La realidad del mundo es, con frecuencia, desagradable. Mirar al abismo causa reparos, es cierto, pero intuir o saber que ese abismo es en parte, obra nuestra, resulta aterrador. Es por ello que cedemos con facilidad a la tentación exculpatoria de las coartadas morales.
Desde hace varias semanas viene desarrollándose en Kenia un conflicto postelectoral en el que han muerto ya más de mil personas en diversas regiones y ciudades del país. El 26 de diciembre del año pasado Nairobi celebró unos comicios en los que Mwai Kibaki, presidente desde 2002, fue reelegido para un segundo mandato. El 30 de diciembre Kibaki tomó posesión de su cargo entre acusaciones de fraude electoral e irregularidades tanto de su máximo opositor, Raila Odinga, líder del Movimiento Democrático Naranja, como de los observadores electorales internacionales. Es en este ambiente de sospecha e inestabilidad en el que se desencadena una serie de protestas que recorren algunas zonas del país en oleadas de violencia.
Hasta aquí parece que hablamos de una situación más de crisis postelectoral en un Estado democrático frágil. Sin embargo, todo se complica cuando averiguamos que mientras que Kibaki pertenece al grupo de los Kikuyu (23 % de la población en Kenia), Odinga nació en el seno de una familia de la comunidad Luo (13 % de la población en Kenia). Así, una vez se introduce en el análisis el factor étnico, todo adquiere un tono diferente. El ejemplo de Rwanda puede servirnos bien para ilustrar esta cuestión.
Entre abril y julio de 1994 la guerra civil en Rwanda se cobró en torno a 800.000 víctimas. Este conflicto genocida fue considerado, y es considerado todavía ampliamente, como una guerra étnica. Pero esto plantea problemas. Al yuxtaponer a determinadas confrontaciones bélicas el oscuro y gigantesco, en cuanto a la cantidad de implicaciones que conlleva, calificativo de ‘étnicas’ o ‘tribales’, da la impresión de que las tomáramos como si se tratara de guerras de segunda categoría, enraizadas en culturas cerradas a la comprensión occidental y, con ello, manifestación de un barbarismo o salvajismo premoderno. Pero aún hay más. Al reducir el conflicto a una disputa étnica el problema está en que lo esencializamos, lo hacemos endémico, en tanto que está ligado a la condición étnica o racial de las personas, algo a lo que estas no pueden renunciar y que no tiene solución. Del mismo modo que los hutus no pueden dejar de ser hutus y los tutsis no pueden dejar de ser tutsis, los kikuyu y los luo son lo que son por nacimiento lo quieran o no.
Resulta sencillo desde el punto cognitivo y moral dar el nombre de conflicto étnico al genocidio que destruyó la sociedad de Rwanda en 1994. Lo mismo ocurre con la violencia postelectoral que sacude Kenia en la actualidad. Sería mucho más desagradable para la Sociedad Internacional admitir su responsabilidad en ambos escenarios y afrontar la realidad de que las causas verdaderas de estos acontecimientos se encuentran en los terrenos de lo político y lo económico. La historia puede enseñarnos valiosas lecciones al respecto. Escogeré dos.
Primero, en Rwanda, la distinción racial entre hutus y tutsis no fue sino una construcción europea. Durante la época precolonial la división entre ambos grupos era fundamentalmente económica, dedicándose los tutsis a la cría de ganado y los hutus a actividades agrícolas. Ambos compartían, por el contrario, la lengua, la religión y la cultura, y los matrimonios entre ambos grupos eran frecuentes. La realidad es que fueron los colonizadores alemanes y belgas quienes se sirvieron de esta distinción puramente laboral para crear una elite superior de gobernantes tutsis que les sirviera de contacto con la gran masa de población local a modo de gobierno indirecto. Fue aquí donde los hutus y los tutsis empezaron a percibirse a sí mismos como razas diferentes y donde comenzaron a aflorar tensiones políticas entre ambos grupos. Pero esa responsabilidad histórica de los europeos puede borrarse con sólo dos palabras: conflicto étnico.
Segundo, nada importa el hecho de que las políticas que el Banco Mundial defendió para los países africanos durante los años ochenta y la primera mitad de los años noventa del siglo pasado a través los Planes de Ajuste Estructural y del Informe Berg, centrados en la privatización, el desmantelamiento del Estado y el aumento de las exportaciones agrícolas, empobrecieran al continente africano. Rwanda, con una fuerte dependencia de la exportación de café, se vio afectada de modo muy negativo a principios de los noventa por la previsible bajada de precios en un mercado internacional saturado de productos agrícolas africanos. En este contexto de empobrecimiento era sólo cuestión de esperar que una chispa, provocada por el asesinato del presidente rwandés Juvenal Habyarimana, hiciera saltar por los aires el polvorín centroafricano.
La conclusión que extraemos tanto del ejemplo de Rwanda como del modo en que algunos medios de comunicación están tratando en la actualidad la crisis de Nairobi es que a la hora de ocuparse los conflictos africanos existe una barrera de prejuicios y coartadas morales que nos oculta una verdad clara pero incómoda: la pobreza genera conflicto. En línea con lo que apunta Juan Rivero, miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, la causa fundamental de la violencia que estos días recorre Kenia no se encuentra en odios tribales ancestrales o supersticiones de salvajes que rechazan los valores occidentales, sino más bien en la asfixiante pobreza y la presión demográfica de las megaurbes surgidas del éxodo rural africano en busca de un sueño de prosperidad. Al fin y al cabo, en palabras del gran escritor keniano Ngugi wa Thiong’o, en Kenia, al igual que en el resto de África, sólo hay dos tribus: la de los que tienen y la de los que no tienen.
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