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Una de las experiencias pioneras en Europa para combatir la lacra de lo que ya se reconoce comúnmente como violencia machista o violencia sexista, son las leyes emanadas de las Cortes españolas y del Parlamento Gallego contra la violencia de género aprobadas respectivamente en diciembre de 2004 y agosto de 2007. Son dos magníficos ejemplos del acuerdo entre todas las fuerzas políticas decididas a consensuar una legislación que previamente fue discutida con las organizaciones representativas de mujeres, sindicatos, organizaciones profesionales y todo tipo de agentes sociales implicados en el asunto, hasta conseguirse un texto en el que todos y todas pudieran sentirse representados. Late en ellas el mismo espíritu de aquellos Pactos de la Moncloa que permitieron a los españoles encarar el camino de la Democracia a finales de los 70, y siguen advirtiendo de la necesidad de unidad para conseguir que la letra escrita de la ley se convierta en uso y costumbre aceptados y asumidos por el conjunto de la ciudadanía. 
 
El desarrollo de lo legislado y de las medidas tomadas por los gobiernos central y autonómico, siguen teniendo un camino por delante aunque en este tiempo se ha conseguido uno de sus más importantes fines: incrementar paulatinamente la conciencia de que la violencia contra las mujeres es una lacra social y un atentado contra la humanidad, hasta el punto de que este asunto se ha incorporado plenamente a la agenda política, social y mediática, tanto en España como en Galicia, como en pocos otros lugares del mundo.
El mayor grado de sensibilidad social ante esta violencia se constata por el dato de que antes de 2004 el Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) la situaba en un 2'6% mientras que ahora se encuentra en torno al 3'1% con picos que rondaron en algunos momentos el 6,7%.

Si bien la sensibilización es uno de los objetivos estratégicos, debe ir seguida de un cambio profundo de las pautas de comportamiento que están en la raíz de la violencia. Ese cambio requiere de actitudes proactivas por parte de la ciudadanía que aún no se siente parte del problema. De aquellos y aquellas que piensan que es un asunto privado y propio de la familia que vive al otro lado de la puerta de nuestra casa. De los hombres también, no sólo de las mujeres. Porque sin esa complicidad y sin esa implicación, seguirá habiendo comportamientos impunes y asentimientos fatalistas como si lo que es tan antiguo como la historia de la humanidad fuera imposible de mudar por nuestra voluntad libre y decidida.

Para el cumplimiento de la Ley Integral, el gobierno de España había invertido, en los tres primeros años de su aprobación, casi 800 millones de euros y para 2009 dedicará cerca de 300 millones de euros (un 21% más que en 2008): Esto permitió la creación de instituciones específicas de tutela institucional, juzgados especializados y exclusivos, fiscalías especiales, cuerpos especializados de seguridad, profesionales especializados en violencia en las áreas de atención sanitaria y de los servicios forenses, y recursos asistenciales y económicos derivados del reconocimiento de nuevos derechos para ayudar a las mujeres a salir de la situación de violencia.

Del resultado de las medidas adoptadas hasta la fecha pueden destacarse la coordinación en el ámbito sanitario entre las unidades de valoración forense y los centros de atención sanitarios, así como las medidas específicas para los colectivos de mujeres en situación de mayor riesgo y, particularmente, las mujeres inmigrantes. Otro aspecto de especial relevancia son las actuaciones destinadas a promover el empleo entre las víctimas de violencia, como una de las medidas más importantes para lograr su autonomía económica y personal, y por tanto, su recuperación.

En cuanto a la ley gallega, tiene también una parte muy importante dedicada a las prevención, sensibilización, formación e investigación contra la violencia de género, que se traducen en medidas en el ámbito educativo, de la formación y de la mediación familiar. La ley profundiza y establece instrumentos y medidas claras en la protección y asistencia, para lo que incluye mecanismos de asistencia sanitaria, atención psicológica gratuita y especializada y un protocolo de actuación uniformizado, con pautas de actuación sanitaria ante los casos de violencia de género.

Pero establece, además, medidas en el campo judicial, como el servicio de atención 24 horas de asesoramiento jurídico, que se completa con la asistencia letrada gratuita. Acompañada de una línea para impulsar y promover el diseño y la implantación de sistemas de alarma destinados a las mujeres en situación de riesgo, que deben favorecer una respuesta rápida y eficaz en estas circunstancias.

Existen otras medidas de tipo asistencial y de atención, como las que se refieren al ámbito del empleo, la vivienda o la economía, y además se establece con rango de ley, no como algo discrecional, una prestación económica dirigida a las mujeres que sufren violencia de género y se fija, también, un procedimiento abreviado para acceder la Renta de Inserción Laboral (RISGA), destinado la aquellas mujeres que sufran violencia y cumplan los requisitos, así como un fondo de garantías de indemnizaciones. La ley galega recoge también la creación de una red de protección y asistencia, un Centro de Recuperación Integral y Atención Permanente y el Observatorio gallego contra la Violencia de Género.

En resumen, lo primero es reconocer que existe un problema, luego hay que dimensionarlo, poner medios a disposición de los y las afectadas y sus familias y, simultáneamente, hay que denunciarlo como una patología social en la que todos y todas tenemos algo que hacer, algo que decir.

Por eso en un día como el de hoy tiene tanto sentido reivindicar el lema de la campaña que puso en marcha hace unos meses el Ministerio español de Igualdad: Contra el maltratador, tolerancia cero.

A nuestra Colectividad en Argentina les pido su apoyo para esta idea. En vosotros y vosotras confío. En vuestro sentido de la solidaridad y la justicia, para que os impliquéis en esta causa que conlleva más libertad, más derechos, más ciudadanía, más dignidad. Combatir la violencia que se ejerce contra una mujer porque alguien considera que tenga alguna prevalencia de autoridad, ya sea física, moral, familiar, o de cualquier tipo por pertenecer al otro sexo, es una cuestión de conciencia. De salud mental y emocional. De modelo de convivencia.

Hablemos de ello. Movilicémonos. Actuar es empezar a cambiar.

María Xosé Porteiro
Delegada de la Xunta de Galicia en Buenos Aires