Lluvia de protestas sobre la Asociación de la Prensa de Madrid

Hasta ahora, el Servicio Médico de la APM, en virtud de un convenio especial con el INSALUD, daba cobertura a todos sus asociados con derecho a utilizar tanto la red pública como el Cuadro Médico de la APM, formado por la élite de los mejores facultativos de España tanto pertenecientes a la Seguridad Social como con consultas exclusivamente privadas. De esta forma, un periodista asociado podía (y aún puede, aunque por poco tiempo ya) acudir a cualquier consulta de dicho Cuadro Médico, pública o privada, y beneficiarse en muchos casos de las ventajas de la Seguridad Social (las recetas, por ejemplo). De igual manera, el asociado podía ser hospitalizado en centros privados cuyos gastos pagaba total o parcialmente --según los casos-- la Seguridad Social. Asimismo, podía utilizar los servicios y hospitales de la Seguridad Social indistintamente.

El hospital de referencia de la Asociación de la Prensa de Madrid es la Clínica de la Concepción, que perteneciendo una institución privada --la Fundación Jiménez Díaz-- estaba incluido en la red pública porque al INSALUD (y, por tanto, a la Seguridad Social) le interesaba descongestionar sus listas de espera. Los periodistas asociados podían, por tanto, ir a este centro como si de un hospital público se tratase (es decir, sin tener que costearse los gastos de asistencia médica y hospitalización), pero con los beneficios de una clínica privada (habitaciones para uno o, como mucho, dos enfermos, derecho a tener acompañante en la habitación, etc...)

Cuando la Comunidad de Madrid recibió las competencias de Sanidad, se puede decir que entró como un elefante en una cacharrería. Al principio, congeló los pagos a la Fundación Jiménez Díaz por los servicios prestados a la red pública, con lo que la emblemática institución entró en una situación de estrangulamiento económico que a punto estuvo de provocar su cierre. La Fundación entró en crisis y, no sin tensiones internas y algunos altercados, finalmente firmó un convenio con una multinacional americana que supuso una inyección de dinero a la entidad y su salvación 'in extremis', sí, pero que también obligó a la misma a externalizar los servicios más rentables --como por ejemplo, los análisis clínicos-- en favor exclusivamente de dicha multinacional. Todo, claro está, con las 'bendiciones' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

No ha pasado demasiado tiempo desde entonces, y ahora, poco antes de las elecciones autonómicas, Aguirre y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, han planteado a la Asociación de la Prensa de Madrid que tras los comicios, y si Aguirre repite --como es de esperar-- en el poder, los periodistas madrileños tengan que elegir entre utilizar exclusivamente el Cuadro Médico de la APM o usar exclusivamente la red pública. Es decir; establece una incompatibilidad entre ambas tarjetas (la sanitaria autonómica o la de la APM). Y lo más sorprendente es que la APM, presidida por Fernando González Urbaneja, ha aceptado sin rechistar. De hecho, ya ha enviado una carta a sus asociados en las que, en un lenguaje un tanto confuso, les anuncia que deben elegir entre una y otra tarjetas.

La Comunidad de Madrid niega que con ello se quiten derechos a los periodistas asociados en la APM. Pero lo cierto es que con esta iniciativa cercena sus derechos sanitarios adquiridos durante no menos de tres décadas, mientras que al parecer, y según algunas fuentes, prepara convenios similares con otros colectivos profesionales a los que empezaría a dar estas mismas ventajas.

Todo esto se ha fraguado sin informar debidamente a los afectados, los periodistas de la APM, que han empezado a mandar cartas de protesta e incluso a pedir que se convoque una Asamblea Extraordinaria monográfica sobre este tema porque, a juicio de muchos de ellos, estos planes se han negociado entre el gobierno de Aguirre y la Junta Directiva de la APM sin ninguna transparencia.