Lo que cuestan los partidos políticos: 175 millones de euros sólo en 2004

  Del total de los 175.624.335 euros contabilizados en 2004 como subvenciones a los partidos políticos, 60,2 millones correspondieron a la Subvención estatal (contando los 3 millones de euros como asignación para gastos de seguridad); 3.559.089 a Gobiernos Autonómicos; 13.052.884 a las Cortes Generales; 52.467.838 a las Asambleas Legislativas Autonómicas y Ciudades Autónomas, y 46.280.233 a entidades locales. Así se refleja en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2004, año en el que se celebraron las últimas elecciones generales.

   A esas subvenciones, hay que sumar las cantidades abonadas con motivo de los procesos electorales celebrados entre 2003 y 2004, las cuales ascendieron a un total de 94.026.974,62. Se trata de las elecciones municipales y autonómicas de 2003, las elecciones en Andalucía de 2004, las elecciones generales de 2004, las elecciones europeas de 2004 y las elecciones a Juntas Generales de 2003.

   El total, pues, de las subvenciones estatales a partidos políticos en 2004 ascendió a 269.651.310 euros, es decir, unos 45.000 millones de las antiguas pesetas.

   Las subvenciones individualizadas por partidos políticos, incluyendo los conceptos “A” (gastos de funcionamiento) y “B” (por resultados electorales) son las siguientes:

 - Bloque Nacionalista Galego, 1.523.761 + 130.825 = 1.654.586 euros
 - Chunta Aragonesista, 774.537 + 88.048 = 862.585
 - Coalición Canaria, 2.384.581 + 457.540 = 2.842.121
 - Convergència Democrática de Catalunya, 1.690.075
 - Federación Convergència i Unió, 6.989.844 + 3.249.192 = 10.239.036
 - Eusko Alkartasuna, 1.778.950 + 38.951 = 1.817.901
 - Esquerra Republicana de Catalunya, 5.213.802 + 2.873.245 = 8.087.047
 - Iniciativa per Catalunya-Verds, 2.902.416 + 816.078 = 3.718.494
 - Izquierda Unida, 8.846.184 + 9.127.025 = 17.973.209
 - Nafarroa Bai, 176.961 + 49.053 = 226.014
 - Partido Andalucista, 1.632.414 + 208.975 = 1.841.389
 - Partido Nacionalista Vasco, 6.520.742 + 829.417 = 7.350.159
 - Partido Popular, 61.459.222 + 34.937.481 = 96.396.703
 - Partit dels Socialistes de Catalunya, 11.151.009 + 3.367.324 = 14.518.333
 - Partido Socialista Obrero Español, 55.192.299 + 31.038.225 = 86.230.524
 - Unió Democrática de Catalunya, 542.111
 - Unión del Pueblo Navarro, 1.230.636 + 262.706 = 1.493.342
 - Entesa Catalana de Progrés, 372.520 + 2.246.180 = 2.618.700
 - Grupo Mixto, 244.521

  Otras formaciones con representación en las Asambleas Legislativas Autonómicas obtuvieron las siguientes subvenciones:

 - Aralar, 315.937 + 59.581 = 375.518
 - Convergencia de Demócratas de Navarra, 220.866
 - Partido Aragonés, 484.965
 - Partido Independiente de Lanzarote, 151.372
 - Partido Riojano, 72.269 + 73.337 = 145.606
 - Partido Regionalista de Cantabria, 416.302 + 189.754 = 606.056
 - Partit Socialista de Menorca - Entesa Nacionalista, 73.991
 - PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, 151.287 + 194.723 = 346.010
 - Unión Mallorquina, 92.872 + 120.101 = 212.973
 - Unión del Pueblo Leones, 179.104 + 90.401 = 269.505
 - Grupo Mixto, 171.685
 - Otras formaciones con representación en las Ciudades Autónomas, 138.015
 - Otras formaciones con representación en CCLL, 2.529.072 + 345.602 = 2.874.674

  El total, pues, de subvenciones oficiales a partidos políticos en 2004 fue de 175.624.335, más 94.026.974 por las subvenciones por campañas electorales, lo que nos ofrece un salto total de 269.651.310 euros.

El informe del Tribunal de Cuentas

 En términos generales, la financiación pública ‘ordinaria’ –descontando las subvenciones por procesos electorales- otorgada en el ejercicio 2004 a los partidos políticos ha sido, al menos, de 175,6 millones de euros, de los que 170,6 millones de euros corresponden a los partidos con representación en las Cortes Generales, 2,5 millones a otras formaciones con representación en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y 2,5 millones de euros a otras formaciones con representación en las Corporaciones Locales.

  En el importe de la financiación pública se incluyen las asignaciones estatales para gastos de seguridad otorgadas a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, por un total de 3 millones de euros, cuya regulación vigente no ha sido objeto de desarrollo reglamentario. Pero, además, las subvenciones electorales percibidas por las formaciones políticas han ascendido a 94 millones de euros procedentes, principalmente, de los procesos electorales celebrados en el ejercicio fiscalizado y, en menor medida, de procesos anteriores.

  Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha observado serias anomalías. Por ejemplo, PCE, PA y PNV no disponen de un inventario anual de todos los bienes debidamente actualizado y valorado. Además, en Izquierda Unida, la falta de fiscalización de los estados financieros de una parte de las Federaciones ha supuesto una importante limitación al alcance de la fiscalización, que ha impedido valorar adecuadamente los posibles efectos sobre las cuentas anuales.

  Otro problema es el de las ‘aportaciones privadas’ a los partidos políticos, que suman 9,6 millones de euros, y, de ese total, las ‘aportaciones anónimas’ han supuesto un total de 7,9 millones de euros, para las que, dada su naturaleza, no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal establecido para las aportaciones procedentes de una misma persona. Respecto a las aportaciones nominativas, las procedentes de personas físicas suman 0,5 millones de euros y las de personas jurídicas 1,2 millones de euros, y han respetado con carácter general los requisitos establecidos, excepto en CDC (126.000 euros), PP (107.000 euros) y PSOE (114.091 euros).

  En definitiva, las cuentas anuales no presentan en toda su amplitud la actividad económico-financiera de la organización local ni la de los grupos políticos en las Corporaciones Locales, carencia que adquiere una especial relevancia por lo que se refiere a las cuotas de los afiliados recaudadas en dicho ámbito y a la actividad económica desarrollada en los municipios con una importante población. Tampoco se ha observado una reducción significativa del ámbito de la actividad no incluida en los estados financieros, persistiendo prácticamente la misma situación constatada en ejercicios precedentes.

Importante deuda con los bancos

 Pese a ese altísimo nivel de financiación pública, el Tribunal de Cuentas ha constatado que la deuda con entidades de crédito contabilizada correspondiente a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados suma 177,6 millones de euros, de los que 8 millones de euros son intereses, y la de los partidos con representación en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, 2,6 millones de euros.

  Por otro lado, según las conclusiones del informe de fiscalización, de las comprobaciones efectuadas sobre las operaciones de endeudamiento con entidades de crédito contabilizadas, con carácter general se deducen deficiencias en su registro contable y control interno, que se concretan en la existencia de diferencias entre los saldos comunicados por las entidades de crédito y los importes contabilizados, debido principalmente, por una parte, a los intereses devengados correspondientes a operaciones vencidas y, por otra, a las operaciones de la organización local no incluida en las cuentas presentadas; así como en la existencia de operaciones que no han sido objeto de amortización en los plazos vencidos.

  De acuerdo con los estados contables presentados, la deuda vencida total asciende, al menos, a 12,5 millones de euros de principal y 7,7 millones de intereses, y se distribuye entre cinco formaciones políticas: EA, IU, PA, PSOE y UDC.
 Además, durante ese ejercicio de 2004, ERC y PSC-PSOE habían suscrito sendos acuerdos para la negociación y pago de la deuda vencida que mantenían con entidades de crédito, lo que ocasionó la formalización de una nueva póliza por cada una de las formaciones políticas afectadas.

Condonación de intereses a ERC y PSC

 Ahora bien, el Tribunal de Cuentas constata que la cancelación de esas deudas ha supuesto la condonación de los intereses vencidos, que para Esquerra Republican de Catalunya fueron fijados, según el acuerdo suscrito, en 2.720.333 euros; y para el Partit dels Socialistas de Catalunya, en 7.153.820 euros. Para el Tribunal de Cuentas, “la condonación de intereses supone una correlativa disminución de las deudas de los citados partidos con las entidades de crédito y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos, situación no regulada expresamente en la Ley Orgánica 3/1987”.

   Paralelamente, el tribunal ha observado la existencia de regularizaciones de deuda con acreedores, con abono a resultados del ejercicio, en la contabilidad de Izquierda Unida, por un total de 1.349.702 euros, sin que IU haya aportado documentación acreditativa de la cancelación de la deuda. Respecto a las regularizaciones de obligaciones cuya extinción no está debidamente probada, se estima que los partidos deberán emplear todos los procedimientos a su alcance, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas.

Restitución de incautaciones por el franquismo

   En otro orden de cosas, y al amparo de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, en 2004 el Estado ha compensado a ERC con 82.222 euros; al PCE con 206.751 euros; al PNV con 8.931.623 euros, y al PSOE con 1.348.000 euros. Además, el PNV ha obtenido la restitución de un inmueble valorado en 2.976.073 euros, según la inscripción efectuada en el registro de la propiedad.

 Es decir, otros 13.544.669 euros, lo que eleva la cifra total de subvenciones oficiales en 2004 por todos los conceptos a 283.195.979 euros.

Empresas privadas y fundaciones

  Otro capítulo significativo es el de las relaciones que diversos partidos mantienen con empresas privadas. En concreto, según el Tribunal de Cuentas, CDC, EA, PNV, PSC y PSOE continúan manteniendo participaciones en el capital de diversas sociedades mercantiles. Lo curioso –o no tanto- es que el objeto social de estas sociedades lo constituye, en la mayoría de los casos, la tenencia y administración de bienes inmobiliarios y actividades promotoras de construcción de sedes y locales para uso del partido.

  En este capítulo, el Tribunal de Cuentas considera necesario “establecer en la normativa aplicable mecanismos de control sobre la incidencia que las relaciones de las formaciones políticas con las sociedades mercantiles pudieran presentar en su financiación y actividad”.

  Algo similar ocurre con las fundaciones vinculadas a partidos políticos, en lo relativo a su constitución, a la concesión de préstamos o subvenciones de funcionamiento, a la adquisición de inmuebles por parte de la fundación y la posterior cesión de uso al partido, al ingreso en la fundación de las aportaciones realizadas por los cargos públicos y a la prestación de aval por parte del partido en operaciones de deuda suscritas por la fundación.

  Y en este punto el Tribunal de Cuentas aprecia nuevamente una “insuficiente regulación del marco normativo básico de la actividad de los partidos políticos en relación con las fundaciones vinculadas a los mismos con arreglo a los principios de transparencia y publicidad”. En la documentación contable correspondiente al ejercicio 2004, figuran entregas de fondos a fundaciones por un total de 2,5 millones de euros, distribuidas entre siete formaciones políticas (CDC, ERC, EA, IC-V, PCE, PSC y UDC), y saldos acreedores en dos formaciones (IU y PCE), por un total de 2,1 millones de euros.