Problemas graves en la sanidad

La ministra Trinidad Jiménez está buscando acuerdos que hagan viable el mantenimiento de la sanidad pública y la cooperación entre autonomías, pieza básica en el mal llamado “sistema nacional de salud”. Mal llamado porque la ley de cohesión se hizo después de las transferencias y ahora la única sartén la tienen por el mando las autonomías y unos ciudadanos disfrutan de más derechos que otros. A pesar de todo, hay más paz que en etapas y con ministros/as anteriores, incluida Elena Salgado que también pasó por el despacho del madrileño Paseo del Prado.

Entre los temas a abordar ha estado siempre el de la sostenibilidad económica del sistema y, por tanto, el del copago. La ministra ha dicho que no van a tocarlo ahora, no sólo por el coste en votos, que es lo que le faltaba al PSOE, sino porque no quiere mermar derechos básicos de los ciudadanos. Ya veremos. Otro tema conflictivo es el del pago de los medicamentos. Cuando en 1998, el ministro Romay puso en marcha el segundo “medicamentazo” –excluir de la financiación pública una lista de medicinas destinadas a tratar síntomas menores y de baja utilidad terapéutica-, el PSOE montó en cólera y dos comunidades autónomas al menos se negaron a aplicarlo. De las dos, ya sólo queda Andalucía, porque Navarra acaba de pensar que con la crisis que nos asedia, más vale encontrar recursos donde sea. Y lo que ayer era negro, hoy es blanco. Es la sexta autonomía que legisla por su cuenta contra el gasto farmacéutico, que no hace más que crecer. Seguramente no puede ser de otra manera porque los tratamientos, los equipos y la asistencia son cada vez más específicos y más caros. ¿Podemos seguir pagando todo sin ningún límite? Sólo un acuerdo entre “caballeros” autonómicos lo puede hacer posible. Veremos.

El otro asunto que puede dejar temblando las arcas sanitarias es el “modelo Muface”. Aunque la progresía de salón se queja de la “privatización de la sanidad” cuando se habla, por ejemplo, de la política de Esperanza Aguirre, la realidad es que el Estado tiene privatizada la sanidad de los funcionarios desde 1975 y nadie protesta. Un millón de funcionarios y 600.000n familiares  gozan de asistencia sanitaria mediante convenios de MUFACE, su Mutualidad, con compañías privadas de asistencia sanitaria. También lo tienen, o lo tenían, algunas empresas privadas, como Banesto, por ejemplo. Eso le cuesta al Estado más barato, un cuarenta por ciento menos, que si tuviera que atenderles directamente y, sobre todo, evita que se sumen millón y medio o dos millones de personas a las consultas de la Seguridad Social. En los últimos años, unas 200.000 personas, al menos, se han visto forzadas a volver a ésta porque las empresas o las aseguradoras han roto los acuerdos porque cobran tarde y mal y pierden dinero. Parece que el Gobierno no quiere o no puede financiarlo mejor y que el modelo puede estar dando las últimas boqueadas. Si fuera así, la Seguridad Social entraría en una crisis peligrosa.