No llegamos a septiembre, con la “rentrée” y todas esas zarandajas, en condiciones que puedan suavizar las hondas preocupaciones de comienzos del verano. Las palabras permiten todo, pero los números son los números y dejan pocos resquicios al optimismo. Volvemos a estar en cabeza del dramático ranking del desempleo en el ámbito de la Unión Europea y con la certeza de que en el último trimestre del año –el probable “otoño caliente” que se avecina, no porque lo diga Rajoy, sino porque es lo que razonablemente cabe esperar de la situación– se acelerarán el crecimiento del paro, el empobrecimiento de las familias y la caída de miles de pequeñas y medianas empresas en algo más y peor que dificultades. Hasta el comercio está destruyendo empleo, por vez primera en mucho tiempo. Incluso el turismo, nuestro sector de actividad más consolidado y resistente, acusa ya serios recortes en los indicadores.
Con los ingratos números que describen la realidad, no puede dudarse que 2009 será, en todos los parámetros económicos, peor que este dramático 2008 en el que prácticamente nuestra economía ha dejado de crecer y se ha colocado en el umbral, si no lo ha cruzado ya, de la temible recesión. ¿Qué hace el Gobierno al respecto? Nadie lo sabe, algunos temen que no lo sepa ni el propio Gobierno, dedicada ahora monográficamente La Moncloa al esfuerzo de salvar, como sea y al coste que sea, el trámite de los Presupuestos.
Ni una sola buena noticia dulcifica el regreso a casa de los ciudadanos y la vuelta al trabajo de los afortunados que lo conservan. En todos los sondeos de opinión, lo mismo oficiales que privados, la situación de la economía, esto es, la crisis de la que algunos no quieren pronunciar el nombre y su aspecto más dramático en términos humanos, el paro, se mantienen, cada vez más destacados, en cabeza de las preocupaciones de los españoles, por delante incluso de ese terrorismo que acentúa su amenaza bifronte, principalmente el islámico, del que somos objetivo preferente, pero también ese otro más local que supone la historia interminable de ETA.
¿Alguien puede creer seriamente que en tres meses, para conseguir la aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, se va a dar solución a un problema de la complejidad, variables e importancia del sistema de financiación autonómica, con parámetros de equidad conciliados al gusto de todos? De momento, no está claro si para salvar el melón abierto por el compromiso de la vicepresidenta Fernández de la Vega o para eludir o alargar los plazos de ese compromiso, Rodríguez Zapatero, cabe temer que con la poco prudente pero frecuente estrategia de lanzar niebla sobre un problema con otra de mayor envergadura, ha abierto nada menos que la cuestión de la reforma constitucional. ¿Serán complacientes los partidos nacionalistas en el Congreso ante la expectativa de que el presidente, a cambio, esté dispuesto a impulsar, por vía de reforma constitucional, un nuevo modelo ya sea federal o plurinacional del Estado? ¿Y por qué va a ser más veraz ahora que cuando prometió lo que prometió a los nacionalistas catalanes para acudir después al viejo recurso de “si te he visto, no me acuerdo”?
Pero la cuestión importante es otra. Aunque fuera cierto, y este comentarista se encuentra entre los proclives a aceptarlo así, que la consolidación del modelo territorial de España llegue en su momento a exigir cierto grado de reforma constitucional ¿es prudente abrir ese importantísimo y nada impune proceso, de importantes derivaciones políticas, sociales y económicas, precisamente ahora, cuando el país cruza la fase peor de la crisis económica, y nadie, por lo menos nadie sensato, pronostica la llegada a la siguiente fase expansiva del ciclo para antes de 2011 ó 2012, cuando no más adelante? En tiempos de tribulación, la vieja sabiduría aconseja no hacer mudanza.
Malos tiempos en perspectiva. Los analistas más solventes vaticinan que, durante los próximos meses, los datos y números de la crisis irán casi todos a peor. Se acelerará la pérdida de empleo en casi todos los sectores de actividad, habrá algunos movimientos financieros incómodos, se agudizarán las dificultades de balance de un número creciente de empresas. Y sucede que los temas políticos de profundidad nunca son económicamente impunes. La prudencia aconseja dar tiempo al tiempo y centrar los esfuerzos políticos en lo que de verdad importa a todos, esto es, una lucha eficaz para suavizar el aterrizaje de la crisis y un consenso amplio en torno a las reformas necesarias para que, cuando llegue el momento del cambio a un siguiente ciclo positivo, sea posible un despegue seguro y capaz de ganar altura con rapidez.