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Una de las secuelas de la intervención armada contra la guerrilla colombiana en suelo de Ecuador ha sido la sustitución del ministro de Defensa –el cuarto recambio ya durante el actual mandato del presidente Rafael Correa– y la fulminante destitución, decretada por el presidente, de la cúpula militar de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En un gesto poco habitual, el presidente Correa ha señalado abiertamente las razones de su proceder: la existencia de estrechos vínculos, no controlados por el poder político, entre los mandos militares y los servicios de Inteligencia estadounidenses en la zona.

Según el alto mandatario, la información de inteligencia militar con la que se planeó la incursión armada colombiana contra el grupo de las FARC, acampado en Ecuador, en la que lógicamente se estima esencial la contribución norteamericana, pudo ser conocida por los servicios militares ecuatorianos, debido a su estrecha colaboración profesional. Los mandos militares no habrían trasladado con lealtad a su gobierno nacional toda la información que previsiblemente debían poseer sobre esta relevante operación. No es creíble que toda la fase previa a la ejecución de una operación militar de estas características, que por la precisión de la acción debió ser extensa en detalles y prolongada en el tiempo, se haya producido con total desconocimiento de la Inteligencia Militar ecuatoriana. Así que, por deslealtad o por incompetencia, el presidente de la República ha retirado su confianza a los responsables políticos y militares de la Defensa.

Los medios califican la decisión de Correa de purga militar. Técnicamente no puede hablarse de una purga, puesto que no se trata de la expulsión, con carácter extraordinario y por motivos políticos, de funcionarios públicos de la organización en la que están encuadrados sino de algo mucho más ordinario como es la periódica remodelación de cargos públicos, también los puestos de naturaleza militar, designados en función de la confianza política. El presidente de la República, en el ámbito de sus competencias constitucionales, ejerce su poder al designar y cesar a las personas que deben desempeñar determinados cargos.

La medida ha caído mal en la oficialidad ecuatoriana, especialmente en los cuarteles de las poderosas fuerzas terrestres. Los generales afectados directamente han reaccionado con indisimulado, y comprensible, malestar por lo que entienden que es una gravísima imputación del presidente y una desconsideración a las Fuerzas Armadas. El pulso del presidente Correa con la institución militar, en su intento por someter su actuación al control civil –de todos sus componentes, también de los servicios de Información–, es serio, haciéndolo patente mediante la designación de Javier Ponce como nuevo ministro de Defensa, precisamente uno de los asesores presidenciales que se han mostrado más críticos en el pasado con los militares.

El acatamiento de las decisiones políticas por parte de las Fuerzas Armadas, aunque transciendan públicamente las reticencias internas, indica la magnitud del cambio de modelo de relaciones civiles-militares operado en América Latina. Podrá discutirse la oportunidad o el acierto de las medidas adoptadas, pero es innegable ya la legitimidad de adoptarlas que le corresponde al titular de un poder democráticamente establecido. El asunto tiene su importancia porque hace sólo una década un desencuentro como éste amenazaría el poder de cualquier presidente, mientras que hoy ha desaparecido del escenario político la viabilidad de un golpe militar. Felizmente, se constata que la autonomía militar está desautorizada en Latinoamérica, aunque todavía subsisten en países que presumen de Democracias avanzadas, determinados flecos como la injustificada división civil-militar de los ámbitos de la Administración Pública o la Justicia.