Los alcaldes del PP se ‘congelarán’ el sueldo

Dicen los populares que “frente a la pasividad del Ejecutivo socialista”, el PP quiere desempeñar un papel activo contra la crisis en los lugares donde ejerce responsabilidades de Gobierno. Así, estos Planes deberían permitir, a través de una política de austeridad en el gasto público, redefinir los objetivos de los ayuntamientos en la actual coyuntura.

El decálogo aprobado este martes en Ciudad Real en una reunión con Mariano Rajoy recoge los principios que inspirarán los Planes de Ajuste Presupuestario, aunque cada equipo de gobierno los adaptará a las particularidades de su ayuntamiento. Las diez medidas están divididas en dos grandes apartados: las propuestas destinadas a la reducción del gasto burocrático y las iniciativas que permitirán garantizar el equilibrio presupuestario y la estabilidad.

Austeridad en el gasto público

En este primer bloque de medidas se incluyen las propuestas destinadas a mejorar la eficiencia de la propia Administración pública, reduciendo sus costes de funcionamiento.

Limitaciones de los gastos de personal: con carácter general, sólo se autorizará el crecimiento de la plantilla para dar cobertura a los servicios operativos (Policía municipal, Bomberos, Emergencias o Protección Civil)  y para atender necesidades asociadas a los servicios sociales. Además, se congelarán los sueldos de todos los cargos públicos, alcaldes, concejales y personal de confianza; las dietas y asistencias a órganos colegiados; así como la asignación a los grupos municipales.

Reducción de gastos burocráticos: los ayuntamientos gobernados por el PP contendrán los gastos destinados a publicidad, publicaciones; comunicaciones, material de oficina –en especial los consumibles informáticos-, etc. El objetivo será reducir sustancialmente los gastos de protocolo y representación y el coste de materiales y suministros (papel, fotocopias, impresoras, fax, teléfono…) a través de la generalización del uso de la banda ancha de Internet y similares.

Planes de ahorro energético: reducir el consumo interno -estableciendo criterios para la regulación de las temperaturas máximas y mínimas en los edificios públicos y horarios de encendido y apagado- y contener el consumo derivado del alumbrado público (reposición de luminarias de bajo consumo, control exhaustivo de la temporización de los encendidos y apagados de viales y calles…) y controlar el consumo de energía en los edificios municipales, sobre todo en horas no laborables.

Sostenibilidad de las finanzas públicas

El segundo bloque de medidas incluidas en el decálogo del PP tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de las Haciendas municipales en un momento en el que las previsiones de crecimiento han sufrido un severo ajuste. Para ello, es necesario ajustar el techo de gasto a los ingresos que realmente se esperan alcanzar.

Los ayuntamientos gobernados por el PP proponen:

Rigor y prudencia en el presupuesto de ingresos: realizando un seguimiento constante de su evolución.

Control del presupuesto de gastos: el presupuesto de gastos no deberá crecer por encima del PIB nominal. Las bajas de adjudicación derivadas de los procedimientos de contratación se centralizarán en una única partida cuya gestión corresponderá al órgano competente en materia de Hacienda Pública.

Redefinición de los objetivos presupuestarios: la reducción de la capacidad de gasto obligará a realizar un análisis de las actuaciones que falten por ejecutar y a priorizarlas. Se revisará la necesidad y oportunidad de las líneas de subvención previstas, realizando los ajustes que sean posibles. Pero, en ningún caso se recortarán subvenciones de carácter social ni aquellas que incentiven de modo directo la actividad económica.

Limitación de las modificaciones de crédito: se restringirá al máximo la tramitación de las transferencias de crédito, excepto las relativas a carga financiera y gastos de personal cuando se refieran a la  gestión de nóminas.

Control de gastos plurianuales: se elaborará un escenario plurianual que permita conocer el impacto de los contratos vigentes  o en tramitación en los ejercicios futuros.

Garantía de gasto social: las partidas presupuestarias destinadas a atender gastos sociales no se verán afectadas por los recortes. No obstante, el hecho de que estas competencias no cuenten con la debida financiación hace aún más urgente la necesidad de que el nuevo sistema de financiación esté en vigor en 2009.

Medidas para contrarrestar la crisis: los Ayuntamientos tratarán de reforzar aquellas actuaciones a través de las cuales se pueda suavizar el impacto de la crisis en su territorio, fomentando, por ejemplo, sus políticas de vivienda pública, tanto desde el punto de vista de la construcción como de la rehabilitación.

Asimismo, los alcaldes del PP han destacado la necesidad de impulsar la segunda descentralización y un nuevo modelo de financiación local. En este sentido, han instado al Gobierno a asumir su responsabilidad y a negociar un nuevo modelo que dé respuesta a los retos actuales de los consistorios.