DIARIO HISPANO BOLIVIANO

Aunque la movilización se había anunciado varias horas atrás, los mineros, que llegaron en buses desde Oruro, sorprendieron a la Policía al ingresar hasta la manzana donde se encuentran las oficinas del tribunal, donde radica un recurso contra la nacionalización del yacimiento Posokoni presentado por el diputado Peter Maldonado (UN).

Los trabajadores, pertenecientes a la Corporación Minera de Bolivia, pidieron el levantamiento del recurso y aseguraron a los medios que en Huanuni ‘no queda un solo cooperativista’ trabajando en esos yacimientos.

Previamente, los trabajadores se reunieron en el patio central de la facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier para dirigirse hasta la zona del Parque Bolívar, donde están los edificios de la Corte Suprema y del Teatro Gran Mariscal, sede de la Asamblea Constituyente.

Los mineros comenzaron a detonar cachorros de dinamita en las inmediaciones del Palacio de Justicia, provocando la rotura de cristales de esos edificios públicos y de otros particulares.

La marcha de protesta recorrió luego otras calles y avenidas en su camino hacia las oficinas del tribunal, siempre en medio de fuertes detonaciones que a su paso provocaron daños y mucha alarma entre la población.

El grupo de manifestantes se acercó al tribunal, ubicado en la calle Nicolás Ortiz, donde logró que algunos de sus representantes pudieran ingresar para dialogar con el personal de ese órgano, pues los magistrados fueron evacuados pocos minutos antes.

Algunos dirigentes trataron de aplacar los ánimos de un numeroso grupo de mineros, que visiblemente exaltados, comenzaron a lanzar piedras y cachorros de dinamita contra el edificio.

Dos cartuchos de dinamita estallaron en un farol de madera ubicado en el segundo piso, destrozándolo parcialmente ante la impotencia de la Policía que se había replegado varios metros para evitar enfrentamientos, según explicó luego el comandante, Pablo Caballero.

Después, algunos de los manifestantes que intentaban derribar la puerta de ingreso al edificio trataron de enfrentar la barrera policial al lanzar cargas de dinamita en las puertas de la escuela de niñas Nicolás Ortiz, que a esa hora se encontraba en plena actividad y tuvieron que ser evacuados en medio de los disturbios. En ese incidente resultaron heridos dos policías, que fueron trasladados a un centro médico.

La Prefectura de Chuquisaca determinó la suspensión de las actividades escolares a raíz de los momentos de intranquilidad que tuvieron que pasar decenas de escolares de la zona central.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, culpó, desde La Paz, al diputado de UN por los ataques de mineros al Tribunal Constitucional. El jefe de UN, Samuel Doria Medina, afirmó que el recurso de nulidad contra el decreto de reversión de las concesiones mineras fue presentado para lograr una solución ‘pacífica’ del conflicto.

El prefecto, David Sánchez, advirtió que si los sucrenses quieren la capitalía plena tendrán que acostumbrarse a las marchas o dinamitazos, como los protagonizados ayer por  los mineros.

El Gobierno anunció ayer que no retrocederá en la nacionalización del cerro Posokoni y mediante la bancada del MAS preparará un proyecto para convertir el Decreto Supremo 28901 en ley de la República, ante un ampliado de mineros de Huanuni que llegaron a esta capital.

Los mineros abandonaron desde la tarde Sucre, luego de que manifestaran su conformidad con la respuesta que dio el Gobierno.

Órgano condena atropello a su sede
El Tribunal Constitucional aclaró ayer que ese órgano sólo admitió el recurso directo de inconstitucionalidad presentado por el diputado de Unidad Nacional Peter Maldonado, al comprobar el cumplimiento de los requisitos básicos que exige la ley, sin haber entrado a conocer el fondo del planteamiento.

A través de una declaración de prensa, el órgano constitucional califica de ‘atropello’ el ataque de mineros asalariados del distrito de Huanuni contra sus oficinas lanzando dinamita a sus puertas de ingreso.

Los mineros de Huanuni exigen al Tribunal Constitucional resuelva el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad (RDI) planteado por el diputado Peter Maldonado contra el Decreto 28901, que revirtió las concesiones mineras a privados en el cerro Posokoni.

 "Según los datos de Gestión Procesal, el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad (RDI), presentado el pasado 9 de marzo, fue admitido el 16 de abril, luego de la subsanación de uno de los requisitos básicos y, desde este 25 de abril, se encuentra en poder del presidente, Evo Morales", afirma el tribunal.
 Morales, como representante del órgano que emitió la norma cuestionada, deberá presentar sus alegatos al tribunal respecto a esta demanda en un término de 15 días hábiles.

 "Luego de que se cumpla el plazo para que el mandatario haga conocer sus argumentos respecto al tema, los Magistrados del Tribunal Constitucional sortearán el expediente y resolverán el asunto sometidos sólo a la Constitución Política del Estado y a la ley 1836", sostiene la nota de esa institución.