DIARIO HISPANO BOLIVIANO

Opinion - Róger Cortés Hurtado

Juego de fuego

14-09-2008

En febrero, cuando el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) decidió recortar la cuota de las Prefecturas el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para pagar la Renta Dignidad, sabía que la reacción en contra iba a ser intensa. Es menos fácil adivinar si sospechaba que alcanzaría la virulencia a la que ha llegado y que ha superado todos los límites conocidos en materia de confrontación callejera y hostigamiento al poder político establecido. Si se pudiera juzgar la capacidad de previsión de los gobernantes por la manera en que están actuando frente al conflicto declarado, se podría decir que este escenario estaba calculado, al contemplar la inusitada cautela con que están actuando, la deliberada intención de caracterizar a un círculo muy reducido de enemigos, cuidando no repetir el lenguaje desbocado de algunos prefectos y dirigentes cívicos. Predomina hasta ahora, el movimiento pausado, el mensaje contenido y, en suma, la táctica de no responder con la misma moneda a las provocaciones que buscan que pierda los estribos y se sumerja en un espeso caldo de furia, donde se multiplicarán los errores.

Al examinar el comportamiento de los atacantes, es más complicado decodificarlo. Puede decirse que la oposición se embarcó en esta “madre de todas las batallas” para detener la ofensiva oficial destinada a aprobar al proyecto de Constitución (PNCP) y que escogió la consigna del IDH porque esos recursos se vinculan fácil y comprensiblemente a la demanda autonómica. Pero en ese caso queda por aclararse por qué se escogió el momento en que los resultados del revocatorio mostraron la fuerza de la acumulación del PEN y, en consecuencia, el fracaso de toda la estrategia opositora empleada previamente para crear una imagen de desgaste de la convocatoria y aceptación del Gobierno. Y cuando se medita con más detenimiento sobre el reclamo de reintegrar el IDH, no cabe duda de que los opositores saben que es tan difícil que el Gobierno retroceda y, por tanto, la carta a la que están apostando todo sólo parece alcanzable si tienen en mente precipitar la caída del Gobierno, con lo que cobra vigor la acusación que les hace el PEN de estar embarcados en un “golpe cívico-prefectural”. Podría esto no preocuparlos mucho en lo inmediato, porque puede no tener efectos inmediatos sobre su base social —sí los tiene, en cambio, con el electorado ampliado del Gobierno, en el sentido de consolidarlo—, pero podría tenerlos más adelante, también en la base “medialunera”, cuando los efectos de bloqueos y otras medidas afecten más la economía y el abastecimiento; cuando la siembra se retrase y, al lado de su irritación contra el centralismo, en sus departamentos cunda la pregunta de ¿por qué las oficinas del INRA fueron objetivo inicial y primordial de la guerrilla urbana que están alentando? Y más adelante se verán las consecuencias de que sus acciones sepultan todo el discurso que emplearon en los años anteriores.

Sea por cálculo o como simple efecto de la tensión acumulada por el avance de un conflicto sin horizonte de solución, los opositores necesitan con un urgencia que la violencia que están desplegando encuentre eco en el Gobierno. Las Fuerzas Armadas y la Policía quedan objetivamente fuera de ese escenario, lo que hace que el verdadero riesgo está en que movimientos y organizaciones sociales aliadas del Gobierno cumplan sus amenazas y faciliten el plan de ampliar las ondas de violencia: si lo hacen, estarán, con toda seguridad, sembrando para sus adversarios y sus planes.

*Analista Político y catedrático

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