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El eventual fallo del Tribunal Constitucional acerca de una medida sanitaria adoptada por el Gobierno, respecto a la distribución de la píldora del día después en forma gratuita y sin autorización de los padres, incluso a las mujeres mayores de 14 años, pone nuevamente en el debate la polémica acerca del rol que cumple en nuestro ordenamiento jurídico el famoso Tribunal Constitucional.

Aparentemente, se ha convertido en un suprapoder del Estado. Y como suele ocurrir, allí se ha refugiado el pensamiento más conservador y reaccionario del país, aquel que intenta mantener el control del aparato pasando por encima de cualquier concepto democrático, moderno o progresista.

Si el fallo que ahora se redacta y se dará a conocer antes de finales de este mes acoge efectivamente el recurso presentado por un grupo de diputados de derecha, para pasar por encima de las mayorías del propio Parlamento y de las decisiones del Gobierno, se habrá confirmado que en el aludido organismo lo que prima es la ideología por encima de la razón. Y los países –como se ha demostrado tantas veces, incluso en el nuestro- no avanzan si se actúa guiado únicamente por los dictados de las creencias y de la fe. Los iluminados que actúan en política suelen llevar a las naciones al despeñadero.

Si tenemos, de paso, una constitución política heredada de la dictadura, que ha sido tibiamente remozada en dos ocasiones –en la medida de lo posible, según la sentencia acuñada por un ex Presidente- con la existencia del Tribunal Constitucional el país termina verdaderamente encadenado a los criterios dogmáticos que predominaron en la redacción de la Constitución de 1980. ¿De qué ha servido entonces la exitosa implantación de la democracia durante las dos últimas décadas, si en las cuestiones trascendentales que tienen que ver con la sociedad, acaban predominando los criterios más retardatarios?

Con razón ha exclamado la ministra de Salud que si el fallo resulta ser efectivo, se trataría de un profundo error científico pero, además, un gran peligro desde el punto de vista sanitario.  El país habrá retrocedido al menos a finales de los años 50, cuando se discutía en Chile y en el mundo el empleo de los métodos anticonceptivos. Esa discusión llevada al paroxismo por los representantes de la Iglesia Católica, fue al fin superada por la historia. El tribunal Constitucional la trae hoy nuevamente a la vida diaria de millones de chilenos, porque su fallo, de ser confirmado, afecta también a los dispositivos intrauterinos como la famosa “T” de cobre.

Está bueno ya que se dejen de lado las polémicas arbitrarias y anticuadas. Si Chile quiere ser un país moderno y progresista, tendría que ser capaz de aceptar las realidades del mundo moderno. El país no se acabó ni se disolvió –como muchos auguraban- por la aprobación de la ley de divorcio. Tampoco pasará nada, excepto la aceptación de realidades y un clima positivo y benéfico en la sociedad, cuando se apruebe legalmente el aborto.

La “defensa de la vida” que argumenta el Tribunal para oponerse a la distribución de la famosa píldora, tiene que pasar por el examen de la cruda realidad. Antes de la planificación familiar, ha dicho la ministra de Salud, morían anualmente en Chile 350 mujeres víctimas de abortos provocados. Esa cifra se ha reducido prácticamente a cero: este año fallecieron por esa causa sólo cuatro mujeres. ¿Por qué negarse a reconocer la realidad?

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Leonardo Cáceres
Periodista