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Los periodistas chilenos ya no sufren agresiones por parte de las autoridades ni de las fuerzas del orden, pero éstas siguen desconfiando de los medios de comunicación, según el último informe de la ONG Reporteros sin Fronteras.

En el apartado para Chile de su informe anual 2008, la organización no gubernamental señaló también que muchos periodistas denuncian la concentración de los medios de comunicación.

En 2007 no se repitió la brutalidad policial con los periodistas que se había dado cuando ocurrieron las manifestaciones de estudiantes secundarios de mayo y junio de 2006, señala el informe. Sin embargo, “es evidente que las fuerzas del orden no se han despojado de los tristes métodos heredados de la dictadura y la época de Pinochet (1973-1990) sigue siendo un tema enormemente sensible”.

RSF señala como ejemplo la detención “y los  malos tratos” inflingidos el 18 de agosto al periodista independiente argentino Benjamín Avila y a sus colaboradores chilenos Mario Puerto y Arturo Peraldi, respectivamente ayudante y técnico de sonido.

Los tres fueron detenidos cuando cubrían una manifestación delante del domicilio
de Héctor Hernán Bustamante Gómez, un ex militar sospechoso de haber ordenado el asesinato del periodista Leonardo Henrichsen, en 1973, recuerda RSF.

Los periodistas quedaron en libertad al cabo de dos horas por intervención del Colegio de Periodistas de Chile (CDP). Dos días después, Benjamin Avila fue amenazado de muerte mientras se encontraba en la cama de un hospital. A lo largo del año sufrieron amenazas similares los miembros de la oficina directiva del CDP, y entre ellos Ernesto Carmona, especialista en cuestiones de derechos humanos, denuncia la organización internacional.
El CDP y la Asociación de la Prensa judicial reaccionaron con fuerza el 26 de marzo cuando la Corte Suprema de Chile dictó una orden que prohibía a la prensa desplazarse y comunicar en los recintos judiciales.

La orden, aprobada contra el criterio del presidente de la alta jurisdicción, Enrique Tapia, levantó una oleada de indignación, incluso más allá de la propia profesión, pero solo podía anularse por decisión del Tribunal Constitucional, al que ni siquiera se llegó a recurrir.


La Corte Suprema, señala RSF, debió desautorizarse al cabo de cuatro días, declarando la orden “sin efecto”.

“Aparentemente ridículo, el episodio pone de manifiesto, una vez más, la gran desconfianza que los protagonistas del sistema penal sienten hacia la prensa. En los tribunales de apelación y las altas jurisdicciones, el acceso de los periodistas a las sesiones sigue estando a merced de la voluntad de los magistrados”, criticó RSF.

El capítulo dice que si bien Chile es bien apreciado en el continente en materia de libertad de prensa, sufre de falta de pluralismo en sus grandes medios de comunicación, según el CDP.


"La prensa autorizada bajo la dictadura ha podido sobrevivir gracias a la ayuda conjunta del Estado y el mercado. Tras el retorno a la democracia, la prensa de oposición en la dictadura ha disfrutado del primero pero muy poco del segundo", explicó Francisco Martorell, vicepresidente del CDP a Reporteros sin Fronteras.
 

Panorama en América Latina

La era de la polarización mediática


Siete periodistas del continente pagaron con la vida el ejercicio de su profesión en 2007, frente a los dieciséis de 2006. La criminalidad con los medios de comunicación sigue afectando a los países donde la prensa, desarrollada o en desarrollo, se expone a las represalias de las mafias y el narcotráfico. México mantiene una vez más su puesto de país más letal, con el asesinato de dos periodistas, a menos de un mes de intervalo, y tres desapariciones. Unas tragedias que coincidieron con una amplia campaña policial y militar contra el tráfico de droga, puesta en marcha por el gobierno federal en el primer semestre. Sin embargo, las jurisdicciones de los Estados están todavía muy lejos de cooperar con la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada en febrero de 2006 pero carente de medios reales.
 

Un ejemplo que llega de Haití

 
Perú - que ha batido su propio record con cerca de 200 ataques a los medios -, Paraguay y Brasil cuentan cada uno con un periodista asesinado. En los tres casos, las víctimas parecían demasiado interesadas en temas tan sensibles como el tráfico de estupefacientes o la corrupción policial. En Haití finalmente se ha hecho justicia, aunque haya sido solo parcialmente, en los asesinatos de Brignol Lindor, ocurrido en 2001, y Jacques Roche, que sucedió en 2005. Las bandas, más circunscritas que antes, sin embargo no se han desarmado en algunas comunas periféricas de Puerto Príncipe, como Martissant, donde en el mes de enero asesinaron al fotógrafo Jean-Rémy Badiau, molesto testigo de algunos arreglos de cuentas.

 
Solo uno de los seis asesinatos de profesionales de los medios de comunicación, cometidos este año en Colombia, podría estar relacionado con la actividad de la víctima. Destinado en el Departamento de Chocó, en la Costa del Pacífico, Elacio Murillo Mosquera, asesinado a disparos el 10 de enero, investigaba la presencia de grupos armados en la región, y había cubierto la desmovilización de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Para ellos, cuya influencia llega también a la clase política, desmovilización no es sinónimo de desarme. A imagen y semejanza de sus enemigos jurados de la guerrilla de las FARC, que en 2007 reanudaron los sabotajes y atentados a redacciones, los paramilitares son unos temibles predadores de los medios de comunicación, y en particular de los considerados como hostiles al gobierno de Alvaro Uribe, como los representantes del canal latinoamericano Telesur.

 Las salvas del Jefe del Estado contra algunos periodistas, entre los que se encuentra Gonzalo Guillén, corresponsal de El Nuevo Herald, han ido a veces seguidas de amenazas de muerte, preludio de exilios forzosos. Seis periodistas colombianos tuvieron que abandonar a toda prisa su país en 2007.
 

Algo que no suele suceder : el 2 de agosto asesinaron a un periodista en Estados Unidos. Redactor jefe del semanario Oakland Post, al parecer Chauncey Bailey pagó un precio muy alto por sus artículos, en los que denunciaba la gestión de una panadería comunitaria. A un sospecho le detuvieron una semana después de los hechos. Primero confesó haber matado al periodista, y después se retractó.
 

Aun no se ha concretado la hipótesis profesional en los cuatro crímenes que enlutaron a la prensa centroamericana, en Guatemala, Salvador y Honduras. Parece bastante plausible en el caso de Carlos Salgado, cronista de la emisora hondureña Radio Cadena Voces (RCV), al que mataron el 18 de octubre en Tegucigalpa, en medio de un clima general, que no puede ser peor, entre los medios de comunicación y el gobierno. Inspirado por su homólogo venezolano, el presidente Manuel Zelaya ha llegado incluso a decir : "Si yo fuera Hugo Chávez, hace ya mucho tiempo que habría cerrado esa radio".
 

La separación público/privado
 

La alusión del Jefe del Estado hondureño se refería evidentemente al caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) : la exclusión de la red hertziana, el 27 de mayo de 2007, por orden presidencial, del más antiguo y popular de los canales privados de Venezuela.


El episodio llevó hasta el paroxismo la lógica de la "guerra mediática", mantenida por Hugo Chávez y la franja dura de su oposición desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Pero, sobre todo, ratificó la práctica toma del control total del espacio audiovisual nacional por un Jefe de Estado cuya comunicación es permanente y compulsiva.


La obsesión mediática del presidente bolivariano estuvo a punto de verse consagrada en una reforma constitucional, que le habría permitido prolongar unilateral e indefinidamente el estado de excepción y, en caso de hacerlo, suspender la libertad de prensa.


Criticado incluso en las filas chavistas, lo mismo que la suerte reservada a RCTV, el texto consiguió una mayoría de "noes" en el referendum del 2 de diciembre. Sin duda, el resultado no ha puesto fin a la guerra mediática. RCTV, que reanudó su programación por cable y satélite, espera conocer su futuro. Muy violenta, la campaña que precedió al referendum puso de manifiesto las diferencias que los medios de comunicación han terminado por encarnar, más allá de su estatuto.
 

¿La situación venezolana podría extenderse como una mancha de aceite en Bolivia y Ecuador ? La manifiesta proximidad con Hugo Chávez del presidente boliviano Evo Morales, o la, más relativa, de su homólogo ecuatoriano Rafael Correa, no deben prestarse a confusión.


Cierto que ambos jefes de Estado andinos promovieron en este año, con ayuda de Caracas, nuevos medios de comunicación públicos o comunitarios, para contrarrestar la influencia de una prensa tradicional que no les gusta nada, ligada a los grandes propietarios y opuesta a su política.


Uno y oro también han iniciado un proceso constitucional - mejor llevado a cabo en Ecuador - que genera una fuerte polarización, que también protagoniza la prensa. Pero con frecuencia a pesar suyo, los medios de comunicación bolivianos y sus periodistas, tanto del sector público como privado, se han visto equiparados a los representantes de uno de los campos políticos, y agredidos en las numerosas manifestaciones que han hundido al país en la crisis institucional. En Ecuador, la violencia se limitó a algunos intercambios entre Rafael Correa y determinados medios, además de las amenazas dirigidas al canal Telesur.
 

La susceptibilidad gubernamental hacia los periodistas se encuentra también en Argentina, donde el presidente saliente Néstor Kirchner terminó su mandato sin haber celebrado una sola conferencia de prensa. Salvados de una excesiva polarización, los medios argentinos soportan, a nivel local, brutalidad y abusos de poder.
 

Progresos legislativos
 

Precaria en los hechos, la libertad de prensa consiguió algunas victorias legislativas, tanto en el Norte como en el Sur. México ha suprimido de su código penal federal los delitos de prensa, gracias a una reforma promulgada el 12 de abril.


En Brasil, un anteproyecto de ley de similares principios, presentado en el mes de diciembre por el diputado federal Miro Teixeira, podría enterrar próximamente la ley de 1967, adoptada durante el régimen militar.


En Uruguay, el Congreso ha dado su voto favorable a un texto que legaliza y regula el funcionamiento de los medios comunitarios, elaborado por iniciativa de los profesionales concernidos. En Chile, una propuesta de ley en el mismo sentido se está elaborando en el Parlamento. Finalmente, Estados Unidos puso en libertad, en abril, al último periodista encarcelado por negarse a traicionar el secreto profesional ante la justicia federal. La Cámara de Representantes aprobó, el 16 de octubre, una "ley-escudo", garantizando a la prensa la protección de sus fuentes a nivel federal.


Existen importantes restricciones a este derecho - que en Canadá sufrió importantes infracciones -, especialmente en materia de seguridad nacional. Poco proclive a la trasparencia, el 31 de diciembre la administración Bush promulgó la reforma de la Ley de libertad de información, autorizando el acceso público a los documentos oficiales... dos semanas después de que la CIA destruyera un vídeo de los interrogatorios practicados, tras el 11 de septiembre, en Guantánamo y en las cárceles secretas.
 

Veinticinco presos en una isla
 

La base militar norteamericana situada en el este de Cuba alberga todavía unos 275 prisioneros, entre los que se encuentra el ayudante de cámara sudanés, Sami Al-Haj, del canal qatarí Al-Jazira, que el 13 de junio de 2007 inició su sexto año de detención, sin el menor cargo. Muy enfermo y afectado psicológicamente, el periodista podría recobrar la libertad en los próximos meses.
 

La esperanza es mucho menor en el caso de los veinticuatro periodistas detenidos en Cuba, único país del continente que no garantiza las libertades públicas. La transición, esbozada al frente del Estado con Raúl Castro, no ha hecho que avancen nada los derechos humanos en la isla. Solo han cambiado los métodos represivos, pasando de los grandes procesos políticos a una brutalidad ordinaria. Veinte periodistas encarcelados desde la "primavera negra" de marzo de 2003 continúan cumpliendo condenas de entre catorce y veintisiete años de cárcel. Otros tres han sido enviados a la cárcel después de que el Líder Máximo entregara las riendas del poder a su hermano.