Las ayudas alos familiares etarras

Aunque a no pocos vascos les haya parecido, según el reciente Euskobatrómetro, de escasa relevancia la sustitución de un Gobierno nacionalista por el Gobierno socialista de Patxi López, con apoyo externo del PP, no hay duda de que es una de las novedades políticas de gran relieve y trascendencia de los últimos años, y hay unos cuantos "detalles" que lo avalan y corroboran: el discurso del Rey se emite por la tele vasca, las banderas nacionales españolas vuelven a ondear en instituciones públicas vascas, la Ertzaintza se implica de manera creciente en la lucha contra ETA, tienden a desaparecer los símbolos etarras de la iconografía callejera de Euskadi...

Naturalmente, no todo se ha hecho ya, en unos pocos meses, pero es evidente que hay indicios y primeros síntomas de que las cosas han empezado a cambiar de manera sustancial en una Euskadi con tres décadas de gobierno del PNV. Uno de esos síntomas y datos es la supresión de las ayudas presupuestarias del Gobierno a los familiares de presos vascos para ir a visitar a dichos presos a las cárceles. En su momento, la decisión suscitó controversia y el caso llegó al Supremo. Ahora se conoce la sentencia del TC: El Tribunal Supremo (TS) considera que los anteriores Gobiernos vascos incurrió en un "exceso" en el ejercicio de sus competencias en materia penitenciaria, al conceder ayudas a los familiares de presos vascos para sufragar las visitas a los internos que cumplen condena fuera de Euskadi. Así lo argumenta el TS en una sentencia en la que rechaza el recurso del Gobierno del entonces lehendakari Juan José Ibarretxe contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló en 2005 las subvenciones del Ejecutivo autonómico para financiar estas visitas.

La orden, aprobada en julio de 2003 por la Consejería de Justicia, que entonces dirigía Joseba Azkarraga (EA), fue recurrida por el Gobierno central, aunque la intención del Ejecutivo vasco era mantener las ayudas a las familias de los presos hasta que finalice la dispersión. El Supremo insiste en que, pese a que el Estatuto de Autonomía vasco otorga la competencia en materia penitenciaria al Gobierno autonómico, ese ejercicio está condicionado por las trasferencias en materia penitenciaria, pendientes de aprobación. Además, argumenta que, aunque el País Vasco sí tiene competencias para conceder ayudas de asistencia social, esas subvenciones deben destinarse únicamente a los familiares de los internos de los centros vascos, "pues la territorialidad es un límite intrínseco al ejercicio de la competencia".

También recuerda que el tribunal vasco ya descartó la hipótesis de enmarcar dichas ayudas dentro del ámbito de la política social y no penitenciaria porque el propio preámbulo de la orden anulada declaraba que se hace en ejercicio del título del Estatuto referido a la "organización, régimen y funcionamiento de instituciones penitenciarias y de reinserción social". De esta forma, el Supremo sostiene que, en su sentencia, el TSJPV reprochó al Gobierno vasco un "exceso en el ejercicio de sus competencias en materia penitenciaria" por tener como objeto la asistencia social penitenciaria en cárceles situadas fuera del País Vasco. Mantiene además que el preámbulo de la orden impugnada muestra la "clara voluntad de paliar lo que se consideran efectos negativos" de la política penitenciaria del Estado, por lo que "el punto de conexión no es la vecindad administrativa", sino el territorio y, concretamente, la asistencia social penitenciaria en centros situados fuera de Euskadi.

Es otro dato indudable de que las cosas cambian, y a menudo con rapidez y profundamente, en los hábitos de la "vieja" Euskadi, a la que llegan los nuevos tiempos...