DIARIO HISPANO BOLIVIANO

Ya se sabe que en Bolivia la inestabilidad política es algo habitual. En el país se registraron más de 150 golpes de Estado desde a su independencia, que tuvo lugar en 1825, y ninguno de sus últimos presidentes ha conseguido finalizar el mandato. Cercado por una oposición intransigente, Evo Morales, primer Jefe del Estado de origen indígena, se comprometió en el mes de diciembre a someter su mandato a un referendum revocatorio a lo largo de 2008.

La contrapartida esperada es que los gobernadores de los departamentos, seis de los cuales pertenecen a la oposición, también pongan en juego su mandato. Pero nada hace presagiar una salida a la crisis, mientras el gobierno de La Paz choque con los apetitos autonomistas de las cuatro regiones más ricas : Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni. La aprobación, en la Asamblea Constituyente, del proyecto constitucional - que también será sometido a referendum en 2008 -, el 24 de noviembre en Sucre (Sur), en ausencia de la oposición, ha agravado aun más la polarización ideológica entre "pro" y "anti" Evo Morales. La prensa es uno de los objetivos preferidos del conflicto, y se han dado muchos enfrentamientos en los que a habido periodistas agredidos y amenazados, por razones partidistas.

La prensa en la línea del frente
La violencia comenzó el 8 de enero de 2007, cuando los productores de coca de la región de Cochabamba (Centro, de la que procede Evo Morales, que también fue cocalero) se manifestaron contra as veleidades autonomistas del gobernador Manfred Reyes Villa. Los enfrentamientos causaron ocho heridos en las filas de la prensa. Algunos, como Jorge Abregó, fotógrafo de la agencia Fides, Efraín Muñoz, de la Agencia Boliviana de Información (ABI) y también Efraín Gutiérrez, de la radio La Chinawa, resultaron heridos en los asaltos de la policía local. Otros, como el equipo del canal privado Univalle Visión, sufrieron violentos ataques de los cocaleros.

Los ataques a los medios culminaron cuando se iba acercando la votación en la Asamblea Constituyente, en particular en el Departamento de Sana Cruz, vivero de la oposición más radical. El 28 de agosto, dos periodistas del diario regional El Mundo recibieron los golpes de unos manifestantes, contrarios a la huelga general decretada en los seis departamentos en que gobierna la oposición. En el mismo momento, unos colegas de los canales Canal 7 TVB y Red Uno, y un fotógrafo de la agencia EFE, recibieron amenazas e intimidaciones atribuidas a la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo autonomista radical que ya se hizo famoso por algunos atentados a redacciones de medios públicos.

Los días 18 y 19 de octubre, una gran operación de las fuerzas de policía y el ejército del aire, destinada a terminar con la ocupación del aeropuerto de Santa Cruz, arrojó un saldo de seis periodistas heridos. El 19 de octubre se manifestaron los profesionales de los medios de comunicación de la región, para exigir el derecho a trabajar libremente, y con seguridad. En el mismo momento, en Sucre, algunas personas opuestas al proceso constitucional agredieron a tres periodistas de los medios públicos Televisión Bolivia y Radio Red Patria Nueva, así como a un fotógrafo independiente.

La aprobación, el 24 de noviembre, del texto global de la nueva Constitución desencadenó una serie de motines en Sucre y en La Paz. La radio educativa católica ACLO, cercana al gobierno y que emite una parte de su programación en lengua quechua, se vio obligada a suspender los programas ante las amenazas de la Unión Juvenil Cruceñista. Tres periodistas de la emisora, Grover Alejandro Pilco, Franz Garcia y Johnnatan Condori, tuvieron que macharse de la ciudad. Dos días después de la votación, en La Paz, algunos partidarios del gobierno tomaron por asalto los locales de los canales privados ATB (propiedad del grupo español Prisa), PAT y UNITEL (perteneciente a unos empresarios de Santa Cruz) y las emisoras Radio Fides y Radio Panamericana. El Viceministro de Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, intentó calmar a los amotinados. La tensión se rebajó ligeramente al final del año, y la Asociación Nacional de Prensa (ANP), que agrupa a los propietarios de los medios de comunicación, ha hecho una nueva oferta de diálogo al gobierno, y a los diferentes protagonistas del conflicto.

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