Al menos 138 personas han perdido la vida en el accidente del avión de Spainair en el aeropuerto de Barajas. Parece que hay 27 heridos de diferente gravedad. Y todos los servicios de emergencia movilizados.
A partir de aquí, de los datos conocidos con certeza, todos, empezando por los medios de comunicación, a facilitar las tareas paliativas de la catástrofe. Sobran especulaciones. Sobran visitas oficiales. Por los fallecidos poco se puede hacer ya. Por tanto, la prioridad está en la atención a los heridos en función de su gravedad. Y, luego, en orden descendente de prioridades, la atención a los familiares. Esto es lo marcan los protocolos de actuación. Y esto es lo que aconseja el sentido común.
Las autoridades, por altas que sean y por hambre de popularidad inducida por sus asesores de imagen que tengan, en casos así molestan, dificultan las tareas más urgentes y contribuyen a aumentar el caos en la zona afectada. Bien está que S.M. el Rey se hay interesado telefónicamente por el suceso. Está de perlas que el presidente del Gobierno y la ministra de Fomento hayan regresado a Madrid. Les entra en el sueldo hacerlo. Y, en el caso de la titular de Fomento, es una obligación inherente a su cargo. Pero ahora es el turno de quienes están trabajando. Es el turno de bomberos, médicos de urgencia, técnicos, psicólogos de apoyo a los familiares, equipos policiales de identificación de víctimas. Y, por este orden. Luego vendrá el juez de guardia y el equipo de investigación de accidentes de Aviación Civil.
No se trabaja más rápido ni más seguro sintiendo en el cogote el aliento de unas autoridades, rodeadas de flashes, empeñadas en ayudar. La única ayuda que las administraciones pueden y deben prestar a los profesionales que hacen frente a una trágica emergencia como esta es la de atender con rapidez las peticiones de material que estos les hagan. Porque, contra lo que se dice, en este aspecto, el nivel de preparación de los profesionales españoles de emergencias, sino óptimo como sería de desear, es de notable alto. Vaya esto por su lado. Porque, por el otro, en casos como el presente, siempre e equivocará menos un único director de la emergencia que veinte autoridades cargadas de buenas pero con escasos –por no decir nulos—conocimientos en la materia.
Tiempo habrá de consolar institucionalmente a los familiares de las víctimas. La atención que estos precisan ahora es la de los psicólogos y la de los escalones más inmediatos del personal de emergencia. Lo demás puede esperar. La única consigna válida en casos así, válida y de obligado cumplimiento por las autoridades, Rey incluido, es la de dejar trabajar. Aunque esto les siente como una patada en la espinilla –o más arriba—a asesores de imagen y demás fauna oficial.