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Europa pone en marcha una directiva de retorno (de la vergüenza, de la infamia o de la indignidad para muchos) que permite retener a un inmigrante irregular hasta dieciocho meses en campos de internamiento mientras se tramita su repatriación. Se reducen las políticas de reagrupación familiar y, en general, se limitan los derechos de los inmigrantes. El Gobierno español no ha votado en contra de esta medida, aunque promete no aplicarla, ya que, ahora el límite máximo es de 40 días. Ya lo veremos, porque su política de inmigración se está escorando peligrosamente y empieza a situarse en el otro lado, en el que antes criticaba. De Caldera a Corbacho hay tantos kilómetros como los que separan España de África. Pero encima de los dos estaba, y está, Zapatero que ha cambiado radicalmente sin dar explicaciones. En Italia quieren poner en marcha un banco de ADN y huellas de niños gitanos... ¿Dónde vamos?

   En Cataluña, la Generalitat ha aprobado otra medida polémica, como es crear aulas de integración de los inmigrantes que llegan al sistema educativo, de manera que puedan aprender el idioma -otra cosa es qué idioma- y a integrarse en la nueva sociedad. Corbacho, otra vez, se ha apresurado a aplaudir la medida, que algunas ONGs critican. En este caso, si el sistema es temporal, muy controlado, voluntario y con objetivos vigilados, tal vez sea buena porque puede permitir que la incorporación al aula sea positiva para los que vienen de fuera y para los que ya están en ella. Pero también deja la puerta abierta a la arbitrariedad, a crear guetos, a la estigmatización de los niños "diferentes". Además, ya existen las aulas de acogida y, éstas, en lugar de integrar pueden segregar. Estamos jugando en la delgada línea roja en la que los derechos de los inmigrantes, personas como nosotros, pueden ser papel mojado. 

   Somos un país de inmigrantes que ahora acoge a inmigrantes. Eso debería bastar para tener una política positiva de acogida. Debería ser suficiente, también, para tener un pacto de Estado sobre la inmigración, para acordar políticas entre los principales partidos y para apoyar más a aquellas comunidades autónomas que más sufren el problema. Las imágenes de las pateras, los terribles casos de los últimos días, deberían hacer que España aplicara dentro y encabezara en Europa una política absolutamente respetuosa con los derechos humanos, precisamente, ahora, en vísperas del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Europa puede pretender blindarse ante los inmigrantes, pero si las diferencias entre el Norte y el Sur siguen aumentando en todos los terrenos, si el despilfarro se enfrenta al hambre, no habrá blindaje posible. Ni con leyes ni con fronteras ni con campos de internamiento.