ZP, atrapado en su spa

El sector del transporte tiene problemas que nos afectan a todos: la subida de los carburantes y la caída de la actividad. Y problemas propios: intrusismo y contratos firmados en base a otros costes diferentes a los actuales. Es lógico que quieran ayudas. Se entiende que pidan al Gobierno medidas para paliar sus economías. Pero, no sólo piden cosas a las que el Gobierno no puede dar cobertura, sino que depende de que ayudas se les den abrirían una espiral de peticiones y una espiral de agravios.

   Por ejemplo en carburantes el Gobierno puede hacer poco, puesto que España ya aplica los mínimos regulados por la Unión Europea. Y en cuanto a la tarifa mínima estaría fuera de las reglas de la competencia y sería impensable. Estaríamos ante una petición que supondría que el Gobierno puede fijar el precio mínimo al que los promotores podrían vender sus pisos  en stock o fijar el precio mínimo al que se podrían vender los limones. No cuadra en una economía de mercado.

   Lo que sí hubiera podido hacer el gobierno hubiera sido anticiparse a un paro anunciado  el 21 de mayo. Y desde luego tomar medidas que si bien a corto plazo no pueden tener efecto, sí lo tendrán a largo plazo. Por ejemplo, una política energética que reduzca la dependencia extraordinaria de España del petróleo y reducir el volumen de mercancías que se transportan en nuestro país por carretera y que supera el 80 por ciento. 

   Pero, claro eso significa trabajar, ponerse manos a la obra y dejar la siesta en la que parece haberse instalado desde hace años. Reconocer que tenemos graves problemas, que vienen desde hace años y que no se ha hecho nada. Los problemas del transporte los arrastran otros muchos sectores y millones de ciudadanos: cae el consumo, baja la actividad, suben las hipotecas y los presupuestos no salen. El resultado final ajustarse incluso con la pérdida de puestos de trabajo. Hay sectores que ahora están sobredimensionados y que tendrán que pensar en reestructuración.