DIARIO HISPANO BOLIVIANO

La norma, que generó rechazo y el anuncio de toma de acciones desde diversas partes de América Latina, es de aplicación obligatoria para los 27 países miembros de la Unión Europea (UE).

Según un reporte de la agencia EFE desde Estrasburgo (Francia), la Eurocámara, muy dividida, sacó adelante el texto con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones. Así, la norma —que ya tiene el visto bueno de los gobiernos— entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, es decir julio del 2010.

La directiva —que dota a la UE de los criterios mínimos comunes para gestionar la expulsión de los ilegales— establece un período de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria.

Además, fija el periodo máximo de retención en 6 meses, que pueden ampliarse a 18 meses en casos excepcionales, para quien no coopere con su identificación, si hay riesgo de fuga o existen problemas para obtener la documentación de países terceros, a fin de tramitar la expulsión del inmigrante irregular.

Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años para reingresar legalmente en el territorio europeo.

Para la Comisión Europea, la directiva supone un “primer paso” hacia una política de inmigración común y acaba con la posibilidad de retención indefinida de los irregulares que existe en varios países de la Unión.

En el caso de los bolivianos, se calcula que cerca de 500 mil viven en diversos países de Europa. Alrededor de 350 mil están en España, de los cuales sólo 65 mil tienen sus documentos al día.

El gobierno de Evo Morales, que reprochó la aprobación de la nueva norma, manifestó, a través de su embajadora en España, Carmen Almendras, la necesidad de agilizar los trámites de regularización, sabiendo que éstos no serán masivos. En todo caso, la autoridad cree que aquellos que ingresaron a Europa antes del 2007 (cuando se impuso la visa) pueden solicitar su regularización y que el proceso podría concluir a tiempo, o sea el 2010.

Alain Fouquet, embajador de Francia en Bolivia, quien además ocupa la presidencia de la UE en el país, explicó que “esta directiva es un esfuerzo para armonizar y compatibilizar las normas en dirección a mejorar las condiciones de los inmigrantes. No es una directiva represiva”.

Agregó que los inmigrantes recibirán asesoramiento legal gratuito y tendrán derecho a apelar.
La autoridad también descartó que la norma impida a la UE mantener negociaciones comerciales con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

ALCANCES DE LA DIRECTIVA DE RETORNO

Regreso • Se establece un período de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Se podrán tener en cuenta factores como la escolarización de niños para ampliarlo.

Retención • El período máximo para encierro se fija en 6 meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales. Debe ser “lo más corta posible” en centros específicos (no prisiones).

Expulsión • Procederá una vez concluido el trámite para la repatriación (periodo en el que se procederá al encarcelamiento del ilegal si es necesario. Cuando la expulsión parezca imposible, el irregular recupera su libertad).

Reingreso • Una expulsión será seguida de una prohibición de retorno de hasta 5 años. El período podrá ser mayor si la persona expulsada supone una amenaza grave para la seguridad.

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