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En los estatutos autonómicos, sobre todo de Santa Cruz, Tarija y Beni, siempre permanece la duda sobre si estas regiones buscan en definitiva una forma de Estado federal, resaltando con fuerza los cuestionamientos en torno a la idea de unidad nacional y Estado unitario. Es importante tomar en cuenta que la orientación de un Estado unitario como el boliviano durante los últimos cincuenta años, interpreta la descentralización caracterizándola como la adecuación entre ésta y el principio de unidad política nacional.

Los estatutos autonómicos no incorporan la posibilidad de una modernización institucional basada en la distribución de funciones estatales por medio de una estructura descentralizada que también permita fortalecer al Estado. Tal estructura de descentralización política debe necesariamente permitir que las funciones legislativas sigan siendo desempeñadas por el Congreso de la república y que las competencias judiciales sean ejercidas por el Poder Judicial y sus tribunales.

Los estatutos autonómicos son muy claros al proponer cambios profundos en las competencias políticas del Poder Ejecutivo y los alcances de control que quedarían reducidos en la Presidencia y el conjunto de la administración pública; sin embargo, profundizar la descentralización política equivale al reconocimiento del poder departamental, junto con el impulso de un proceso de construcción estatal. Aquí radica el vacío estratégico de los estatutos autonómicos porque olvidan una variable fundamental: la consolidación estructural del Estado unitario y democrático como una red de instituciones respetadas y legítimas en todo el país.

Los estatutos se reducen a una visión restringida de control territorial, es decir, observan al departamento como el único ámbito de construcción política y de desarrollo; sin embargo, cualquier intento de ampliación de la participación y la toma de decisiones descentralizada, deben necesariamente introducir el problema de la gobernabilidad entendida como el suficiente control Estatal dentro del territorio nacional. Tanto la municipalización, que fue traída con la participación popular en Bolivia en 1993, como las nuevas pugnas autonómicas en Bolivia desde el año 2004, tienen que convertirse en una estrategia de construcción permanente del Estado porque es a través de los municipios y las prefecturas que el Estado también puede expresarse.

Las propuestas de los estatutos autonómicos no terminan de transformarse en un conjunto de “herramientas para la modernización estatal” con el objetivo de normar un proceso de mayor descentralización e inclusive de federalismo. Los estatutos no son explícitos respecto a los niveles de reforma institucional que primero deben consolidarse en los ámbitos local y regional; específicamente, ninguna prefectura de la media luna prevé nuevos escenarios políticos, por ejemplo, para optimizar los factores de modernización en la gestión pública regional, ni tampoco se especifican las capacidades para ampliar la representatividad política de las prefecturas ante los ojos de varias provincias.

Esta es una de las razones para que los prefectos se nieguen a ir al referéndum revocatorio porque muchas provincias rechazan abiertamente la representatividad de figuras como Leopoldo Fernández en Pando y Mario Cossío en Tarija. Los estatutos no aclaran cómo se transformarían las capacidades prefecturales para construir concertación y consulta permanente con la sociedad civil. Se habla de “procesos participativos” pero únicamente en forma de principios muy generales.

En cuanto a los consejos departamentales, los estatutos muestran un vacío sobre cómo poner en marcha sus capacidades políticas y legislativas, motivo por el cual están en contradicción directa con las propuestas de la Asamblea Constituyente. La descentralización política en Bolivia todavía es demasiado joven y probablemente las estructuras de gobernabilidad estatal no están preparadas para que los Consejos Departamentales se conviertan en parlamentos regionales libremente elegidos.

En cuanto a las funciones de equilibrio y compatibilización entre los poderes prefecturales y los gobiernos municipales, se mantiene un silencio sobre cómo las autonomías departamentales podrían mejorar la institucionalidad de los municipios para construir sociedades locales receptivas hacia propuestas convergentes de desarrollo regional y local. Tampoco están garantizadas un conjunto de acciones de concertación y consulta con la sociedad civil en diferentes gobiernos municipales al interior de cada departamento; es por esto que los estatutos no aseguran ninguna eficacia en la toma de decisiones consensuada para articular demandas coherentes.

Optimizar la descentralización y el debate autonómico debería tender hacia la aceptación de un Estado unitario para dotarle de mayor eficacia política, modernización institucional y reconstrucción de su legitimidad desde abajo; es decir, desde las regiones y los gobiernos locales.

Aunque las prefecturas pueden ser consideradas como piezas de la construcción estatal, esto no significa que el Estado obligue a los futuros gobiernos regionales a forzar la introducción de los intereses nacionales, sino todo lo contrario, fomentar la libre expresión de sus intereses departamentales autónomos dentro de un marco estatal flexible y apto, con la finalidad de delegar competencias importantes que, además, posibiliten la distribución equitativa de recursos económicos y una gestión pública más fluida para responder de manera directa a los ciudadanos.

Tampoco es aceptable un proceso por medio del cual deba forzarse la delegación de competencias, imponiéndose la descentralización en forma totalmente desordenada, sino que toda nueva iniciativa de reformas depende de la correlación de las fuerzas locales y departamentales, de la voluntad del gobierno central para “ceder poder” y de manera especial, del capital social activo, es decir, de la vitalidad de organizaciones de la sociedad civil, de las iniciativas provenientes de los pueblos indígenas que son un factor decisivo para desarrollar confianza y aceptación de cualquier reforma política.

+ Sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program