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La Asamblea Constituyente ha determinado ignorar el juego democrático que debería impulsar su trabajo y está activando peligrosos fuegos sociales que pueden terminar calcinándola.

En realidad, todo se inició el momento que la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo o, mejor dicho, los cerebros que manejan desde el Gobierno la forma de actuar de dicha bancada, decidieron que debería prevalecer un solo proyecto de Constitución. Es decir, plantearon un juego de suma cero que en los términos de la política democrática termina casi siempre mal, ya que supone la existencia de ganadores y perdedores absolutos. Seguramente de las lecciones aprendidas del sociólogo francés Bordieu (por cierto, un mediocre autor que no merece mayor crédito en Europa), dedujeron ingenuamente que la fuerza de los movimientos sociales alcanzaría para imponer una Carta Magna a la medida del MAS, es decir profundamente centralista, etnocéntrica y autoritaria.

Naturalmente los intentos de imponer un criterio único tienen fuerte resistencia, comenzando por una oposición prosaica que, sin embargo, ha reaccionando de una manera previsible. A mayor radicalidad del oficialismo, mayor extremismo de la oposición.

Una visión de país que pretende al mismo tiempo declarar un Estado unitario y plurinacional, reconociendo derechos territoriales a treinta y tantos grupos étnicos (naciones dice el proyecto) refleja bastante bien la estupidez generalizada entre el oficialismo constituyente, porque abre las puertas de futuros conflictos entre indígenas por cuestiones de tierra y territorio, amén de que varias de esas "naciones" son pequeñas tribus de unas decenas de sobrevivientes a la colonización aymara o quechua, a las enfermedades endémicas, a los procesos de absorción cultural, etc.

Asimismo, se pretende distorsionar las autonomías departamentales con un complejo y enrevesado sistema de autonomías indígenas que provocará tarde o temprano, si llega a aplicarse, mayores conflictos por competencias administrativas y recursos económicos. Esto, por supuesto, ha tensionado a vastos sectores sociales en el oriente y el sur del país, que amenazan con declararse de todos modos autónomos y desacatar la nueva Constitución política del Movimiento al Socialismo.

En medio del desbarajuste, la oposición logró colar un informe por minoría para trasladar todos los poderes del Estado a la ciudad de Sucre, activando la reacción paceña que, por su parte, anuncia medidas contra esta tontería, incluso la retirada de su bancada de la Asamblea Constituyente, junto a movilizaciones y paros cívicos; en suma, más y mayores conflictos.

A partir de una perspectiva desapasionada, no sorprende mucho que la Asamblea Constituyente haya fracasado en el principal objetivo, en ese en el que unos cuantos bienintencionados (empeñados en empedrar el camino al infierno) creyeron sinceramente, pensando que se llegaría a cristalizar. Esto se refiere a un renovado pacto social que determine una nueva Constitución política del Estado en la que todos los bolivianos se sientan realmente incluidos. Porque finalmente no hemos logrado superar nuestra autoritaria cultura política y sólo queda esperar cómo y cuándo caerá la Asamblea en el océano de sus propias contradicciones.

 

*Cientista político

marcelvx@entelnet.bo