La cifra que leen en el título -647.869.157,45- no es un premio record del Euromillón o de la Primitiva, aunque para algunos haya sido una lotería, no, es la cifra librada por la Junta de Andalucía para respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis, vamos, hablando en plata y para que todos ustedes me entiendan, el dinero público que la administración autonómica ha destinado a los polémicos EREs fraudulentos. Casi seiscientos cincuenta millones de euros que, traducidos a pesetas, son, nada más y nada menos, que ciento ocho mil millones. ¡Qué barbaridad! ¿verdad?¿Cuántos puestos de trabajo se podían haber creado si todo esa ingente cantidad de dinero público se hubiese invertido no en pagar prejubilaciones ni bajas incentivadas, sino en crear empresas bien gestionadas? ¿cuántos hospitales, cuántos colegios, cuántas carreteras se podrían haber realizado? Uno se pierde con estas cifras millonarias y se indigna cuando el Gobierno central o la Junta de Andalucía dicen que no hay dinero para los parados, para los jubilados, para la cultura o para la investigación y el desarrollo. Desde luego que no lo hay. Y no por la crisis, sino porque se ha dilapidado a manos llenas y sin el más mínimo control. Es cierto que no todo ese dinero se ha defraudado, pero fuentes solventes afirman que el fraude estaría en torno al treinta o el cuarenta por ciento del total de las subvenciones concedidas, aunque no todo el dinero concedido en dichas subvenciones se habría empleado mal o ilegalmente. Todo parece indicar que la cifra total defraudada podría ascender a algo más de veinticinco millones de euros, es decir, algo más de cuatro mil millones de las
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antiguas pesetas, una cantidad nada desdeñable.
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, y los voceros del PSOE andaluz, incluido el ex presidente
Manuel Chaves y su acólito
Gaspar Zarrías, insisten en que ha sido la Junta la que ha llevado este caso a la Justicia para demostrar la probidad del Gobierno de
José Antonio Griñán. Ja, que me mondo y me parto. Si fuera así no se entiende que la Junta haya descubierto tan sólo sesenta casos de fraude, mientras las fuerzas de seguridad y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, han detectado ya casi ochocientas empresas y hay abiertos casi seis mil expedientes en las ocho provincias andaluzas. Como se sabe, el fraude investigado consistía en contratar a trabajadores para recibir las ayudas de la UE al empleo, que gestionaba la Junta de Andalucía. Una vez dados de alta en la Seguridad Social y cobrada la correspondiente subvención, el empresario despedía a sus nuevos empleados. Las autoridades andaluzas no cruzaban después sus datos con los de la Seguridad Social, de modo que para ellos esas personas seguían trabajando. Según ha publicado ABC, «por ahora no se puede hablar de una implicación delictiva de la Junta en los hechos, pero parece evidente que ha habido al menos un comportamiento negligente porque no se hacían las comprobaciones oportunas». De hecho los dos directores generales de Trabajo y Seguridad Social que se han atrevido a hablar tras el escándalo, Francisco
Javier Guerrero y su sucesor,
Juan Márquez Contreras, defienden la "escrupulosa legalidad" de sus decisiones y afirman que lo hacían para solventar "dramas familiares" de las "pobres criaturas" que iban a ser despedidas de su empleo. No lo pongo en duda. Lo que sí es más opinable es que esas decisiones las tomaran ellos sin el previo consentimiento de sus consejeros (José Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla o
Antonio Fernández, actual presidente del Consejo Regulador del Jerez) o del propio presidente de la Junta, que en los momentos críticos de los EREs no era otro sino el actual vicepresidente tercero del Gobierno de
Rodriguez Zapatero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.
Con todo, el espectáculo no ha hecho más que empezar. No sé si al final, la Fiscalía Anticorrupción tomará cartas en el asunto, lo dudo, pero basta con la investigación que está llevando a cabo la jueza
Mercedes Alaya en el Caso Mercasevilla y el rastro que atufan las pesquisas hechas por la Junta, para saber que lo de los EREs puede ser la puntilla que obligue a Pepe Griñán a abandonar su carrera por presidir la Junta de Andalucía con el respaldo de las urnas. Algunos dentro de su propio partido, incluidos Manolo Chaves y Gaspar Zarrías, estarían encantados si Griñán imitara al
Zapatero y, finalmente, decidiera no presentarse en 2012. Ya veremos en qué queda la cosa.
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