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La ministra de Justicia, Celima Torrico, fue la encargada de presentar el proceso contra la magistrada ante la Cámara de Diputados. "La denuncia es por prevaricato y otros delitos, pues ella ha decidido en contra de lo que establece la Ley del Tribunal Constitucional, al emitir un decreto en contra del referéndum revocatorio", adujo.

Torrico dijo que el Decreto presentado por Salame no tiene validez, y sólo ha confundido a la población boliviana y a los órganos correspondientes, que llevan adelante el proceso.

En Sucre, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura, Eddy Fernández, manifestó que al parecer el Gobierno pretende acallar a quienes aplican las normas en el país. Sin embargo, señaló que respeta la decisión de los demás poderes del Estado y la magistrada Silvia Salame asumirá su defensa para demostrar que sus actuaciones estaban enmarcadas a la Constitución y a las leyes.
"Las autoridades judiciales no están al margen de cualquier denuncia, de cualquier persecución como lo hicieron anteriormente con cuatro tribunos, eso es una muestra clara de cómo se persigue a la justicia", afirmó.

MÁS AMENAZAS
Ante esta posición, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, advirtió ayer, que se iniciarán demandas civiles y penales contra los vocales que se opongan a la realización de la votación.
Según el Gobierno, el Estado gastó Bs 69 millones en la organización de la consulta, que serán reclamados en un juicio civil a quienes perjudiquen el proceso electoral.
El Vicepresidente también descartó que se pueda hacer un cambio en la Ley de convocatoria al referéndum que, según la oposición, es ventajosa para el Jefe de Estado y perjudicial para los prefectos en la fórmula que interpreta los porcentajes del triunfo o la derrota electoral.

JOAQUINO CRITICA A EVO
El alcalde potosino y líder de Alianza Social (AS), René Joaquino, denunció ayer que el gobierno de Evo Morales busca consolidarse en el poder por muchos años y asumir una política dictatorial, al igual que la de Luis García Meza. Explicó que el tratar de llevar adelante el referéndum revocatorio del mandato popular a toda costa, pese a ser inconstitucional, es una muestra de las verdaderas intenciones que tiene el MAS.

CNE ESTUDIA PEDIR AL CONGRESO CAMBIO EN REGLAS DE REFERÉNDUM
La Corte Nacional Electoral (CNE), en su reunión de ayer con representantes de sus filiales de siete de los nueve departamentos del país, analizó la posibilidad de pedir al Congreso que modifique las normas del referéndum revocatorio del próximo 10 de agosto. El presidente de la Corte de Oruro, David Apaza, abandonó la reunión antes de su finalización porque, según manifestó a los medios, no está de acuerdo con la solicitud de modificación de las normas del revocatorio que se estaba preparando en el encuentro. Según Apaza, lo que estudian los órganos electorales es solicitar al Congreso que las autoridades que se someterán a la consulta, el presidente Evo Morales, su vicepresidente y ocho de los nueve prefectos, sean revocadas según la norma de la mitad más uno.
Aseguró que si bien un primer consenso es el de dar cumplimiento al revocatorio, el tema de la modificación de la Ley 3850 no procede y dijo estar en total desacuerdo por la moción planteada por sus colegas, porque legalmente no procede.
"Las cortes han señalado que el referéndum va, por lo tanto el referéndum va adelante. Se está discutiendo si se pide al Congreso revisar la ley (del revocatorio), pero el artículo 4 del Código Electoral señala claramente la responsabilidad que tiene el Congreso, el Poder Ejecutivo, la Corte (Nacional) y los funcionarios que operan a favor del referéndum", aseveró.
"El referéndum continúa, todo el mundo está de acuerdo, todas las cortes han señalando su acuerdo", declaró a tiempo de insistir en que como Corte de Oruro no están de acuerdo con las modificaciones a la Ley 3850, que eran discutidas hasta el momento en que decidió abandonar la reunión.

LA LEY
La Ley 3850 que regula la convocatoria dispone que cesarán en sus cargos los que reciban en contra una votación igual o superior al porcentaje y al número total de sufragios que obtuvieron a su favor en los comicios de 2005. Así, para sacar de su cargo al Presidente sería necesario casi un 54 por ciento de votos en contra, mientras que para prefectos como el de La Paz bastaría con alrededor del 38 por ciento, o del 48 en el caso de los de Cochabamba y Santa Cruz. La prolongada reunión ingresó en un cuarto intermedio hasta las 9:30 de hoy, jueves. La cita de ayer contó con la presencia del presidente de la CNE, José Luis Exeni, los vocales Jerónimo Pinheiro y Amalia Oporto, y los presidentes de las cortes de La Paz, Fernando Freudenthal Rea; de Oruro, David Apaza; de Cochabamba, Joaquín Pérez; del Beni, Zulema Gutiérrez; de Tarija, Miguel Ángel Guzmán; de Pando, Jorge Díaz Valdez y la vocal de la corte de Chuquisaca, Tania Álvarez.

LA REALIDAD
La oposición, pese a que propició la aprobación del texto en el Senado -que inicialmente presentó el presidente Morales, pero que quedó meses paralizado en la Cámara Alta- critica ahora esas condiciones porque considera que suponen una ventaja para el mandatario. Al encuentro de los órganos electorales celebrado ayer durante casi seis horas y a puerta cerrada, no asistió la representación de la corte de Santa Cruz, que se opone al revocatorio, ni la de Potosí, aunque en este caso no acudió porque se lo impidieron bloqueos de carreteras.

SANTA CRUZ PONE UN PLAZO
La Corte Departamental Electoral de Santa Cruz (CDE) no encontró el consenso necesario entre sus miembros y se dio un plazo "fatal" de 48 horas, a partir de las 18:00 de ayer, para pronunciarse a favor o en contra de seguir con el proceso administrativo y de ejecución del referéndum revocatorio de mandato del Presidente, del Vicepresidente y de ocho prefectos.
La Sala Plena de la CDE cerró ayer una nueva sesión en la que determinó que en las próximas 48 horas, y con el consenso de sus miembros, formulará y elevará una representación institucional ante la Corte Nacional Electoral, en resguardo del Estado de derecho, de la Constitución Política del Estado, las leyes de la República y la obligatoriedad del precedente constitucional.
Luego de dos horas y media de análisis y debate sobre las consecuencias a las que se exponen ante la posibilidad de tomar una medida contundente en contra de la realización del referéndum revocatorio del próximo 10 de agosto, los vocales de la Corte cruceña decidieron, dentro de un marco de institucionalidad, seguir dialogando con las cortes departamentales del país, a fin de compartir criterios técnico-jurídicos y, en su caso, tomar posiciones interinstitucionales plenamente consensuadas.
La reunión de Sala Plena realizada ayer en la CDE se desarrolló en medio de un clima de tensión y nerviosismo. Se instalaron vigilias en las afueras del edificio del organismo electoral.
El presidente de la Corte de Oruro, David Apaza, dijo que si la CDE cruceña determina no ir al referéndum revocatorio "pararía el proceso revocatorio".