El gobierno colombiano dispone de datos que constatan que la muerte de once diputados cautivos de las FARC fue un asesinato prácticamente "premeditado", declaró el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
La versión de que la causa fue el "
fuego cruzado", como afirma esa guerrilla, "
no tiene lógica, no es racional", reiteró el ministro, para quien las autoridades ya disponen de "
información que nos prueba que fueron asesinados casi que en forma premeditada".
Santos confirmó así la hipótesis a la que el presidente
Álvaro Uribe dio preferencia el jueves tras un consejo extraordinario de seguridad que convocó después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) informaran de la muerte de once de los doce diputados secuestrados en abril de 2002, en Cali.
En un comunicado divulgado ese mismo día por internet pero fechado el 23 de junio, esa guerrilla informó de que los once políticos habían muerto el día 18 en un "
fuego cruzado" con "
un grupo militar sin identificar".
El otro legislador regional cautivo,
Sigifredo López, se salvó por encontrarse en otro campamento, según las FARC, que había incluido a los diputados del departamento del Valle del Cauca en el grupo de 56 rehenes que pretendían intercambiar por más de medio millar de guerrilleros presos, entre ellos dos extraditados a Washington.
Entre los cautivos están la ex candidata presidencial colombo-francesa
Íngrid Betancourt y tres estadounidenses, la primera secuestrada desde febrero de 2002 y los extranjeros desde el mismo mes de 2003.
El ministro de Defensa reiteró que, de ser cierta la versión rebelde del "fuego cruzado", no pudo ser con militares de la Fuerza Pública porque no estaban en el lugar y, de haber sido "
otro grupo criminal", se hubiera conocido por "
fuentes de inteligencia" y de la población civil.
En un enfrentamiento de este tipo "mueren dos, mueren cinco, mueren siete, pero no mueren los once", agregó Santos, al insistir en que "esa versión la tenemos bastante descartada".
El presidente Uribe declaró el jueves que se pondrá en contacto con la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general,
José Miguel Insulza, pidió a las FARC que se sometan a una investigación internacional, ya que su versión "
no ofrece ninguna credibilidad".