Tres millones de cubanos ‘hacen cola’ para pedir la nacionalidad española

        Estupor y preocupación en las representaciones diplomáticas españolas en América Latina por la que se avecina con algunas de las disposiciones contenidas en la ley de memoria histórica. Dicen medios diplomáticos que el Gobierno no ha hecho los deberes y que no ha calculado las cifras de personas a las que puede afectar el cambio del régimen de acceso a la nacionalidad española. Se cuentan por millones y se espera una avalancha de peticiones de tal calibre que los consulados pueden quedar completamente bloqueados, por un lado, pero, por otro, supone de hecho una auténtica política de flujo migratorio.

         La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura –conocida popularmente como ley de memoria histórica- establece que todos los hijos y nietos de españoles en el exterior –fundamentalmente afecta a Hispanoamérica- pueden solicitar la ciudadanía española. No se precisa más requisito que la demostración de su identidad y la prueba de que sus padres eran españoles.

         En contra de lo que dijo el líder del PP, Mariano Rajoy, en su reciente viaje a Argentina, la medida no sólo afecta a los hijos y nietos de exiliados políticos, sino a los descendientes de lo emigrantes españoles en general.

         Es cierto que en un principio se preveía que en la ley de memoria histórica sólo se incluyera a los descendientes de exiliados políticos por causa de la guerra civil y del consiguiente régimen franquistas. Pero, dado que el Gobierno preveía una Ley de Nacionalidad que incluyera a todos los emigrantes españoles, pero cuyo proyecto decayó, se optó por incluirlo todo en la ley de memoria histórica.

         En ese sentido, la Disposición adicional séptima sobre “Adquisición de la nacionalidad española” establece lo siguiente:

         “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año".

         “2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

         El problema es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ‘no hizo los deberes’, es decir, no calculó el número de peticiones que podría producirse, pensando que se reducirían como mucho a varios cientos de miles. Pero la realidad con la que se van a encontrar los consulados españoles en los diferentes países es muy distinta: puede afectar a millones y millones de personas.

Según ha sabido diariocrítico de medios de absoluta solvencia, sólo en Cuba hay tres millones de personas que pueden tener derecho a la nacionalidad española por cumplir los requisitos establecidos en la ley de memoria histórica. Es decir, algo menos de un tercio de la población cubana, cifrada en algo más de once millones de personas. A ellos hay que sumar los descendientes en sitios como Argentina.

         La ley, que entró en vigor la pasada semana, establece una ‘moratoria’ de un año en la aplicación de este punto concreto para poner a punto los consulados españoles y un plazo posterior de dos años para poder acogerse a la medida. Los efectos pueden ser auténticamente inesperados.