La plataforma lo ha denominado "ordenanza mordaza" y creen "preocupante" que en el objeto de esta regulación, además de la publicidad comercial, el equipo de gobierno incluya la que se realice con el fin de "difundir mensajes de naturaleza sociocultural, política o similar".
Conforme a la redacción de la citada Ordenanza, tramitada como anexo a la de Medio Ambiente, explican que todo mensaje sociocultural, político o similar que se quiera difundir con el uso de vehículos, mensajería o propaganda manual en la vía pública, reparto domiciliario, publicidad oral, con o sin megafonía, o cualesquiera otras, ha de contar con la autorización previa del alcalde o concejal en el que delegue, y que será de carácter discrecional, es decir, que se deja al criterio de la persona o autoridad que puede regularlo.
La Plataforma cree que la decisión dejará la actuación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones e incluso iglesias y particulares, sometida a la decisión de la autoridad política correspondiente, en este caso el alcalde o el concejal, que podrá autorizar o no una determinada actuación discrecionalmente. Algo que califican de "una especie de censura previa a toda acción política y ciudadana, y que no pensábamos que íbamos a ver desde la derogación de la Ley de Prensa que dictó Franco en 1938".
Una ordenanza "infame" con la que "volvemos a una única fuente de información al estilo NODO"
Califican la ordenanza de "infame" en la que el alcalde se arroga además la función jurisdiccional al ejercer, explican,"una función fiscalizadora de los derechos fundamentales que sólo a los jueces compete".
Además, se prohíbe la grabación y difusión de cualquier acto público por alguien distinto a quien ellos quieran, al considerar que ya "está garantizado el derecho a la información con los medios público y/o privados previamente convocados".
En su opinión esto se traduce en que "si algún medio les molesta, con no convocarlo, le impiden informar. ¿No saben lo que es libertad de prensa? ¿Desconocen que significa el derecho a la información libre y veraz? ¿No querrán acaso que la información se vea reducida a algún medio público, que si por algo se caracteriza es por su parcialidad informativa?", se preguntan, para asegurar que la actuación parece dar a entender "que volvamos a una única fuente de información, al estilo del NODO".
Creen también que la ordenanza "ataca directamente los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución, tales como el derecho a la igualdad, derecho a dar y recibir libremente información veraz, libertad de expresión, derecho de acción política, libertad sindical, libertad religiosa, derecho de reunión, entre otros" y acusan al equipo de gobierno de privar a los alcazareños "de su libertad".
"Acallar las protestas en la defensa de la gestión pública del agua"
Desde la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar"sospechan" de que toda esta normativa "tiene como objetivo acallar las protestas y movilizaciones que desde hace un año venimos haciendo en la defensa de la gestión pública del agua y contra la venta de la empresa, aunque para hacernos callar dañen los derechos fundamentales de toda la sociedad civil".
En este sentido la plataforma cree que "el camino para no oír nuestra reclamación no es taparnos la boca, sino dialogar, que es a lo que siempre hemos estado abiertos, y que aunque sea con la boca tapada, seguiremos adelante en nuestra lucha, porque es justa, porque creemos en ella, y porque es el pueblo de Alcázar el que ha de decidir el futuro de sus aguas".
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