Los hechos más destacados del Auto del juez Andreu contra 40 militares ruandeses

1) Asesinato de españoles (6 religiosos y 3 civiles). Los asesinatos se producen en el periodo 1994 a 2000. Todas las víctimas tenían en común que trabajaban en campos de refugiados, defendían los derechos humanos y denunciaban los abusos que sufrían los desplazados por la guerra. Por ejemplo el Padre Joaquín Vallmajó había denunciado por escrito que: “los tutsi han lanzado una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos”.

Un día antes de su desaparición, el misionero fue interceptado por un control militar del FPR. El responsable del control le amenazó diciendo “en tus homilías has hablado mal de nosotros (…) has dicho que los del FPR se condenarían (…) tú pagarás algún día (…)”. Veinticuatro horas después militares del APR apresaron al padre Vallmajó. Su cuerpo todavía no ha aparecido.

El caso del padre Servando García y otros 3 religiosos maristas también resulta espeluznante: vivían en la parte oriental del Congo, en un campo de 30.000 refugiados ruandeses, administrado por la Cruz Roja bajo el patrocinio de ACNUR. Los sacerdotes se encargaban de la enseñanza primaria de 5000 niños. A partir de 1996 el ACNUR decidió suspender la ayuda alimenticia para que  los refugiados regresaran a su país. Los religiosos permanecieron junto a los refugiados, a pesar de que los rebeldes militares se acercaban y que ya no había comida en el campo.

El 30 de octubre de 1996 el padre Servando pide ayuda para los refugiados, a través de la Cadena COPE. Un día después los rebeldes militares y del APR/ FPR llegan al campo. Por la tarde, a las 20 horas, el sacerdote se despide de un primo suyo, a través del teléfono: “Te dejo, tenemos visita…- ¿Buena o mala?..- Parece que mala…”.

Diez días más tarde, los cuerpos sin vida de los cuatro religiosos aparecieron junto a su casa, en un pozo ciego de doce metros de profundidad. Habían sido torturados, tenían impactos de bala y machetazos.

Los rebeldes del A.P.R también asesinaron a tres civiles españoles, miembros de la ONG “Médicos del Mundo”. Los 3 jóvenes trabajaban en un campo de refugiados de Mugunga, donde se albergaban 250.000 refugiados hutus. Se encargaban de distribuir medicamentos en las localidades vecinas.

El 16 de enero de 1997 se desplazaron a Kabere, donde horas antes se había producido una masacre. Los cooperantes fueron testigos de más de 50 muertes y múltiples heridos. Además, una persona les condujo hacia otra fosa común cercana, con cientos de cadáveres. Al regresar, un control militar les dió el alto. Los rebeldes militares sabían ya que los cooperantes habían sido testigos “incómodos” de sus masacres. Dos días más tarde,  unos 10 hombres armados, con uniformes militares, irrumpieron en la residencia de “Médicos del Mundo”. Los cooperantes recibieron  una ráfaga de disparos que les causó la muerte.

De las declaraciones prestadas por los testigos en el juzgado se puede deducir que, para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de los altos cargos militares. En el caso de los 3 cooperantes españoles, el ataque  a la sede de la ONG se decidió tras una reunión entre varios de los militares procesados. Uno de los participantes de ese encuentro tiene ahora la condición de testigo protegido y relató al juez Andreu su testimonio directo de la muerte de los miembros de “Médicos del Mundo” porque “ disponían de información sensible de las masacres que acababa de  realizar la APR”.

El Papel jugado por el ACNUR

De la lectura del auto del juez Fernando Andreu se desprende que, en un determinado momento, a partir de 1996, más de un millón de  ruandeses se encuentran desplazados en campos de refugiados de Zaire. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados decide poner en marcha un programa de repatriación forzosa, obligando a cientos de miles de personas a subir a los camiones del ACNUR.  A los que se negaban, miembros del ACNUR les amenazaban con volver al día siguiente con soldados de Kabila.

Como el personal de ACNUR no podía llegar a todos los lugares donde se refugiaban ruandeses, establecieron un sistema de recompensa para los zaireños: les pagarían 10 dólares USA por cada refugiado ruandés que entregaran al ACNUR. Ello originó, según el auto del juez Andreu, una auténtica “caza” del refugiado. Testigos de aquellas repatriaciones forzosas han relatado al juez cómo en algunos casos, los refugiados se tiraban desde los camiones a la carretera,  o al río: Preferían suicidarse antes que volver al terror de Ruanda.

El juez destaca una visita que realizó a mediados de febrero de 1997 al campo de Tingi- Tingi la Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Refugiados, la Sra. Sadako Ogata. Ofreció socorro humanitario únicamente para los que estuvieran dispuestos a volver a su país. Diez días después, fuerzas del APR destruyeron totalmente el campo de refugiados. La mayoría de las víctimas fueron incineradas o enterradas en fosas comunes. En otros muchos casos, según los testigos que han declarado ante Andreu, los cuerpos se enterraban en las Reservas Naturales. Un uso macabro de los maravillosos parques naturales, los mismos que los ojos occidentales identifican con turismo y safaris.

A lo largo de estos meses, el juez Andreu ha interrogado a 22 testigos, cuyos testimonios han sido estremecedores. Todos viven en el exilio, la mayoría en Europa. Casi todos han cambiado su identidad pero no han perdido la memoria. Todos tienen la condición de testigos protegidos,  salvo Maria Beatrice Umutesi, que ahora vive en Bélgica y ha escrito un libro para mostrar el horror que sufrió ella y sus compatriotas. Esta mujer recorrió  a pié más de 2000 kilómetros desde Zaire y se libró de ser repatriada a la fuerza porque se hizo pasar por nacional zaireña, cuando los miembros del ACNUR ofrecían 10 dólares por cada ruandés entregado.

Matanzas indiscriminadas

Son más de cuatro millones de seres humanos los fallecidos o los desaparecidos por el genocidio de Ruanda. El auto del juez Andreu detalla centenares de asesinatos masivos cometidos por los integrantes del APR. Quizá un ejemplo refleje la crueldad de los asesinos, así como la previsión con la que actuaban:
 El 23 de abril de 1994 unas 2500 personas fueron concentradas a la fuerza en el Estadio de fútbol de Byumba. Se les obligó a tenderse en el suelo y acto seguido militares del APR abrieron fuego contra ellas: primero  lanzaron granadas desde el exterior y después entraron en el estadio para rematarles con fusiles automáticos. 2500 personas asesinadas. 2500 personas enterradas en el Parque Nacional de Akagera.

Dos días más tarde, otras 1500 personas, población civil, fueron introducidas en las escuelas primarias de 4 localidades y asesinadas a quemarropa.

Fernando Andreu no procesa al general Mayor y actual Presidente de la República de Ruanda, Paul Kagame, porque tiene inmunidad de Jefe de Estado. Pero el magistrado destaca que existen indicios racionales de criminalidad contra él, como responsable del Ejército ruandés, RDF, antes llamado APR (Ejército Patriótico Ruandés).

El principal testimonio contra Kagame lo aportó en el juzgado uno de los responsables de su seguridad personal, el testigo protegido TAP-002. Este hombre, ahora exiliado en un país de Europa,  integraba el selecto grupo de 11 militares encargados exclusivamente de la protección del presidente.

El testigo protegido relató al juez Andreu cómo en mayo de 1994 Kagame, entonces líder rebelde,  ametralló entre 30 y 40 civiles en cuestión de segundos. Aquel día de mayo Kagame y sus hombres se desplazaban en dos vehículos hacia el cuartel General. La comitiva se detuvo ante la aparición de un grupo de personas en el camino. Por la radio alguien advirtió que podrían ser paramilitares. Kagame salió de su vehículo y se dirigió al primer coche, donde estaba instalada una ametralladora antiaérea.  Sin mediar palabra disparó una ráfaga que mató a una treintena de civiles. Hombres, mujeres, niños y ancianos.

En otra ocasión, también en 1994, el testigo protegido TAP-002 oyó a Kagame dar la orden por teléfono de asesinar a tres obispos y a otros sacerdotes,  diciendo concretamente: “ya te he dicho que eliminaras a esas basuras…”.