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Como se sabe, la retórica nació hace más o menos 2.500 años; dicen que de los litigios por la propiedad.

Roland Barthes señala que “una práctica social, la retórica, es aquella técnica privilegiada que permite a las clases dirigentes asegurarse la propiedad de la palabra”.

En cierto sentido, el régimen imperante en Bolivia se ha hecho, circunstancialmente, con la propiedad de la palabra y, tal como los revolucionarios franceses que incluso les cambiaron de nombre a los meses o de la “revolución cultural” china que borró del lenguaje las “palabras viejas”, la idea de quienes hoy se asumen como la encarnación de lo nuevo y, por tanto, de acuerdo a éstos, lo bueno para el país, la sociedad o lo que fuera, es aplicar dicho método en época de Internet y globalización.

El asunto es que, con el tiempo, se borre del recuerdo colectivo cualquier vestigio del ancient regime. Dejemos para más adelante, aunque usted ya debe saberlo, cómo tales revoluciones aceleraron sus procesos –ojo con la palabrita-.

Ahora bien; si en democracia las palabras y los números sustituyen a los tiros (que son los argumentos de los regímenes autoritarios), ¿por qué no admitir que la terminología en boga –hábilmente difundida por la propaganda oficialista- se está imponiendo en buena ley? Pues porque quienes nos gobiernan, comenzando por el propio Presidente, ejercitan lo que podríamos calificar como retorismo, es decir el uso de la palabra con el exclusivo fin de inducir a su clientela política a cometer, en nombre del “cambio”, acciones violentas. Parece que al Gobierno no le es suficiente: lo de Yacuiba marca un punto de inflexión.

El Estado –así lo creemos- como garante de la vida de los ciudadanos, tiene la misión de combatir al terrorismo; no de promoverlo, menos de ejercerlo. Bolivia ha tenido un desempeño formidable en materia de desarticulación de grupos irregulares –terroristas-: la CNPZ del tristemente célebre Nortfuster y el EGTK de Felipe Quispe y Álvaro García Linera –sugestivamente hoy Vicepresidente-.

El atentado perpetrado materialmente por el subteniente Georges Nava debe ser tratado como lo que es: terrorismo de Estado. El Gobierno ha sido puesto en evidencia y los ciudadanos tendríamos que sentirnos amenazados por él. No sólo tendrán que preocuparnos los taxis blancos y sus cogoteros a bordo, sino también los vehículos rentados por la embajada de Venezuela. ¿Tan desesperados están que tienen que ir por la vida metiendo bombas?.

Los funcionarios del Gobierno han reaccionado de manera pusilánime declarando que Nava actuó por cuenta propia. Un hecho de la magnitud del sucedido tendría que haber provocado la renuncia de varios dignatarios –del Presidente, en última instancia- pero aquí no ha renunciado ni el palafrenero de Palacio. Cretinos.

Volviendo a la Francia de la guillotina y a la China de la limpieza cultural: cuando se acabaron las palabras, los procesos de cambio fueron “acelerados por otros medios”. Dios nos libre.