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Así lo confirmó ayer el recién posesionado ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, en una entrevista con la red ATB.

“El día de ayer (jueves) conocimos el anuncio de una solicitud de arbitraje que presentó la empresa TR Holding, que era el accionista de Transredes”.

Anticipó que frente a ese juicio y al que el año pasado anunció Euro Telecom Internacional (ETI) en defensa de sus acciones en Entel, el Gobierno preparará una estrategia legal. "Tenemos otros anuncios y vamos a generar una estructura de defensa para que, en última instancia, hacer prevalecer el planteamiento del pueblo boliviano: queremos recuperar nuestros patrimonio".

El Ministro señaló que conformará un equipo con expertos en hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y otras áreas para defender la posición estatal.

Fuentes del Gobierno confirmaron que como parte del plan de defensa, el presidente Evo Morales creó la noche del jueves el Ministerio Sin Cartera que ahora ocupa Arce. El funcionario es abogado de profesión y hasta hace poco fue viceministro de Coordinación Gubernamental.

El 2 de junio, el Gobierno dispuso con el Decreto 29586 la nacionalización del total de las acciones de TR Holdings en Transredes, equivalente a un 50 por ciento de la compañía, después de que fracasaran las negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la venta del 2,66 por ciento de sus títulos.

El Estado boliviano quería adquirir esa parte del paquete accionario para que YPFB pueda obtener el 50 por ciento más uno de la empresa y con ello, el control del directorio.

Sin embargo, como no fue posible un acuerdo, el Gobierno expropió todo el paquete de TR Holdings y Yacimientos se consolidó con el 97,3 por ciento en Transredes. El resto corresponde a los accionistas minoritarios.

Según expertos, TR Holdings, conformada por Ashmore Energy Internacional (AEI) y Shell Gas (Latin América) puede ir a un juicio internacional con el Estado amparada en el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones que las naciones de esas empresas firmaron con Bolivia, entre ellos, el Reino de Países Bajos.

Ese documento establece que el foro dirimitorio del pleito sería el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

Arce dijo que Bolivia no aceptará la jurisdicción del Ciadi porque la decisión de retirarse de esa instancia fue asumida a fines de mayo de 2007. Aseguró que el Estado, no adoptó pasos ilegales ni abusivos y que serán expuestos en los procesos a los que asistirá si es convocado.

Antes de ir a un juicio, también está abierta la posibilidad de iniciar una conciliación.

Actualmente, el Ciadi analiza dos demandas contra Bolivia: una de la telefónica italiana ETI, presentada el 30 de abril del año pasado, que se encuentra en etapa de conciliación, y otra de Quiborax de Chile, registrada en 2005 en la que ya se conformó el tribunal.

Si bien el Gobierno oficializó su salida del órgano Ciadi, el país sigue vinculado a él a través de 19 de los 24 acuerdos bilaterales que reconocen a esa instancia arbitral como escenario válido para resolver controversias entre el Estado y los inversionistas.

Según El Deber, el presidente de Transredes, Gary Daher, señaló que no tenía información oficial del arbitraje, que las operaciones seguían con total normalidad y que no sabía de ninguna posible decisión de los organismos de congelar financiamientos para los planes.

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) dijo que TR Holding hizo uso de su derecho contractual al verse afectada.

Los especialistas Carlos Alberto López y Hugo de la Fuente alertaron que Bolivia es vulnerable a tres temas: perder el arbitraje ante el Ciadi, ahuyentar las inversiones extranjeras y que la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM).