...y con el mazo dando

Otra cosa, como que no, pero habrá que reconocerle al cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, la condición de afamado sofista. En esto el prelado es habilísimo. El domingo, sin ir más lejos, fue capaz de meter en el mismo saco el divorcio, el aborto, la eutanasia, los matrimonios homosexuales, la –supuesta—legalización de la eutanasia y del suicidio asistido, la investigación con células madre, el sainete de la placa de Santa Maravillas de Jesús y una sentencia de un juzgado que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, obliga a la retirada de crucifijos en un colegio público de Valladolid. El conjunto de todos estos temas tan dispares monseñor Cañizares lo resume en la cristofobia que, según él, aqueja a la sociedad española.

Se vé que ayer, último de los domingos del tiempo ordinario, y exaltación de Cristo Rey en la liturgia católica, había que dejar de lado el rogar a Dios para dar con el mazo dialéctico. De ahí a celebrar una jornada por la “Iglesia perseguida” hay sólo un corto paso. Es lo que piensa, naturalmente, Su Eminencia. Y no sólo lo piensa, sino que lo dice a través de sofismas, esa perversión de la lógica aristotélica.

Tanto el arzobispo toledano, como muchos de sus hermanos españoles en el Episcopado andan en la interesada confusión del tocino con la velocidad, el Altar con el Trono, el culo con las témporas. Si para un sector de los obispos y poderosos laicos afines la legalidad constitucional –que el propio gobierno socialista (in)cumple con irritante lenidad— es una persecución religiosa cabe hablar de notoria mala fe y de un descarado ánimo coactivo. Aquí, por lo que claman es por el seguir manteniendo un estatus de privilegio, no sólo económico, sino social. Pese a su implantación sociológica, la Iglesia Católica, dicho sea con la Constitución de 1978 en la mano, merece el mismo respeto que cualquiera de las otras iglesias y confesiones religiosas presentes en nuestra sociedad. Para el Estado no hay –no debería haber-- confesiones de primera –la Católica— y de segunda –el resto--, porque el ordenamiento jurídico vigente lo impide.

Que, de acuerdo con su cosmogonía y cuerpo doctrinal, la Iglesia Católica rechace el divorcio, el aborto, la –supuesta— eutanasia y los matrimonios homosexuales, sólo obliga a quienes libremente profesen ese credo. Ni el divorcio, ni el aborto ni el matrimonio homosexual son obligatorios. Pensar que los poderes públicos, además, deben ejercer de policía religiosa nos lleva no ya al nacionalcatolicismo de no hace tantos años, sino a una teocracia similar a la de los ayatollahs iraníes o a la corrupta monarquía saudí. ¿Qué tal si los obispos católicos, con mirada limpia y corazón abierto,  le dan un repaso a los Evangelios y al ejemplo de Jesús de Natzareth?