¡Que no me convencen, que no!

Lo siento, pero no me convencen. Ni Las más que previsibles exigencias del atildado Jean Claude Trichet, que se ha debido poner insoportable tras comprar deuda española. Tampoco la segura inquietud de la vicepresidenta Elena Salgado a la que le puede haber llegado información confidencial de que Moody´s, Standard and Poor's, o  Fitch no preparan alguna otra faena de rebaja de calificación. Lo siento, pero no me bajará del burro José Luis Rodríguez Zapatero, quien al parecer se encuentra cada vez mejor en su papel de “inmolation man” y no pierde ocasión para asumir todas las medidas impopulares que se le ocurran hasta el mismo 19 de noviembre. Que hay que ver ¡que este hombre no para de darle disgustos a los electores de izquierda! Será lo que sea, que explicar no nos  han explicado por qué de repente, en quince días de calorina, nos cambian la Constitución. Los argumentos defendidos  por los ponentes de la reforma, el socialista José Antonio Alonso y la popular Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso, fueron la lectura medida de los respectivos argumentarios del PSOE y el PP elaborados ad hoc: que si despejar incertidumbres en los mercados, que si dar confianza a los inversores, que si demostrar que este es un país serio que va a pagar sus deudas, ¡faltaría más!, que si… Con estos métodos expeditivos de reforma express y este fundamento de seguir contentando a los mercados se nos abren las carnes a muchos de  los que vivimos el alumbramiento de la Carta Magna como un largo pero ilusionante proceso que llevó más de dos años a la búsqueda del mayor consenso posible. Y no es cuestión de nostálgicos, que va. Claro que hay que reformar la Constitución: vivimos malamente obedeciendo una especie de Tablas de la Ley que no saben ni de igualdad de género para mandar, ni de Unión Europea, ni que este Senado no sirve,  ni del euro, ni de Internet ni de una y mil cosas que nos han cambiado la vida desde aquel venturoso pero ahora parece que jurásico diciembre de 1978. Pero da muy mal rollo que nuestra avejentada  Ley de Leyes pierda más consenso político –se desangra a la izquierda del PSOE, que antes hacía piña con el bloque constitucional; aumenta entre los nacionalistas, con la desafección de la antes entusiasta Convergencia i Unió- . Aunque más fuertes serán escalofríos que va a sufrir el sistema, cuando el Senado remate la faena dentro de unos quince días, y suframos un desgarro dramático, otro más, del consenso social. Porque la nueva Constitución después de la reforma express va a empezar a dividirnos casi tanto como debería unirnos. En tiempos de indignación generalizada con los políticos y el sistema no se me ocurre más devastadora  gasolina para el fuego encendido por el movimiento del 15-M que cambiar ahora una Constitución sin referéndum. Un referéndum que no se convoca porque legalmente no es necesario, es verdad, pero además porque es seguro que lo perderían quienes lo convocaran. Hoy lo expresaba así uno de los diputados del PSOE más convencidos de la necesidad de la reforma: ”ese referéndum se iba a convertir en un referéndum contra la clase política; sería la victoria total de los indignados del 15-M.” Aparentemente la buena noticia es que por una vez, después de una insoportable bronca que ha aburrido al personal durante siete años largos, PSOE y PP logran un acuerdo sin fisuras instantes antes de que suene el último gong de la Legislatura, en un ejercicio de voluntarismo sin garantías de éxito: ¿vamos a evitar de verdad que la Unión Europea intervenga la economía española como si fuera la griega anunciando desde ya una medida de limitación constitucional del déficit que será efectiva solo allá por el 2020? Que no, que no me convencen. El sorprendente consenso PSOE-PP de ahora era más, muchísimo más  urgente antes para evitar por ejemplo el insoportable bloqueo institucional que sufre este país. Era exigible para acabar con la insostenible situación del Tribunal Constitucional, con tres magistrados pasados de mandato y una vacante sin cubrir desde hace tres años, pero que ha decidido asuntos de la trascendencia del Estatuto catalán o la legalidad de Bildu y que puede afrontar ahora cambios sustanciales en la vida de muchos ciudadanos abordando asuntos pendientes como el matrimonio homosexual, la nueva regulación del aborto o la libertad de presos de ETA por la doctrina Parot. Ese consenso sí que era apremiante no el que va a parir este artificio de ingeniería constitucional. Vaya, que no…