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El presidente de dicha Sala, Alberto Chaigneau,  detalló que finalmente se dio luz verde a siete de los trece episodios por los que era requerido. Dos de ellos corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos, se trata de  Barrios Altos y la Cantuta.

En ambos episodios la votación fue unánime y en ellos el ex mandatario está acusado del asesinato y desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor que se sospechaba pertenecían a organizaciones terroristas durante su gobierno.

En tanto, los cinco jueces determinaron -en fallos divididos- extraditarlo por otros cinco episodios que corresponden a delitos de  corrupción. Uno de ellos es el caso "allanamiento", que apunta a los ilícitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad,  donde la luz verde se dio por tres votos contra dos. En la “interceptación telefónica” el dictamen fue de cuatro votos contra uno.

En el caso "Tractores y Medios de Comunicación”, en que se le acusa de utilizar fondos públicos para financiar la adquisición de tractores a las corporaciones nacionales de China, a través de diversos dispositivos legales que facilitaron el proceso de adjudicación directa, los jueces sólo accedieron a la parte de “Medios de Comunicación”.

En el cuadernillo conocido como "15 millones" donde se le acusa de utilizar recursos del Estado en beneficio de su ex asesor Vladimiro Montesinos- los jueces se pronunciaron por cuatro votos a favor y uno en contra. A su vez en el de "Congresistas tránsfugas" que se refiere al pago ilegal a diversos congresistas electos para inducirlos a cambiarse de bancada e integrarse al partido de gobierno,  la votación también fue dividida.

El ministro Chaigneau indicó que no fue complejo dictar esta resolución y descartó nuevamente que hayan sufrido presiones, por el contrario sostuvo que efectivamente fue un trámite y un debate “muy largo”. No en vano se trata de un dictamen de más de doscientas fojas.

El siguiente trámite en este extenso proceso judicial será la notificación a las partes, incluido el propio Fujimori, quien se encuentra con detención domiciliaria en una parcela de Chicureo, donde no se ha percibido movimiento alguno.

A continuación la cancillería deberá iniciar el proceso para que -eventualmente- esta misma jornada el ex mandatario abandone el país. Será interpol la encargada de tramitar su viaje a la nación vecina donde quedará a disposición de los tribunales locales.

En noviembre de 2005 arribó intempestivamente al país el ex mandatario y de inmediato se comenzó a especular sobre el camino más viable para que el gobierno hiciera frente a su permanencia en Chile. La tesis de la expulsión al poco tiempo fracasó y se abrieron las posibilidades a una extradición, trámite que se extendió por  meses.