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Las 30 personas involucradas fueron descubiertas en los departamentos de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni gracias —explicó el lunes el jefe de la Dirección, coronel José Luis Ramallo Zenteno— a una investigación que empezó a mediados de septiembre a partir de varias denuncias.

Las unidades más “afectadas” por la penetración de malos funcionarios y delincuentes comunes son el Organismo de Tránsito e Identificaciones.

El caso más grave ocurrió en Santa Cruz, donde se registró un desfalco por 700 mil bolivianos a la Policía debido a la falsificación de pasaportes y cédulas de identidad cometida por una supuesta banda de delincuentes integrada por dos peruanos y un boliviano civiles, quienes fueron remitidos a la justicia.

“Pero no sólo eso, sino que falsificaron pasaportes, certificados de antecedentes policiales, títulos de propiedad de terrenos, testimonios, certificados de nacimiento y de bautizo. Pero estos casos están en proceso de investigación y no podemos proporcionar nombres hasta que exista un informe de la Fiscalía”.

No obstante, indicó que el oficial de alto rango trabaja en la ciudad de Cochabamba.

Algunos casos

Debido a las denuncias, en la población beniana de Rurrenabaque fueron detenidos y destituidos dos policías que vendían licencias de conducir temporales falsificadas. Las autoridades de Fiscalización y Recaudaciones se incautaron de 18 documentos trucados. En Cochabamba también fueron sorprendidos uniformados que emitían boletas de infracción “truchas”.

La situación se detectó luego de que se compararan la cantidad de valoradas con el dinero recaudado. “Se va a un lugar y revisan cuánto de dinero se tiene en caja, cuántos valores fueron vendidos y cuántos hay en almacén; entonces tiene que coincidir entre lo recaudado y la cantidad de valores que se tiene, eso no se cumplía en varios casos”.

El coronel Ramallo cree que en la mayoría de los casos no amerita la intervención del Ministerio Público, pues los policías involucrados cometieron “faltas disciplinarias y, por tanto, fueron remitidos a Responsabilidad Profesional”.

El viernes 28 de diciembre, el comandante de la Policía, general Miguel Vásquez, informó que hay una red de corrupción interna compuesta por aproximadamente 70 miembros que son investigados.

El jueves, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, confirmó la existencia de una red integrada por coronoles, entre otros grados, aunque no brindó más datos.

Ramallo aclaró que los casos detectados por la Dirección de Responsabilidad Profesional no fueron cometidos por la supuesta red de corruptos, sino que corresponden a “hechos aislados”, pues “ninguno de los casos está conectado con el otro, cada uno tiene sus propias características, entonces se descarta cualquier vínculo entre uno y otro casos”.

Agregó que las denuncias del general Vásquez se basan en el informe de una consultora privada —que según ANF se llama Sapiencia— contratada hace un año por la Policía Nacional y no incluyen el trabajo que realizó esta unidad policial, que desplazó a su personal a las reparticiones de diversos departamentos para detectar posibles irregularidades.

Destacó que se investiga a los policías, civiles y a las imprentas que elaboraron los documentos falsificados.

Además, el lunes 31, Vásquez agregó que se encontró que en la Escuela Básica Policial (Esbapol) y en la Universidad Policial (Unipol) había cobros irregulares para el ingreso de estudiantes.

En una entrevista del lunes en la red de televisión ATB, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que considera que es “poco probable” que los responsables de la red sean policías de baja graduación porque, según su criterio, para armar estos grupos y los actos que pueden realizar se “requiere de cierto nivel de mando”.

Ramallo aclaró que la labor aún no concluye porque existen otros distritos que serán visitados para la verificación de los estados financieros.

Debido al accionar de la red de corrupción, el Gobierno, si bien no prevé una reestructuración de la entidad, llevará a cabo una “limpieza” y aplicará un fortalecimiento institucional.

El viceministro Gamarra informó que este año se reforzará a la Policía con equipos y logística.

La entidad detecta sus puntos débiles y propone un plan

Un estudio de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía detectó que en las reparticiones hay un deficiente control de inventarios, falta idoneidad en los procedimientos de control de fiscalización y existen conductas irregulares de algunos funcionarios.

Según el responsable de esa repartición, el coronel José Luis Ramallo, se diseñó un proyecto para luchar contra estos problemas y mejorar los ingresos institucionales.

El plan “anticorrupción” y generador de ingresos consta de seis pilares: el cambio de patrón de comportamiento del servidor público policial; la inserción e involucramiento de la sociedad; la profundización de procesos de transparencia y control; institucionalización de la gestión pública y control social; la adquisición, desarrollo y aplicación de sistemas y tecnología en los procesos de fiscalización y recaudaciones; y el mejoramiento continuo en la prestación de servicios a la población.

Para aplicar estos pilares, la institución del orden piensa “capacitar” a su personal en administración económica. Además tiene un proyecto para implementar medidas de seguridad en las papeletas valoradas a fin de combatir las falsificaciones de estos documentos.

En las próximas semanas se procederá a la licitación para elaborar las nuevas papeletas.

Además, la Policía quiere involucrar a la ciudadanía en el control y fiscalización para erradicar la corrupción. Según el coronel Ramallo, a medida en que la población se involucre y cumpla las normas, este mal será eliminado.

Las cifras de un documento no coinciden

Un informe manejado por la Dirección de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía ofrece cifras de recaudaciones que no coinciden.

Si bien el documento de esa repartición indica que en 2006 la institución del orden recibió 109.913.466 bolivianos, la suma de los montos por cada ítem no coincide con este total, ya que es de 108.337.887 bolivianos.

Similar situación ocurre con el porcentaje que recibe cada área, pues la sumatoria da 115 por ciento.

Según el documento, el 58 por ciento (42.628.195 bolivianos) fue destinado al Fondo Complementario y el 30 por ciento de los ingresos (22.049.066) va para necesidades de la entidad, como mantenimiento de equipos y de vehículos.

Además, el Consejo de Vivienda Policial recibió un 12 por ciento (8.189.626) y un 15 por ciento (12.970.000 bolivianos) es transferido a una cuenta del Ministerio de Gobierno. En todo caso, este dinero y otro monto que asciende a 22.501.000 están destinados a “reforzar” salarios de los policías.

Hace cinco años se recaudaron 59.620.137 bolivianos y este año se espera llegar a los 127.611.157.

Tránsito e Identificaciones son las reparticiones donde hay más problemas.

En Santa Cruz se registró un desfalco de Bs 700 mil por pasaportes y carnet falsos.

El general Vásquez informó que existe una red de corrupción de 70 personas.