¿Le parece excesiva la subida del 11% en la luz que pide la CNE?

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha aprobado en la tarde de este martes un informe en el que recomienda al Ministerio de Industria que aplique una subida del 11,3% de la tarifa de la luz a partir del 1 de julio, informó hoy el regulador energético.

La decisión fue adoptada con seis votos a favor y tres en contra, indicaron fuentes del organismo a Europa Press. Los técnicos del regulador ya habían expresado a finales del año pasado la conveniencia de aplicar subidas en la tarifa que trasladasen a la factura los costes reales de la energía.

En las conclusiones de su propuesta, el organismo presidido por María Teresa Costa, señala que, de acuerdo con la memoria de Industria, el coste de generación considerado de las tarifas actualmente vigentes fue de 53,67 euros por megavatio/hora (MWh), por lo que afirma que "con las señales actuales de precio existentes en los distintos mercados, un escenario razonable" sería considerar 66,14 euros MWh, lo que supone un ajuste medio del 11,3% para asegurar que no se genere déficit adicional al reconocido 'ex ante'.

Así, subraya que una estimación del precio de generación por debajo del que finalmente se le va a reconocer al distribuidor en el suministro tendría "efectos negativos" en la actividad de comercialización y haría "aún más grave" el problema asociado al déficit tarifario. Sin embargo, añade que si el precio considerado resultase ligeramente superior respecto a la realidad final, el exceso de ingresos se podría utilizar para compensar parte del déficit que se acumula por el déficit 'ex ante' reconocido en las tarifas de acceso.

Además, la CNE afirma que podría ser necesaria una revisión del marco regulatorio actual de los mercados mayoristas eléctricos, ya que los cambios producidos en el modelo regulatorio, que han afectado a partes fundamentales de su diseño (cancelación de la regulación de los CTCs, modificación del mecanismo de garantía de potencia y sustitución por el sistema de pagos por capacidad, introducción de los derechos de emisión de CO2, etc.), pudieran haber afectado negativamente a su eficiencia.

   La CNE destaca que esta revisión podría afectar no tanto al nivel marginal de precio en el mercado como a la brecha cada vez mayor que el nuevo escenario de precios de los combustibles fósiles ha abierto entre los márgenes de las tecnologías marginales e infra-marginales (fundamentalmente hidráulica y nuclear).

 Además, la CNE cree también necesaria la actualización del concepto de la tarifa social, considerando parámetros de ingresos y no parámetros eléctricos; así como que se actualice la asignación del concepto de pagos por capacidad, en línea con los ingresos que por este concepto reciben los generadores.

 Déficit millonario

Por otra parte, el regulador energético estima que el déficit por actividades reguladas que se generará entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año con un coste de generación de 66,14 MWh ascenderá a cerca de 2.750 millones de euros.

Además, ante la inminente desaparición de las tarifas generales de alta tensión, tarifa horaria de potencia y tarifas con destino a los riegos agrícolas, y teniendo en cuenta el volumen de consumidores afectados por dicha medida, la CNE considera necesario que las empresas distribuidoras notifiquen el cambio normativo por correo certificado o cualquier otro medio que garantice fehacientemente la comunicación a los consumidores afectados que aún no hayan optado por adaptarse.

 No obstante, cree necesario establecer un periodo transitorio con objeto de dar a todos los suministros afectados la posibilidad de elegir comercializador en el mercado libre. Así, considera recomendable introducir una disposición transitoria en la Orden para establecer la obligación a los distribuidores de informar sobre el suministro de último recurso que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2009.

Este informe de la CNE tiene como novedad que hasta el momento era el Ministerio de Industria el que remitía una propuesta trimestral de revisión del precio de la luz al regulador, que se encargaba de elaborar una opinión no vinculante después de haberla consultado con el sector, agrupado en torno al consejo consultivo de la electricidad.

No obstante, a partir de la revisión del 1 de julio es el propio regulador energético el organismo encargado de elaborar la propuesta tarifaria, que se enviará a Industria para que tome la decisión final.