Objetivo político: 'crucificar' a Casas para lograr nuevas mayorías en el Constitucional

Es el último escándalo que se vive en el edificio circular de la calle Doménico Scarlatti. Contiene todos los elementos de una crónica mafiosa –aparecen matarifes a sueldo, seguimientos, asesinatos…-, junto a otros de la prensa rosa –celos, famosillas y sicarios parte-piernas- y aún otros de película de espías –seguimientos, escuchas telefónicas, filtraciones periodísticas interesadas-. Y ahora, en el ojo del huracán, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, a quien sectores mediáticos extremo_derechosos quieren crucificar políticamente en lo que parece una campaña muy precisa, aunque el Tribunal Supremo acabe de exculparla.

La razón está clara: el Tribunal Constitucional, con mayoría ‘progresista’, está debatiendo la parte más importante de la ‘obra legislativa’ de Rodríguez Zapatero en la anterior legislatura. No debería ser así, pero todo parece indicar quien ‘domine’ el Constitucional ‘dominará’ la constitucionalidad de las leyes de Zapatero. Tantas han sido y son las presiones y el juego sucio que entre unos –populares- y otros –socialistas- han llevado al más alto tribunal español a la más alta imagen de descrédito que se había logrado nunca. Puede que el Constitucional no se reponga nunca de este varapalo; puede que nadie vuelva a creer en él.

A la caza de María Emilia

La última baza que libran los fácticos tiene por diana a la propia María Emilia Casas: parece que la presidenta del Constitucional ha podido pecar de ‘pardilla’, aún cuando el Tribunal Supremo acaba de exculparla en este caso. La derecha se estaba apresurando a pedir explicaciones, primero, para exigir después su dimisión. Son peticiones alentadas desde los micrófonos de la COPE y desde las páginas del ABC.

La historia, en síntesis, es la siguiente: en marzo de 2007, una vecina –y amiga- del bloque de pisos donde vive María Emilia Casas le pide un favor: que atienda unos papeles que le va a remitir de María Dolores Martín Pozo, quien, según ella, es la hija del fontanero de la comunidad de vecinos. Le dice que, al parecer, Martín Pozo tiene problemas con su ex marido, Miguel Ángel Salgado; alega que recibió malos tratos, vejaciones y hasta violaciones; dice que el ex marido ha mentido a lo largo de un proceso judicial y que el juez le ha quitado a la mujer la guardia y custodia de su hija.

María Emilia Casas recibe los papeles y comienza a estudiarlos. Paralelamente, ese mes de marzo de 2007 Miguel Ángel Salgado es asesinado de tres balazos que le disparó un desconocido en un garaje en Madrid. La presidenta del Constitucional no tenía constancia del hecho.

Una vez estudiados los papeles, Casas llama –primer error- a María Dolores Martín el 17 de abril de 2007. La magistrada no sabe que Martín es abogada, ni tampoco que la mujer está siendo objeto de escuchas telefónicas ordenadas por una juez de Valdemoro, que la investiga por el asesinato de su marido (por ese hecho, Martín será detenida el 20 de mayo de 2008). Casas le ofrece a Martín diversos contactos que atienden a mujeres maltratadas y se despiden con un que la llame si piensa recurrir ("Eh, si alguna vez va en amparo, pues ya me vuelve a llamar, pero yo creo que estas son las personas indicadas"). Ambas mujeres no vuelven a hablar y Martín Pozo es detenida el 20 de mayo de 2008 como presunta inductora del asesinato de su ex marido por un sicario.

La juez de Valdemoro que instruye el caso, al ver que en las trascripciones de las conversaciones telefónicas aparece la presidenta del Constitucional, remite el expediente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por si fuera constitutivo de delito. Desde ese Tribunal han salido ‘gota a gota’ las filtraciones al ABC con un fin muy determinado. Pero ahora el Supremo ha archivado el procedimiento contra la magistrada del Constitucional, a la que se acusaba de asesoramiento ilegal.

[Otro elemento que aparece en ese jugoso sumario es la actriz Ana García Obregón, que, según grabaciones policiales, pedía a otro de los implicados, Eloy Sánchez Barba, el guardaespaldas acusado de contratar a los autores materiales del asesinato de Salgado, que diera una paliza al presentador de televisión Jaime Cantizano, según han informado detenidamente diversos medios informativos].

‘Compensación’ por la muerte de García-Calvo

En este punto de la historia se hace preciso hacer un feed back, un paso en el tiempo: el pasado 17 de mayo fallecía el magistrado del Constitucional Roberto García-Calvo, uno de los pilares más firmes del sector conservador del alto tribunal. Con esta falta, los ‘progresistas’ del Constitucional quedaban nuevamente en mayoría para enjuiciar la constitucionalidad del Estatut de Cataluña, una de las apuestas más firmes de Rodríguez Zapatero. Después de la polémica recusación de Pablo Pérez Tremps, con García-Calvo todo parecía indicar que el Estatut sería constitucional en las partes más importantes de la apuesta zapaterista. Sin García-Calvo, se daba la vuelta a la tortilla.

Paralelamente, el Tribunal Constitucional debía renovar a cuatro magistrados –entre otros, a su presidenta, la propia Casas-, pero la falta de acuerdo entre PP y PSOE ha hecho imposible hasta ahora la renovación. Al fallecer García-Calvo, el PP pide que se reemplace inmediatamente ese nombre por otro conservador. El PSOE se opone, y exige una renovación de todos a los que corresponde renovar. No hay acuerdo.

En este estado de cosas, estalla en la prensa el affaire María Emilia Casas con filtraciones interesadas desde el propio Tribunal Supremo.

A tortas por el ‘decretazo’

Pero, ¿qué tiene María Emilia Casas para que el Gobierno la quiera mantener a toda costa y la oposición la quiera eliminar como sea? La respuesta, parece evidente: lo más importante de la labor legislativa de Zapatero está sometido a estudio en el Constitucional.

El 24 de mayo de 2007 quedaba aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por la que el Gobierno socialista evitaba que la presidenta, María Emilia Casas, del sector progresista y con voto de calidad por tal cargo, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, del sector moderado, tuvieran que ser renovados in extremis al haber cumplido su mandato. Se mantenía así el status quo: mayoría progresista –y presidida por Casas- para todo lo que tenía que venir después –recursos de inconstitucionalidad de violencia de género, Estatutos de Valencia y Cataluña, matrimonios gays…-.

El primer objetivo de la derecha era desactivar esa reforma de la LOTC interponiendo, precisamente, una cuestión de inconstitucionalidad. Pero vinieron los ‘palos’ de aviso al sector conservador: el tribunal desestimó –el 9 de abril pasado- con el apoyo de cinco magistrados y el voto en contra de los tres restantes el recurso interpuesto por el PP contra la LOTC, uno de cuyos puntos establece la renovación automática de María Emilia Casas mientras siga siendo magistrada de este órgano.

La primera, en el pecho; pero la segunda, en la frente: el Pleno del Tribunal Constitucional avaló el pasado 14 de mayo La Ley Integral de Medidas contra Violencia de Género al rechazar, con siete votos frente a cinco, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la juez de lo Penal número 4 de Murcia. Los magistrados que votaron en contra de la propuesta pertenecían todos al denominado 'bloque conservador' y fueron Roberto García-Calvo (hoy fallecido), Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez-Arribas, que anunciaron votos particulares.

Parece claro, pues, por donde van los tiros.

Y en eso fallece García Calvo


Para enrarecer aún más el ambiente, el pasado 18 de mayo falleció en extrañas circunstancias Roberto García-Calvo, un puntal entre los magistrados conservadores, y el que ‘garantizaba’ que el Estatut de Cataluña no iba a salir muy bien librado, dado que previamente había sido recusado el también magistrado Pablo Pérez Tremps, de la mayoría progresista.

Inmediatamente surgieron los fantasmas: se empezó a decir que García-Calvo había sido sometido a seguimientos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se llegó a dudar de que falleciera de forma natural.

En cualquier caso, el Constitucional se quedaba con un magistrado menos, pero que sustentaba las tesis conservadores y ponía en ‘peligro’ el Estatut de Rodríguez Zapatero. ¿A quién beneficiaría hoy que dimitiera Casas? Es la pregunta del millón, incluso reconociendo que María Emilia Casas ha pecado de ‘pardilla’.