¿Qué es preferible ser injusto o padecer la injusticia?

Creo no ser exagerado al protestar por la dictadura silenciosa imperante en los medios de comunicación. Día sí y día también asistimos a un seudo-terrorismo censurador de aquella información que llega a la opinión pública. Quizás sea un pacto de silencio sobre realidades que contradigan a los políticos de turno que nos mandan, a quienes por cierto les pagamos nosotros el sueldo. Tal vez sea una autocensura que “nos evite los disgustos” de conocer  la cruda realidad. Sea como sea, el dirigismo estatal campa de nuevo a sus anchas en nuestro país.

Entenderán mi atrevimiento en relacionarlo con la improvisación del gobierno central ante nuestra crisis galopante, ante las perdidas multimillonarias por huelgas previsibles y no bien afrontadas, ante la sinrazón de las bombas de terroristas –tal vez perceptores de alguna ayuda económica oficial- al diario El Correo; ante leyes educativas en contra de las opinión de inmensidad de asociaciones de madres y padres de familia que ven conculcados sus derechos constitucionales de poder elegir escuela o de educar moralmente a sus hijos según sus convicciones.  Pues no, no puede ser que a estas alturas de la historia de la humanidad alguien se vaya a conformar con que impere la “ley del más fuerte”.

"Quiero ser optimista, pero por lo que se ve, ni el gobierno central ni los autonómicos - al menos por lo que respecta a Cataluña- están afrontando las necesidades con rigor y transparencia"

¿Qué hacer? ¿Es suficiente con  intentar no ser uno injusto, ir a votar “el mal menor” y que cada palo aguante su vela? Evidentemente no. Un país democrático no puede consistir en una ciudadanía de súbditos, ni en una partitocracia sin vocación de servicio a todos. Sí es posible y urgente que desde la sociedad civil surjan más iniciativas para orientar y sensibilizar a los políticos sobre lo que parece mejor, más prioritario para el bien común.  Entonces, en esos temas, poner todas las fuerzas, buscar consensos, aglutinar sensibilidades. Los políticos, si quieren, lo pueden hacer bien. Para eso hace falta que no les embrujen los faustos del poder.

Pero, ¡ay!, muchas veces ya vemos que es  difícil. El interés particular y cierta inercia de “rodillo” arrasan y desdibujan lo que ocurre, tirando balones fuera, atrasando soluciones eficaces y que sirvan para el bien común. Ya veremos lo que ocurre con el precio de la luz, la subida de los combustibles, el encarecimiento acelerado de la cesta de la compra, etcétera. Lo pagaremos los mismos de siempre, la gente de a pie. Quiero ser optimista, pero por lo que se ve, ni el gobierno central ni los autonómicos - al menos por lo que respecta a Cataluña- están afrontando las necesidades con rigor y transparencia.

Como muestra, un botón. Imagínense ustedes que mientras un consejero de educación como el Sr. Ernest Maragall  habla ensimismado sobre excelencia educativa, recibe por parte de padres de familia catalanes un cuarto de millón de alegaciones a su Proyecto de Ley de Educación, pues conculca derechos fundamentales para toda la comunidad educativa.  Pero no se crean ustedes, ni caso, ¡eh! 

Para más señas, ¿a ver en cuántos medios aparece tratada con objetividad esta noticia?: El lunes día 9 de junio, por la tarde, en la Vía Augusta barcelonesa, de una manera familiar y festiva,  varios miles de ciudadanos pidieron libertad para elegir la educación que consideren oportuna para sus hijos.  Había cámaras y periodistas. Será la prueba del algodón. Ustedes mismos lo comprobarán. No digan que no les avisé.