Los nuevos integrantes de la cúpula militar tomarán posesión de sus cargos este lunes. Siguiendo una razonable pauta, implantada desde el inicio de la Democracia, los jefes militares son relevados en cada nueva legislatura por el gobierno de turno, precisamente en el inicio del mandato y dentro de la renovación general de cargos en el ámbito del ministerio. En esta ocasión, las circunstancias personales de la titular del ministerio de Defensa han hecho que el cambio se produzca unos meses después de lo habitual. En todo caso, la normalidad constitucional ha presidido la sustitución en el mando de las Fuerzas Armadas.
La ministra Chacón ha dado muestras de autoridad en la forma de anunciar y realizar el relevo de su competencia. Se ha anticipado a las previsiones que retrasaban la decisión hasta el otoño y ha desmentido a los que propugnaban un relevo parcial, que incluida mantener y promocionar a algunos de los actuales jefes. Ejerciendo sin dilación su responsabilidad, ha cortado de raíz la posibilidad de verse sometida a presiones o apadrinamientos inconvenientes. La responsabilidad es suya. El sistema político no permite en ningún ministerio periodos de familiarización, ni tampoco delegación de las decisiones fundamentales, sino que el responsable político tiene que ejercer como tal desde el día que toma posesión de su cargo.
La ministra ha formado a su equipo militar con libertad de criterio dentro de los posibles candidatos y da la impresión de que no se ha sometido a ninguna de las presiones que ha debido recibir, salvo quizá a respetar el turno no escrito entre los Ejércitos y la Armada para la jefatura de la Defensa. Tocaba al Ejército del Aire y el general del Aire José Julio Rodríguez será el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), mientras que el general de Ejército Fulgencio Coll, el almirante General Manuel Rebollo y el general del Aire José Jiménez, serán los respectivos jefes del Estado Mayor del Ejército (JEME), de la Armada (AJEMA) y del Ejército del Aire (JEMA).
El respeto de este turno sobreentendido entre los uniformados para designar al jefe de la Defensa, principal asesor militar del presidente del Gobierno, se ha constituido en un condicionante de la acción gubernamental. Tampoco para el designado en cada relevo parece adecuado que se aluda a su nombramiento como el respeto de un turno más que por la capacidad y cualidades del elegido para mandar las Fuerzas Armadas. El establecimiento del turno en el inicio de la Democracia pudo tener sentido en el marco de unas Fuerzas Armadas con un considerable poder autónomo. En la actualidad, carece de otra justificación que no sea evitar la previsible frustración –más individual que colectiva– de quienes esperan que se mantenga.
Respetando este turno, el gobierno se limita en la designación del general o almirante que, en cada momento, entienda que mejor va a saber ejecutar su política. Los asuntos de Defensa, con un gran componente de relaciones internacionales y en el marco de una evolución democrática de las relaciones civiles-militares –cuya recepción todavía falta en España–, requieren cada vez más una selección política de los militares profesionales caracterizados que van a intervenir decisivamente en estas materias. El turno reduce sin fundamento el número de los posibles candidatos a los que el gobierno, en uso de su irrenunciable control civil de las Fuerzas Armadas, va a encomendar el máximo mando militar.
En algún momento, y cuanto más tiempo pase será más difícil hacerlo, debería romperse esta costumbre injustificada para que pueda ser nombrado JEMAD el militar que el gobierno estime oportuno, con independencia del arma o cuerpo de procedencia.