El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha conseguido lo que pocos antecesores suyos lograron: unir a todos los sindicatos policiales, sin excepciones, en contra de su gestión para con la Policía. El enfado es tan monumental, que ya le han avisado al ministro que “cualquier anomalía o mal funcionamiento de esa jornada electoral [elecciones del 9 de marzo], será responsabilidad exclusiva de los gestores de la Dirección General de la Policía” (sic).
El problema es grande, pero ahora se concentra en las retribuciones que el ministro Rubalcaba tiene a bien ‘conceder’ con motivo del esfuerzo que los policías tendrán que realizar en la recta final de la campaña electoral, especialmente en la jornada del 9 de marzo. La cosa es tan “ridícula”, nos dicen medios sindicales, que las organizaciones sindicales del CNP se han reunido para consensuar una postura común al respecto. Y, claro, han llegado a la unidad de acción: no rotundo a la “exigua retribución” ofrecida por el Ministerio del Interior de 118 euros.
Entre los motivos de rechazo que citan los policías está el que no ha habido negociación, sino una oferta unilateral, que “no cubre ni tan siquiera el IPC real producido en el último año desde las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007”. Tampoco se ha considerado una cuantía diferenciada y superior para los policías que prestarán servicio en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Dicen los policías –en este caso, ‘todos’ los policías- que no aceptarán ninguna cuantía que no sea equivalente a la que se abonará al personal representante de la Administración en las mesas electorales, cifrada en 185 €, incrementada en 50 € más para los agentes de Andalucía, por considerarlo un agravio injustificado, ya que asumen más responsabilidades.
Las medidas que van a adoptar, pues, son casi extremas: “Recomendaremos a nuestros compañeros que todos sin excepción, hagan uso de las 4 horas a que tienen derecho para ejercer su derecho al voto, en horario laboral, obligando de esta forma a la Dirección a que tenga que nombrar justamente el doble de funcionarios” (sic).
Es más, avisan que de no llevarse a cabo esa medida de aumentar el número de funcionarios para desarrollar el servicio de elecciones ese día, “cualquier anomalía o mal funcionamiento de esa jornada electoral, será responsabilidad exclusiva de los gestores de la Dirección General de la Policía”.
Rubalcaba se ha metido en otro barrizal.