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Tras conversar personalmente con la joven, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alejandro Goic, afirmó que “ella tiene sus razones que yo no pude sino respetar y no pude ayudar en que ella cambiara su parecer”.

El obispo le informó oficialmente a Patricia Troncoso de los detalles de la propuesta del Gobierno, que le ofreció la posibilidad de optar en seis meses a la salida dominical. Tan pronto la comunera termine su huelga y sea dada de alta por los doctores, habría sido trasladada a un centro penitenciario de re-educación y trabajo y podría gozar de los beneficios de la salida dominical, tal cual lo estipula el reglamento de gendarmería.

En declaraciones a La Tercera, el prelado dijo que en la conversación que sostuvo con ella, le manifestó que depusiera esta huelga “porque el objetivo que buscaba, en gran medida se ha logrado, que es colocar en el tapete de la opinión pública nacional el tema indígena”.

Goic precisó que ha orado mucho por la salud de Patricia Troncoso, “y le he pedido a todas las comunidades y a ella también que lo hagan (...) (Patricia) es una persona de mucha fe que pertenece a la Iglesia Católica”.
 
Puntualizó que como Iglesia, le dolería que esta situación terminara con la muerte de “La Chepa”, “cosa que confiamos y esperamos que así no sea”. La negativa de Patricia Troncoso lleva las cosas a un complejo punto de no retorno.

El ministro subrogante del Interior, Francisco Vidal, explicó que "los seis meses (para que Troncoso opte a la libertad dominical) son parte del reglamento de Gendarmería" y agregó que "así como hay reglamento de beneficios penitenciarios, también hay reglamentos con respecto a la gente que ha hecho huelga de hambre".

"Esto hay que contextualizarlo, ella está en esa calidad no por capricho de nadie, porque el Estado de derecho en Chile aplicó la Ley, la ley antiterrorista, por un hecho gravísimo que ocurrió y frente a la situación de la huelga de hambre, que hemos dicho de hace meses y semanas que no vamos a dejar morir a Patricia Troncoso" subrayó el ministro.

La joven fue condenada en el 2005, junto con otros activistas, a diez años de prisión, en aplicación de la Ley Antiterrorista, por quemar un predio forestal.