Gómez insiste en que el plan para aflorar empleo sumergido "no es una amnistía"

El Consejo de Ministros también ha aprobado la actualización del programa de estabilidad presupuestaria. En dicha actualización, se incluye la última revisión del cuadro macreconómico llevada a cabo por el Gobierno, en la que se ha elevado cinco décimas la tasa de paro para este año y un punto la del año que viene. Asimismo, el Gobierno ha revisado a la baja el crecimiento de los años 2012 y 2013. Tres meses para declarar los puestos de trabajo El paquete de sanciones que penalizan el empleo irregular, se amplía de los 626 euros a los 6.200, en el caso de las penalizaciones mínimas, y de las 3.126 euros hasta 10.000 las máximas, para aquellas empresas que no hayan declarado los puestos de trabajo a la Seguridad Social. Mientras que las sanciones para aquellos que hayan trabajado recibiendo la prestación por desempleo, se amplían de los 6.251 euros a los 187.000 en caso de las sanciones mínimas, y de los 10.000 euros a los 187.000 también en el caso de las sanciones máximas. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha detallado que el plan contra el empleo sumergido dejará a las empresas un plazo de tres meses, hasta el 31 de julio, para que declaren los puestos de trabajo, apartir de entonces las medidas se van a endurecer con las correspondientes sanciones. Las empresas tendrán facilidades de pago, pero, según ha señalado Gómez, "no habrá amnistía, no habrá perdón" para estas empresas, porque deberán pagar todo lo que adeuden a la Seguridad Social. Sin embargo, todavía falta conocer si a los trabajadores que sean dados de alta en el sistema de la Seguridad Social, se les reconocerá un período de cotización de seis meses, como se proponía en el primer borrador, o un año, como se proponía en el segundo borrador del plan, para poder acceder a futuras prestaciones de desempleo. El plan contra el empleo irregular entrará en vigor en junio de este año y su vigencia se prolongará hasta diciembre de 2012, según ha explicado Valeriano Gómez, que señala como principal objetivo de esta medida, el beneficio futuro para el conjunto de la sociedad y la economía del Estado. Se aprueban las reformas prometidas a la UE La iniciativa para luchar contra el empleo irregular se comprende en el conjunto de medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, para impulsar la competitividad, tal y como acordaron los líderes de la eurozona al aprobar el Pacto por el Euro. Este documento se estructura en cuatro capítulos: impulso de la competitividad, impulso del empleo, incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas y refuerzo de la estabilidad financiera. Para alcanzar ese objetivo, el plan contra la economía sumergida también incluye medidas para la reducción del déficit público, como la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para limitar el gasto de la Administración General del Estado en función del PIB nominal a medio plazo. Esta medida será de obligado cumplimiento por parte de la Administración central, pero el objetivo es que también se aplique a las comunidades autónomas. Precisamente, esta semana se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha dado luz verde a los planes de reequilibrio presupuestario de siete comunidades autónomas y ha fijado enun 1% el objetivo de déficit de las comunidades para 2014. Mientras, el propósito del Gobierno central es reducir el déficit del Estado del 9,2% del PIB actual, al 6% en este año 2011, y situarlo en un 4,4% para 2012 y un 3% en 2013. En ese objetivo, según ha señalado el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, también deben implicarse las comunidades autónomas. También se está estudiando un criterio espefíco que fijará por ley a qué actuaciones se podrá dedicar el superávit del Estado. Desacuerdo de patronal y sindicatos La patronal CEOE y las organizaciones sindicales han mostrado su desacuerdo con el plan del Gobierno para hacer aflorar la economía sumergida. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha señalado esta misma mañana que desconocía el documento definitivo del plan, pero considera que las medidas deberían comprender no solo aspectos laborales, sino también fiscales, Rosell ha añadido que "una cosa es hacer aflorar el empleo irregular y "otra cosa ver cómo y de qué manera". Mientras, las organizaciones sindicales rechazaron el primer borrador del plan contra el empleo irregular presentado por el Gobierno, por considerarlo "desequilibrado" y han criticado el segundo documento. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que el plan del Ministerio de Trabajo contra el empleo irregular no será suficiente para hacerlo aflorar, a pesar de los cambios que ha introducido en su borrador el departamento que dirige Valeriano Gómez a petición de los sindicatos. En este mismo marco de medidas comprometidas por el Gobierno en el Pacto por el Euro se enmarca la creación de una Comisión Asesora de Competitividad, presidida por el exministro de Economía, Miguel Boyer. Este conjunto de medidas enlazan con el pacto social y económico, suscrito entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y que comenzó con la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años. Ese pacto está ahora pendiente de la reforma de la negociación colectiva que previsiblemente se aprobará en mayo, como uno de los acuerdos más inmportantes para cumplir el pacto por la competitividad de la eurozona. 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