Las patronales agropecuarias denunciaron un "apriete político" del Gobierno y volvieron a acusarlo de "buscar embarrar la cancha" en las negociaciones sobre las principales problemáticas del campo.
Tras una reunión que mantuvieron en Buenos Aires, dirigentes de las cuatro mayores entidades rurales del país informaron que recibieron una citación judicial a raíz de una presentación hecha por el secretario de Comercio Interior
, Guillermo Moreno.
El funcionario, que ya había sido acusado de
"amenazas y presiones" por los productores agropecuarios, pidió que se aplique la Ley de Abastecimiento para garantizar la provisión de carne en el mercado doméstico.
A partir de la presentación efectuada por Moreno, el juez
Marcelo Aguinsky citó a una audiencia a las entidades rurales y al Gobierno para "
garantizar el abastecimiento" de carne, indicaron fuentes judiciales citadas por la edición digital del diario La Nación.
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Hoy tuvimos un apriete político. Recibimos una intimación para presentarnos en un juzgado por el tema del abastecimiento. Estamos convencidos de lo que vamos a hacer y vamos a seguir adelante", indicó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas,
Mario Llambías.
El titular de la Sociedad Rural Argentina,
Luciano Miguens, expresó a su vez que "n
o cabe duda de que hay un apriete político y esto no ayuda, es buscar embarrar la cancha cuando las cuatro entidades mostraron voluntad de diálogo".
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Estamos trabajando y buscando soluciones y nos acusan sin motivo. Nosotros cumplimos en abastecer el mercado, en cambio el Gobierno no cumplió con la promesa de reabrir las exportaciones", declaró a periodistas.
Los dirigentes no quisieron aventurar cómo se llegará al 2 de mayo próximo, día en que vence la tregua de un mes establecida por el campo a comienzos de abril, cuando las entidades agropecuarias suspendieron una huelga comercial de tres semanas que derivó en desabastecimiento de alimentos en las principales ciudades del país.
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El tiempo apremia y estamos lejos de un acuerdo. No hemos avanzado lo que deberíamos", expresó Miguens.
El detonante del conflicto fue el aumento de los impuestos a las exportaciones de soja y girasol.
Luego de la apertura de una mesa de negociación, el Gobierno y las patronales rurales fijaron una agenda de trabajo para resolver los temas más urgentes del campo, entre los que incluyeron los granos, la ganadería, los productos lácteos y las economías regionales.
Hasta el momento las partes acercaron posiciones para normalizar el mercado de la carne, aunque el acuerdo quedó trabado en las últimas horas.
Los dirigentes del campo se habían comprometido a garantizar el abastecimiento para que bajen los precios de 13 cortes populares a cambio del levantamiento a las restricciones para exportar el producto.
Sin embargo, ninguna de estas medidas se ha llevado a la práctica hasta hoy.
Técnicos de las patronales agropecuarias rechazaron este martes una iniciativa oficial para regularizar el mercado del trigo y entregaron al secretario de Agricultura,
Javier de Urquiza, una contrapropuesta que hasta ahora el Ejecutivo no ha respondido.