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Resultan, por lo menos, desconcertantes las invocaciones que, al unísono, han proferido tanto el Presidente como el Vicepresidente al “respeto a la legalidad” máxime cuando han sido precisamente ellos los campeones de su inobservancia. ¿No es acaso el engendro de texto constitucional urdido torpemente en La Glorieta-Oruro-Lotería producto de una decisión política que violó toda la normativa vinculada al funcionamiento de la Asamblea Constituyente? Pongamos que los asambleístas del oficialismo lo hicieron en aplicación del supuesto carácter originario, plenipotenciario, refundacional y supercalifragilístico del cónclave –cosa que dista mucho de ser cierta-; con la bendición que le dieron, ambos dignatarios cohonestaron semejante atropello (El abusivo busca razones con que cohonestar sus violencias, se dice) lo que los coloca en situación extralegal.

Si algo ha promovido con ahínco la administración Morales estos dos años es la destrucción del incipiente Estado de Derecho –que ya venía algo desportillado, por cierto- alcanzado en 20 años de ejercicio democrático gracias al cual él mismo accedió al sitial que hoy ocupa. Lo sabio hubiera sido que, haciendo uso de la enorme legitimidad que le otorgaron las urnas, imprimiera un ritmo más sostenido al desarrollo de la institucionalidad. Al haber hecho exactamente lo contrario, ha llevado al país a un “estado de chacota” en el cual ninguno de los actores políticos y/o sociales puede reclamarle a otro legalidad en sus actos pues, para oprobio del país, su incumplimiento se ha convertido en la regla.

¿Cómo es que ahora que su gestión (su no-gestión, dicho con mayor propiedad) se encuentra seriamente cuestionada, Morales y García se acuerdan y hacen recuerdo a los demás de que hay que respetar las leyes? Cabe recordar, más bien, que hasta hace no mucho el mismísimo señor Presidente andaba proclamando a los cuatro vientos que la ley le incomoda. Cabe refrescar la memoria, también, señalando que era el propio vicepresidente García, en su calidad de intelectual de moda, quien propugnaba la “forma muchedumbre” como Estado paralelo. Ahora que desde los departamentos las multitudes lo interpelan, bien haría en meditar sobre tal dislate.

No son, entonces, el primer magistrado y su segundo, los más indicados para exigirle respeto a la ley al resto de los ciudadanos. Y menos después del triste espectáculo que montaron el jueves 28 de febrero para aprobar unas convocatorias que hasta su propio lugarteniente en la Corte Nacional Electoral ha reconocido como incumplibles.

Sólo la concurrencia de factores de probada eficacia en materia de mediación logrará reinstalar un ámbito de mínima confianza que posibilite el retorno a la legalidad, hecho que, a mi parecer, debe darse a partir del ingreso del aborto de La Glorieta-Oruro-Lotería a un triturador de documentos y ser los flecos resultantes de esta operación echados al retrete para acabar –por fin- en las alcantarillas del poder mal concebido.