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Durante la dictadura, la formación del Espíritu Nacional, la asignatura “cívica” del franquismo, compartía aula con la de religión, sin que ningún obispo se rasgara las vestiduras ni saliera en manifestación pidiendo libertad. Hoy, que sí que hay libertad y una Constitución que ampara a los españoles, la Iglesia se rebela y pide que se renuncie a la “formación de ciudadanos” en favor de la fe católica.

El pasado 20 de abril, el Parlamento español aprobó, por mayoría cualificada, una Ley Orgánica de Educación, mediante la cual se crea una asignatura, llamada Educación para la ciudadanía, obligatoria para los alumnos de educación secundaria y primero de bachillerato –niños y niñas de entre 13 y 17 años-. Se trata, ni más ni menos, que de cumplir el artículo 27. 2 de la Constitución española, que dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y que debe hacerse dentro del respeto a “los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales”.

Bueno, pues esto de enseñar principios democráticos y tolerancia no le gusta nada a la Conferencia Episcopal española, que considera que la educación cívica es contraria a los valores religiosos. La mayoría de la jerarquía eclesiástica española parece que no ha aprendido aun a vivir en una sociedad plural, a juzgar por las palabras del arzobispo de Toledo, que ha llegado a decir que implantar la asignatura “es un intento de construir artificialmente una sociedad sin referencias religiosas, sin culto a Dios y constituye una inaceptable intromisión del Estado en la educación moral de los alumnos”.

Y todo esto sin ninguna base porque, según los expertos, la asignatura de Educación para la ciudadanía no entra en conflicto con la moral católica. Es más, la mayoría de los contenidos de esta asignatura forman parte de los programas de las materias de religión o ética y, además, los alumnos que así lo desean pueden cursar libremente la asignatura de religión.

¿Por qué, entonces, tanta algarabía?. Pues porque la Iglesia quiere tener la exclusividad en al adoctrinamiento de los ciudadanos y que el Estado esté a su servicio. Pero una sociedad democrática para que goce de buena salud debe tener demócratas, activos y conscientes de sus derechos y deberes. Los emigrantes, por ejemplo, no sólo necesitan seguridad legal, necesitan también que los ciudadanos de los países de acogida tengan una conciencia social abierta, que respete el pluralismo cultural y las creencias y costumbres del diferente.

Y la garantía de este pluralismo no consiste sólo en permitir que cada uno tenga sus propias creencias, sino en crear las condiciones para que cada persona pueda formarse libremente, sin coacciones ni prejuicios. Y eso debe ser responsabilidad del Estado. A la Iglesia le corresponde formar católicos y defender su autonomía frente a los poderes públicos, pero esos derechos no pueden ir en contra del principio constitucional de la separación Iglesia-Estado, la única fórmula jurídica que garantiza el Estado de Derecho.