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Sin embargo, la versión fue desmentida por el Ejecutivo que, a través de sus voceros, replicó que las medidas de presión adoptadas por algunos dirigentes del norte cruceño se deben a que se cansaron de esperar las obras prefecturales.
 El secretario general interino del gobierno departamental, Vladimir Peña, en una conferencia a la que también asistieron los secretarios de Hacienda y de Obras Públicas, José Luis Parada y Lilian Roig,  respectivamenrte, sindicó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de estar en un afán desestabilizador.
Peña dijo que estuvo en la zona norte “con los ángeles de la muerte reunidos con sectores afines a ellos para provocar en el departamento problemas con el objetivo de distraer al país y a la población de la crisis en la que vivimos”.
En ese ministerio negaron la denuncia, aunque confirmaron que Quintana llegó a la región en dicha fecha. “Él puede estar en cualquier lugar del país realizando gestiones gubernamentales propias de su despacho. Si alguien quiere denunciar algo ilegal que lo haga como debe ser, no en base a simples comentarios”, puntualizó una fuente.
La Prefectura asegura que el Gobierno ha iniciado su campaña proselitista con vistas al referéndum revocatorio, donde se definirá la permanencia  del Presidente, el Vicepresidente y de los prefectos de todo el país, excepto el de Sucre que renunció y resta elegir a su reemplazante.
Al Gobierno se lo acusa de hacer campaña desacreditando las gestiones prefecturales, como la de Santa Cruz, cuando en realidad el meollo del problema es la confiscación del Impuesto Directo de los Hidrocarburos  (IDH) para costear la renta vitalicia Dignidad, que ha afectado las arcas de las regiones.
José Luis Parada resaltó que por esta situación, a modo de ejemplo, la Prefectura cruceña ha dejado de percibir Bs 200 millones, gran parte de los cuales iban a ser destinados a obras viales.
Sin embargo, en forma paradójica -apuntó- el Gobierno ha sacado un crédito del Banco Central de $us 600 millones con los que está financiando este tipo de programas. “Es así que al municipio de San Julián le otorgó Bs 52 millones para el asfaltado de 35 km y el ripiado de otro tramo similar”, aseguró, para luego preguntarse porqué no hace lo mismo con Santa Rosa de Sara, que también es una región cruceña y productora.
El asunto fue abordado por la Prefectura y el Viceministerio de Transportes la anterior semana, cuando, según Parada, se indicó que el gobierno departamental no tiene la capacidad de atender reclamos como los de Santa Rosa por el corte del IDH.
El Ejecutivo ha señalado que los proyectos camineros que financian o apoyan forman parte de un plan establecido con antelación y no se busca competir con las prefecturas.
Aquí no lo ven así y están convencidos de que el Gobierno manejado por el MAS está en la búsqueda de hacerse ver como el único que puede atender los requerimientos sectoriales, cuando es competencia de los gobiernos departamentales, y de paso busca desvirtuar el proceso de las autonomías departamentales.
Si bien en el Ejecutivo niegan estar en afanes proselitistas o político-partidarios, en filas del MAS, según su vicepresidente, Gerardo García, ya se tiene definida una estructura para la campaña con vistas a mantener en el puesto a Morales y a Álvaro García Linera, con los ministros en un rol preponderante.