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La sentencia, dictada por el vocal supremo Pedro Urbina, es por el allanamiento ilegal de la casa de la mujer de su ex asesor, Vladimiro Montesinos. También obliga al ex mandatario a pagar 400.000 nuevos soles (133.000 dólares) como reparación civil al Estado y lo inhabilita para ejercer cargos públicos por dos años.

Fujimori aceptó su culpa como instigador en el caso. Así lo afirmó uno de sus abogados, César Nakazaki, quien explicó que "lo único que se busca es la pena justa, (porque Fujimori) no es autor, sino instigador".

En entrevista con Radio Cooperativa de Santiago, el jurista detalló que "por eso hemos hecho un recurso de apelación parcial; se acepta la culpa, más no la pena y la reparación". Por contraparte, Nakazaki insistió en la inocencia de su cliente en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales está acusado de violaciones a los derechos humanos.

"La política de pacificación de Alberto Fujimori, si en algo se ha caracterizado, ha sido en privilegiar lo que es el respeto a los derecho humanos", sostuvo. "Al punto tal que es el único ejemplo en el mundo de que todos los integrantes de la cúpula de las organizaciones criminales de Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) fueron detenidos sin un solo rasguño", concluyó el abogado.

Consultado por el efecto de esta condena en el futuro político de Fujimori, el abogado dijo que una pena de cárcel no es impedimento para una candidatura, como sí sería una sentencia de inhabilidad.

Esta condena es resultado del proceso sumario que se siguió en contra del ex jefe de Estado (1990-2000) tras la extradición aprobada por Chile el pasado 22 de septiembre, para afrontar cargos por dos delitos de violación a los derechos humanos y cinco de corrupción.

Fujimori fue condenado como inductor de un delito de usurpación de funciones, ya que el tribunal consideró probado que el 7 de noviembre de 2000 el entonces presidente ordenó a la policía y a un falso fiscal allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos, después de que éste huyera de Perú tras conocerse su implicación en actos de corrupción.

Asimismo, Fujimori ordenó irrumpir en otro piso del mismo edificio, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, de donde se extrajo una gran cantidad de maletas y cajas que fueron retirados del lugar sin ser inventariadas ni levantarse un acta, las que fueron entregadas al ex presidente.

Se presume que entre las cosas que el destacamento policial encontró estaban evidencias y grabaciones de la supuesta participación del ex mandatario en actos de corrupción, las cuales aparentemente se llevó consigo a Japón en el 2000 cuando renunció a la presidencia del país.

Por este caso ya están condenados el ministro del Interior durante el mandato de Fujimori, Fernando Dianderas y el ex primer ministro Alberto Bustamante, sentenciados a 4 y 3 años de cárcel, respectivamente, así como el falso fiscal durante el allanamiento, Manuel Ubillús, con siete años de prisión.

Nada más conocerse la sentencia, que se cumplirá hasta el 21 de septiembre de 2013, el ex gobernante anunció que presentará un recurso de apelación parcial a la condena y a la reparación civil impuesta.