De la medida quedarán excluidos el presidente del Parlamento, Vicente Tirado; la vicepresidenta primera, Cesárea Arnedo; el vicepresidente segundo, Jesús Fernández Vaquero; la secretaria primera, Inmaculada López, y la secretaria segunda, Blanca Fernández, como integrantes de la Mesa de las Cortes.
Tampoco verán minorado su sueldo los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, y del Grupo Socialista, José Luis Martínez Guijarro. Ellos, como los cinco anteriores, continuarán teniendo dedicación exclusiva.
Desde este 1 de enero, los 42 diputados que se quedan sin sueldo recibirán una indemnización fija de 955 euros, a la que habrá que sumar la dieta que cobrarán por asistencia a comisiones y plenos, que será de 150 euros.
Los diputados sólo podrán cobrar una dieta por día y en ese recuento no contabilizarán los entre tres y cuatro plenos "especiales" que se celebran al año, como el del Día de la Discapacidad o el del Niño.
Si ahora un diputado tenía un salario bruto mensual de 3.658 euros, con el nuevo sistema retributivo podría cobrar una media de 1.555 euros al mes ya que las Cortes suelen celebrar una media de dos plenos y dos comisiones al mes.
Es una cantidad variable
Esa cantidad puede variar teniendo en cuenta que en el Parlamento hay tres meses inhábiles --enero, julio y agosto-- y que algún mes se celebrarán más plenos o comisiones.
El diputado que además sea presidente de una Comisión recibirá una indemnización mayor, ya que a los 955 euros fijos se le sumarán 295 euros más.
Los parlamentarios también continuarán disponiendo en este 2013 de una cantidad para gastos de teléfono, que se reducirá de los 150 euros mensuales de ahora a 100 euros.
A las dietas se les aplicará la retención del IRPF que corresponda y los diputados no cobrarán desplazamientos cuando se produzcan dentro de su propia circunscripción. La compensación seguirá siendo, como hasta ahora, de 0,20 euros por kilómetro recorrido.
En estos momentos, hay nueve alcaldes --ocho del PP y uno del PSOE-- entre los 49 diputados, que podrían volver a cobrar de las arcas municipales. En las filas del PSOE el único alcalde es Francisco López en Campillo de Altobuey.
El PP tiene como alcaldes a Vicente Giménez en Salvacañete, José Manuel Latre en Sigüenza, Antonio Martínez en Mahora, María Pilar Martínez en Villalpardo, Adela de la Torre en Brihuega, José Manuel Tortosa en Las Pedroñeras y Carlos Velázquez en Seseña. Cesárea Arnedo, aunque es alcaldesa de Alpera no se vería afectada como miembro de la Mesa.
Cospedal lanzó la propuesta en septiembre de 2012
El origen de esta iniciativa está en el Debate del Estado de la Región celebración en septiembre de 2012, durante el cual la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, lanzó la propuesta para que los diputados de la Comunidad Autónoma dejasen de cobrar un sueldo por su dedicación política y pudieran dedicarse a su actividad profesional.
Cospedal justificó su propuesta teniendo en cuenta que estas son épocas de "austeridad" en las que hay que "hacer más con menos" y convencida de la obligación de "dignificar la actuación y el papel de la clase política".
La medida se sustanció a través de una Proposición de Ley del PP de Reforma del Reglamento de las Cortes --en concreto se han modificado los artículos 11 y 12 de ese texto-- que determinaba qué cargos de la Cámara podrán tener dedicación exclusiva y, por tanto, derecho a un sueldo, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos según su grado de responsabilidad y fue aprobada el pasado día 21 de diciembre.
El PSOE ya ha anunciado su intención de llevar esa supresión de sueldos al Tribunal Constitucional. El Grupo Parlamentario Socialista ha confirmado que tiene tres meses para recurrir ante el Tribunal Constitucional el hecho de que los diputados del Parlamento castellano-manchego no tengan dedicación exclusiva y por tanto sueldo.
En concreto, los parlamentarios del PSOE tienen intención de presentar 21 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y otro como Grupo Parlamentario. Además, los socialistas "agotarán" la vía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y la del Tribunal de Estrasburgo, convencidos de que esta medida es un "atraco" a los diputados.
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