DIARIO HISPANO BOLIVIANO

Según informa el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, los ganaderos pidieron la exención de impuestos para la importación de insumos agrícolas, créditos para comprar maquinarias tanto a título personal como corporativo, reprogramación de todos los créditos y el congelamiento de la Ley INRA y la reversión de tierras. 

El Gobierno prometió buscar la reprogramación de la deuda a los pequeños empresarios ganaderos y considerar el resto de los pedidos, incluyendo el tema del reglamento de la reforma a la Ley INRA. En ese sentido, García Linera, prometió consensuarla con los productores agropecuarios.

En la reunión, Fegabeni informó de que estiman que se perderán 300.000 reses, pero según su presidente, Carlos Quaino, están en riesgo 500.000 reses mayores y 600.000 terneros. Es por ello que pidió la inclusión de pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos en el proyecto del banco de fomento que el Gobierno ha ofrecido con un capital de $us 100 millones.

La ministra de Desarrollo Agropecuario, Susana Rivero, manifestó que más adelante se debe debatir y consensuar el reglamento de tierras, pero por ahora es de suma importancia para el país ayudar al sector ganadero, que es el que produce carne para todos los bolivianos.

Por su parte, el director departamental del INRA-Beni, Pablo Greminger, recordó que la Ley 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que reemplaza a la Ley 1715, protege a los ganaderos que hayan sido afectados y sus predios no podrán ser revertidos, siempre y cuando demuestren, con certificados de vacunación, que cumplía con la Función Económica y Social antes de las inundaciones. Por otra parte, el ministro de Gobierno desestimó la posibilidad de que las prefecturas puedan acceder a créditos directos de organismos internacionales. Esta solicitud había sido hecha ayer en la mañana por el prefecto cruceño, Rubén Costas.

La autoridad departamental asegura que después de salvaguardar la vida de los afectados por el fenómeno de El Niño, urge comenzar la reconstrucción de los caminos prefecturales y municipales para salvar lo que queda de la siembra de verano. Explicó que más de 1.500 kilómetros de estas rutas están destruidas y con ello se pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional.

Aseguró que ayer se reunió con los personeros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que aceptaron entregar créditos directos a los niveles subnacionales, siempre y cuando cuenten con el permiso del Gobierno central. Sin embargo, Quintana aseguró que no había ninguna posibilidad, ya que los prefectos son autoridades que dependen del Poder Ejecutivo y es éste , a nombre del Estado, el que asume las responsabilidades con los organismos internacionales. 

Consideró que un permiso tal crearía una anarquía financiera en el país y que los municipios exigirían lo mismo, ya que son autónomos. Aseguró que existen los mecanismos de control necesarios para evitar este tipo de contrariedades y que toda inversión debe seguir un Plan de Desarrollo Nacional  y a las políticas públicas. Por su parte, Costas considera que esos créditos estarían destinados a obras de las que no se encarga el Gobierno, como electrificación, caminos departamentales y municipales, así como un plan de vivienda para los afectados. Tendrá la posibilidad de defender su propuesta en la reunión de coordinación que ha citado el Viceministerio de Descentralización para el próximo jueves y viernes.