La modificación de la Ley de la Dependencia aprobada el pasado mes de julio por el Gobierno central ha reducido un 15 por ciento las prestaciones que perciben los cuidadores no profesionales, que desde el 31 de agosto tienen que pagarse su alta en la Seguridad Social "lo que implica un coste adicional para estas personas de 165 euros". Una circunstancia que ha provocado la caída en picado en el número de altas.
La Plataforma de la Dependencia de Castilla-La Mancha presentará "la próxima semana o en 15 días" la primera denuncia contra el Gobierno de María Dolores de Cospedal "por rebajar hasta en un 50 por ciento las prestaciones que algunos dependientes percibían y que tenían reconocidas", algo que el servicio jurídico de esta plataforma considera "ilegal".
Así lo ha anunciado el presidente de la Plataforma de la Dependencia de Castilla-La Mancha, José Luis Gómez, que ha indicado que su plataforma "lleva seis meses denunciando la revalorización de dependientes que está haciendo de forma ilegal el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal para rebajar las prestaciones, en algunos casos hasta en un 50 por ciento".
José Luis Gómez ha señalado que, además, tras la modificación de la Ley de la Dependencia aprobada el pasado mes de julio por el Gobierno central, se ha reducido un 15 por ciento las prestaciones que perciben los cuidadores no profesionales, que desde el 31 de agosto tienen que pagarse su alta en la Seguridad Social "lo que implica un coste adicional para estas personas de 165 euros".
"Si empezamos a hacer cuentas, entre la reducción del 15 por ciento aprobada por el Gobierno central de la prestación, la reducción que previamente estaba haciendo el Ejecutivo de Castilla-La Mancha y el pago de la Seguridad Social, resulta que en lugar de cobrar de la Junta los dependientes van a tener que pagar a la Junta".
Es por ello que el presidente de la Plataforma de la Dependencia ha apuntado que desde el 31 de agosto tan solo 15 personas se han dado de alta como cuidadores, frente a los 11.000 que hasta ese momento había en toda la región.
Gómez, que ha también denunciado que en los últimos 14 meses el Gobierno de Cospedal "nunca" ha pagado en plazo las prestaciones, ha explicado que con la reforma Ley Dependencia cada Gobierno regional tiene un plazo de dos años para plantear un plan de atención individual a cada dependiente "y nos tememos que lo que el Ejecutivo busca es que fallezca el mayor número de personas que tenían derecho a percibir dicha ley".
De igual modo, el responsable de la Plataforma de la Dependencia ha lamentado que "los 700 u 800 millones que el Gobierno de la nación se va a ahorrar con la modificación de la Ley de la Dependencia es aproximadamente lo que va a destinar al mundo de los toros en subvenciones públicas. Estamos cambiando la vida de una ganadería taurina por la de la mayor parte de los dependientes", ha concluido.
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