dirigentes de UCD la de propietarios del periódico. El arranque autonómico, que fue recibido con entusiasmo por la sociedad cántabra, recibió los más duros epítetos descalificatorios del periódico: la autonomía no podía ser buena si no estaban los ‘suyos’

Veinte años más tarde, al conocer el pacto PRC-PSOE, el citado rotativo pidió tiempo para reflexionar y poder reeditar el pacto PRC-PP. Aunque es verdad que el diario de la derecha no legó tan lejos como el presidente saliente, Martínez Sieso, para quien todo se arreglaban convocando de nuevo a los cántabros a las urnas. Una idea no tan descabellada y que tiempo después llevaría a la práctica la también militante del PP, Esperanza Aguirre, logrando que dos diputado socialistas cambiaran de voto para repetir unas elecciones que había perdido. Queda en el secreto del sumario si en Cantabria no hubo intentos para cambiar el sentido de voto de algún diputado. Bien porque no se puso precio o porque no había nadie en venta.